Un oficio enviado el 6 de julio de 2021 por el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la Región de Valparaíso, Michael Winkeldorf, a los entonces gobernadores provinciales, ha generado
preocupación entre las autoridades locales. El documento
insta a no recurrir administrativamente al uso de la fuerza pública para desalojar predios fiscales que hayan sido ocupados por terceros, salvo que se trate de bienes nacionales de uso público. A juicio de Manuel Millones (UDI), presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, este "cambio de doctrina"
imposibilitará concretar proyectos públicos en terrenos que están siendo ocupados ilegalmente, ante los cuales previamente el fisco tendría que esperar una sentencia civil para recuperarlos.
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