Si se replicara en el pleno lo que pasó en estos días en la Comisión de Forma de Estado, el proyecto de nueva Constitución establecería que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por regiones y comunas autónomas, y autonomías territoriales indígenas. Todo eso, además, con asambleas legislativas específicas de cada territorio.
¿Qué diferencia tiene aquello con un Estado federal? Eso se preguntan los convencionales de Vamos por Chile que participan de la comisión, que acusan que lo que está aprobando Forma de Estado es un "Estado federal encubierto".
La autonomía de estas entidades territoriales consiste en contar con
"personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley".
Además, la normativa aprobada establece que regiones, comunas y autonomías territoriales indígenas "están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley". Eso sí, en ningún caso, según dice el texto, esa autonomía puede atentar en contra del carácter único e indivisible de Chile ni se permitirá la secesión territorial.
"No es una forma de Estado que progresivamente vaya a avanzar a un Estado federal, eso no tiene que ver con la idiosincracia de nuestro país. Creemos firmemente, y así quedó en el primer artículo, que el Estado de Chile mantiene la unidad e integridad", aseguró Jeniffer Mella (FA), coordinadora de la comisión y una de las defensoras de la propuesta de Estado regional.
"En la doctrina se reconocen claramente al menos tres formas de Estado: el unitario, el federal y este híbrido que es un Estado regional. Estamos proponiendo que Chile tenga una sola Constitución de carácter nacional, un Congreso Nacional, un solo sistema judicial y eso va acompañado con mayores autonomías a niveles subnacionales en estas entidades territoriales, a las que estamos reconociéndoles el poder para tomar decisiones", aclaró Jeniffer Mella.
Las dudas con las Asambleas Legislativas Regionales
Pero en el marco de esa autonomía, lo que genera dudas entre los convencionales es la creación de "Asambleas Legislativas Regionales", cuyas atribuciones todavía no se aprueban, pero lo más probable es que se imponga una propuesta conjunta de la izquierda y centroizquierda.
Esta consagra que estos órganos pueden dictar leyes regionales sobre materias de competencia de la región, dictar su reglamento interno; debatir, modificar y votar el plan de desarrollo regional; debatir, modificar y votar el presupuesto regional; fijar, modificar o suprimir contribuciones y tasas o establecer beneficios tributarios; aprobar la creación de empresas públicas y fiscalizar actos del Gobierno Regional.
Asimismo,
proponen, debaten y aprueban un "estatuto regional", que establece el orden político interno propio de cada región y debe considerar los principios fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento de cada entidad territorial.
"Esto va camino a un Estado federal a la chilena, está escondido en un concepto de Estado regional, que no está actualmente en ninguna Constitución del mundo", criticó Felipe Mena (UDI).
"Dicho por la persona que lo argumentó en la comisión, (los estatutos) son ‘miniconstituciones’. Ni España se atrevió a tanto, ya que los estatutos autonómicos de las comunidades españolas, si bien son propuestos por ellas, son tramitadas y aprobadas por el Congreso", agregó Mena.
Claudio Gómez, constituyente del Colectivo Socialista y otro de los impulsores de la propuesta, difiere de esa lectura. Según explicó este martes, mientras que el Congreso dicta leyes para todo el territorio, "las asambleas legislativas regionales solo van a dictar normas para los límites territoriales de la región autónoma y materias exclusivamente vinculadas a la región".
Entre esas, por ejemplo, "vivienda, medioambiente, proyectos de obras públicas. Creemos que (debe haber) una iniciativa legislativa que permita que se solucione de manera oportuna a través del Gobierno Regional y la Asamblea Legislativa en colegislación, de manera más óptima, sin tener que pasar necesariamente por decisiones de carácter nacional que tardan mucho más y se toman en Santiago", agregó Jeniffer Mella.
Las diferencias con el Consejo Regional
Con estas asambleas se pretende reemplazar la figura del Consejo Regional, pero no es exactamente lo mismo. La propuesta de la centroizquierda e izquierda es que estas asambleas sean como un "CORE 2.0", según explicaron este martes, pues tendrían más atribuciones que solo fiscalizar y distribuir recursos.
"Es distinto, porque estamos hablando de legislar. Un core aprueba los recursos para proyectos de la región pero no crea nuevas leyes, no legisla conforme a un Parlamento, a una ley, en una región", resumió Pollyana Rivera (UDI), una de las detractoras de esta fórmula.
No obstante, no se trataría exactamente de un Congreso -o también llamadas legislaturas, por ejemplo- en cada región, como ocurre en los Estados federales.
"No estamos pensando en que vamos a tener un Congreso en cada una de las regiones, sino que esta asamblea va a ocupar prácticamente las mismas dependencias, prácticamente tendrá el mismo número de cargos que tiene el Consejo Regional en la actualidad", explicó Gómez.
De acuerdo con lo que visó la comisión, el número de integrantes de las asambleas tiene que ser proporcional a la población de la región y debe contemplar criterios de representación territorial, paridad, y escaños reservados para pueblos indígenas. Todos ellos, al igual que los consejeros regionales, se escogen en votación popular.
La propuesta de la centroderecha era entregarle potestades reglamentarias, no legislativas, a los Consejos Regionales, para ajustar a través de reglamentos las políticas públicas diseñadas desde el nivel central. "Sin embargo, todas las posturas que teníamos al respecto fueron desechadas y rechazadas", alegó Geoconda Navarrete (Evópoli).
Si bien esta fórmula busca terminar en teoría terminar con el Consejo Regional, eso aún no está definido. Si el diseño del Estado regional avanzara en el pleno y quedara en el proyecto de nueva Constitución, se requeriría una norma transitoria que indique desde cuándo empezaría a funcionar esa asamblea y si se modifica la duración del mandato de los cores que fueron electos para asumir el próximo año.
Para eso aún falta: la mesa directiva abrió un plazo extraordinario de tiempo para ingresar normas transitorias, pero el acuerdo hasta el momento es que esas propuestas deben hacerse sobre la base de un texto ya aprobado. Así, la fecha estimada para conocer esas normas transitorias, según explican desde la coordinación de Forma de Estado, podría ser mediados de abril.
