Dar soluciones a la crisis migratoria que afecta a la zona norte del país, fomentar la continuidad de los lazos que mantiene Chile tanto con otros países como con los diversos continentes, y cerrar tratados. Estos son algunos de los ejes que marcarán la gestión de la próxima ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien integra el gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, y junto a él, asumirá el próximo 11 de marzo.
Esto, considerando que una de las principales razones por las cuales la oposición cuestionó el viaje del ahora ex canciller, Andrés Allamand, a España, decían relación con su supuesto "abandono de deberes" ante la crisis de seguridad que se ha registrado en la macrozona, y que ha provocado incidentes entre chilenos y ciudadanos extranjeros, además de manifestaciones en las regiones de Arica y Tarapacá.
Con todo, tras la confirmación de la renuncia de Allamand, la próxima canciller se refirió al anuncio, indicando "ratifico que trabajaremos por una Cancillería presente, de cara a problemas de la ciudadanía" y agregó que "defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo".
En ese sentido, hace unos días, la ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abordó cómo ha evolucionado la gestión de nuestro país a nivel internacional, asegurando, en entrevista con La Tercera, que "Chile perdió un liderazgo que sí tenía en la región en materia de política exterior", y afirmó que "tenemos que recuperar esa tradición de lo que fue la política exterior posdictadura, que hizo énfasis en el multilateralismo, en la relación con los países vecinos, en los derechos humanos, más allá de lo que uno podía tener con los gobiernos de turno".
Lo que sí, Urrejola expuso al mismo medio que situación migratoria "no es un tema exclusivo de Chile", afirmando que se trata de una problemática que repercute en todo el continente.
Por ello, para enfrentarla, explicó a dicho medio que "se requiere una coordinación con todos los estados de la región. Chile tiene que ejercer un liderazgo, tenemos que sentarnos con todos los estados afectados, no puede ser que uno reciba, entre comillas, la carga de la crisis migratoria versus otros y la única manera de hacer eso es mediante la cooperación".
Junto con ello, zanjó "la respuesta debe ser multidimensional".
Tratados
Por otro lado, la futura secretaria de Estado ha remarcado que en su agenda está el dar urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú, e indicó al diario que dicho pacto "tiene muchos componentes, pero básicamente es la protección a defensores de derechos humanos en el tema ambiental", y que va en línea con la apuesta en política exterior que impulsa Boric, basada en la protección de los derechos humanos.
En cuanto al TPP-11, tratado que el actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha llamado en reiteradas ocasiones a aprobar, Urrejola mencionó al diario que es un tema que, si bien no es la prioridad, sí están abiertos a discutir sobre él y volver a revisarlo.
De todos modos, Urrejola también habló de convertir a Chile en una "voz relevante en los espacios multilaterales respecto de cambio climático y desarrollo sostenible", además de incentivar un tono feminista.
Críticas a Nicaragua
A su vez, la futura ministra se ha perfilado como una férrea opositora a regímenes como el de Venezuela o Nicaragua, denunciando las vulneraciones a los derechos humanos que se producen en dichos países. "Desde la comunidad internacional, seguimos llamando constructivamente a la democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país", apuntó en un tweet en febrero de este año.
De hecho, Urrejola ha hecho duras críticas a la situación de Nicaragua, país que vive una profunda crisis desde hace años y donde los cuestionamientos recaen principalmente sobre el presidente Daniel Ortega.
Bajo este escenario, la abogada dijo, en entrevista a La Tercera en 2021, cuando aún era presidenta de la CIDH que "se trata de una crisis de derechos humanos muy grave que se inicia en 2018 y que persiste hasta ahora, por medio del desenvolvimiento de varias etapas de la represión. Luego de un ataque letal a la población civil manifestante, en 2018, que arrojó al menos 328 personas fallecidas, el Estado dispuso de medidas que evitaran cualquier manifestación cívica de protesta en pos de la democratización del país y del fin de la impunidad por graves los atropellos a los derechos humanos".
"En Nicaragua se requieren medidas urgentes por parte del Estado para poner fin a la represión y recuperar las garantías propias de una democracia. La Comisión sigue trabajando día a día para que eso ocurra, por medio del monitoreo exhaustivo de la situación, por la activación de sus mecanismos de protección de los derechos humanos, así como por la denuncia pública internacional de lo que ocurre en el país", añadió.
