Durante esta jornada, la Comisión de Medioambiente aprobó una norma que busca que el Estado encomiende la realización de auditorías "de todos los tratados de libre comercio e inversión ratificados y vigentes, en lo referente a la concordancia con la institucionalidad, derechos y soberanía establecidas en la nueva Constitución", a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Esto se visó con 14 respaldos y cinco rechazos (Rodrigo Álvarez y Pablo Toloza de la UDI; Bernardo Fontaine y Roberto Vega de RN; y Trinidad Castillo del Colectivo Socialista).
La norma establece que en el plazo de tres años desde la fecha de promulgación de la nueva Carta Magna, el Estado
"propondrá enmendar, o denunciará, o se retirará de los tratados internacionales anteriores a la Constitución que contradigan estos artículos", lo que se aprobó con 10 votos a favor, ocho en contra (INN, Vamos por Chile y Colectivo Socialista) y 1 abstención de Fernando Salinas (Pueblo Constituyente).
Y también, una vez promulgada la nueva Carta Fundamental, Chile tendrá que iniciar el procedimiento de denuncia y retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Los principios aprobados
La propuesta aborda tres principios para las relaciones internacionales en la nueva Constitución. El primero dice que "los tratados internacionales de DD.HH tienen supremacía jurídica respecto de otros tratados y preminencia respecto de la legislación subconstitucional".
Asimismo, que "los tratados internacionales de libre comercio y similares que limiten, restrinjan o coarten la soberanía de los pueblos en aspectos tales como políticas alimentarias, de salud, ambiente, educación; políticas sociales; bienes comunes naturales, derechos humanos y de los pueblos indígenas; derechos sociales y laborales; actividad económica estatal, capacidad legislativa y reguladora; y la defensa nacional, son inconstitucionales".
Además, la propuesta consagra que los tratados internacionales que no se refieran a DD.HH "no podrán bajo ninguna circunstancia limitar la soberanía del Estado chileno", lo que se aprobó con 10 votos a favor, ocho en contra (INN, Vamos por Chile y Colectivo Socialista) y 1 abstención de Camila Zárate (Pueblo Constituyente).
El segundo principio habla de la participación ciudadana, y establece que se tendrá que realizar un plebiscito para definir la ratificación de un tratado internacional cuando los ciudadanos así lo propongan; y que el Estado tendrá que informar sobre los contenidos y alcances de los tratados internacionales de tipo económico durante todo el proceso de negociación.
Por último, el tercer principio aborda la inversión y solución de controversias, lo que se aprobó con 11 votos a favor y 8 en contra.
La redacción del primer artículo de ese punto dice que "Salvo en los casos de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Estado no podrá bajo ninguna circunstancia, y en forma independiente de las partes involucradas, ser parte de tratados internacionales que establezcan procedimientos judiciales o arbitrales tales como los establecidos en tratados internacionales sobre inversiones y acuerdos comerciales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, por una parte, y Estados e institucionalidad dependiente del Estado de otra parte".
Además, prohíbe que inversores, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen actividades económicas en Chile "acuerden y/o establezcan en instrumentos jurídicos unilaterales o bilaterales, públicos o privados, de carácter nacional o internacional, recurrir a instancias judiciales o arbitrales internacionales para la solución de controversias en materia de inversiones entre inversionistas, inversionistas y el Estado, tanto el Estado central como los gobiernos regionales e inversionistas y organismos públicos".
En ese sentido, estipula que los tribunales nacionales "son los únicos con jurisdicción sobre conflictos entre inversionistas y el Estado de Chile".
"Un buen día" y "una norma equivocada"
"Nos parece una norma extraordinariamente equivocada para Chile. En los últimos años, Presidentes como Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, lo que hicieron fue expandir nuestras fronteras a través de múltiples tratados de libre comercio, de múltiples tratados económicos que buscaban por ejemplo que pudiéramos invertir como chilenos en más de 60 países (...) esta norma busca revertir esa visión, esa política económica, de desarrollo, que fue establecida por presidentes de diversos signos", comentó Rodrigo Álvarez (UDI) posterior a la votación.
En tanto, la convencional Elsa Labraña (Coordinadora Plurinacional y Popular) celebró su aprobación y aseguró que era "un buen día".
"Hacerle un llamado a la gente, ciudadanía, empresarios: lo que se pretende con esta norma es generar mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. En ningún caso es atentar hacia ellos o a la libertad de emprender, el libre comercio. Lo que queremos con estas normas es emparejar la cancha, que estas situaciones de abuso que se generan con estos acuerdos comerciales que no son conocidos por nosotros, no nos afecten de manera negativa", sostuvo Labraña.
