En pleno invierno, en Estrasburgo, Francia, trabajan en los preparativos para el pleno de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho —también llamada Comisión de Venecia—, que se desarrollará el 18 y 19 de marzo y en el cual, entre otros puntos, se tratará el caso de Chile.
Para esto último, la Comisión ya definió que Josep Castellá (España), Paolo Carozza (Estados Unidos), Kaarlo Tuori (Finlandia), Hanna Suchocka (Polonia) y Janine Otálora (México) serán los cinco relatores encargados de analizar las preguntas enviadas por 22 senadores chilenos y firmada por la presidenta del Senado, Ximena Rincón.
Mientras los ponentes ya comienzan a estudiar el caso, la secretaría de la Comisión definió la fecha en que sus representantes visitarán Chile: desde el lunes 28 de febrero y hasta el jueves 3 de marzo, al menos tres de los cinco relatores estarán en el país y se reunirán con representantes del Congreso, posiblemente con el gobierno saliente y el entrante, y solicitarán un encuentro con la Convención.
En la delegación también estarán la secretaria general del organismo, Simona Granata, y el coordinador Serguei Kouznetsov. Posiblemente, también se sume quien fue presidente de la instancia hasta diciembre de 2021, el italiano Gianni Buquicchio.
Estudios previos
Los relatores escogidos para analizar la consulta de los senadores chilenos tienen experiencia. En 2019, el constitucionalista español Josep Castellá y el jurista finlandés Kaarlo Tuori, fueron parte del grupo que estudió la solicitud realizada por el presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, donde pedía una opinión sobre "la cuestión de vincular la reforma constitucional a una cuestión de confianza", caso en el que el representante chileno ante la Comisión de ese entonces, Domingo Hernández, también participó.
En Perú, el Poder Ejecutivo tiene un Consejo de Ministros con su propio presidente, quienes son nombrados y destituidos por el mandatario, pero, además, deben contar con la confianza del Congreso unicameral y se puede establecer una moción de censura o rechazo. Si esto ocurre dos veces, el Presidente puede disolver el Congreso.
En 2018 y 2019, el Presidente Martín Vizcarra envió al Congreso una serie de reformas constitucionales, y como no fueron tratadas con premura por el Parlamento, informó que de no aprobarse, se plantearía una cuestión de confianza, por lo que fueron aprobadas. Pero el 28 de julio de 2019, Vizcarra envió una nueva reforma. Fue ahí cuando el presidente del Congreso envió el oficio a la Comisión de Venecia.
Respecto del caso peruano, el organismo europeo señaló que "en reiteradas ocasiones la Comisión ha resaltado que la transparencia, la apertura y la inclusión, así como un calendario y condiciones que propicien el pluralismo de opiniones y un debate adecuado de las cuestiones controvertidas, son requisitos clave de un proceso democrático de elaboración de la Constitución", añadiendo que "deberán evitarse las limitaciones de tiempo demasiado rígidas y el calendario de adopción de la nueva Constitución deberá seguir los progresos logrados en su debate".
Dos años antes, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Polonia en 1992, Hanna Suchocka, junto al finlandés Tuori, integraron el grupo que analizó en 2017 las enmiendas a la Constitución de Turquía.
Dentro de las reformas, ese país buscaba implementar un sistema presidencial manteniendo un Congreso unicameral. Ante esto, la comisión precisó que, a excepción de Chipre, Turquía se convertiría en el único país con sistema presidencial y Parlamento unicameral en Europa, y que el hecho de que el país hubiese optado por volver a tener un Congreso bicameral "no sería sorprendente, dado que los países con un sistema presidencial (Estados Unidos, México, Brasil o Chile)" tienen dos cámaras y "la Cámara Alta generalmente posee especiales poderes para controlar al Ejecutivo".
Tribunal Constitucional
El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2006 y 2008, Paolo Carozza, y Suchocka participaron en 2021 de la consulta por la reforma constitucional de Kirguistán.
En ella se establecía una corte constitucional, sobre lo que la Comisión de Venecia opinó que "un cambio positivo fundamental en la estructura del sistema judicial es el (re)establecimiento del Tribunal Constitucional". Agregaban que "la abolición del Tribunal Constitucional fue criticada en opiniones anteriores de la Comisión de Venecia y, por lo tanto, su reincorporación es bienvenida".
Algo fundamental respecto de este punto, dijeron, era que "las disposiciones sobre composición, duración del mandato, reelección, incompatibilidad, sean incluidas en la Constitución, ya que constituyen garantías clave de la independencia de esta institución". Por eso,
recomendaron aplicar reglas de nombramiento y destitución diferentes a las de los jueces comunes y que para "generar una mayor confianza pública en la imparcialidad de la corte", se introdujeran "consideraciones de género y diversidad"para la elección de sus miembros.
La quinta ponente seleccionada para analizar la consulta chilena es Janine Otálora, designada en 2016 por el Senado de México como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si bien la representante mexicana no ha participado en consultas recientes de la Comisión de Venecia, en 2021 jugó un rol importante para garantizar paridad de género en el proceso electoral de las gubernaturas mexicanas.
