En las últimas semanas, el trabajo de la Convención ha generado una buena dosis de controversia y, en algunos casos, profunda incertidumbre en sectores relevantes del país.
Si bien esto es, en cierta medida, inevitable en procesos de este tipo (que involucran un rediseño de la estructura constitucional sobre la que se emplazan las instituciones más importantes del Estado), en Chile esto se ha visto exacerbado por la combinación de un ente constituyente con una composición ideológica más a la izquierda que la de otros órganos elegidos por votación popular (antes y después de la elección de los convencionales) y que, además, exhibe una fragmentación que dificulta el que los sectores menos radicalizados de la misma se organicen rápidamente para descartar de plano propuestas que la generalidad de la ciudadanía rechaza (como la de emular la experiencia de los consejos obreros de la Unión Soviética, propuesta esta semana por una convencional de la ex Lista del Pueblo).
Tampoco ha contribuido el que, en algunas comisiones, la correlación de fuerzas no esté alineada con la de la Convención en su conjunto, lo que ha permitido la aprobación preliminar de propuestas de normas que no concitan el apoyo mayoritario de la misma y que, por lo mismo, deberán volver a ser discutidas al interior de las comisiones respectivas (con la consiguiente pérdida de tiempo que ello implica).
Finalmente, y como lo han subrayado algunos analistas, hasta ahora ha faltado un trabajo político transversal, que incluya a todos los colectivos de la Convención, para intentar acercar posiciones respecto de los puntos en que se han identificado diferencias sobre aspectos medulares de la nueva Carta Fundamental.
Considerando el contexto esbozado más arriba, el llamado de la mesa de la Convención a buscar nuevas estrategias para cumplir con el objetivo de la misma dentro de los plazos establecidos, así como otras iniciativas (incluida la posibilidad de tener una jornada de reflexión), son bienvenidas. Más allá de la modalidad que eventualmente adquiera el cambio de estrategia, lo que está claro es que, si esta no se materializa rápidamente, el proceso constituyente corre el riesgo de empantanarse y, eventualmente, de fracasar en concluir en tiempo y forma con un texto de nueva Constitución.
Dicho esto, para que los cambios surtan el efecto buscado
no bastan innovaciones en las metodologías de trabajo de la Convención, sino que, sobre todo, una actitud diferente a la que han exhibido varios de los grupos que la integran. Así, por ejemplo, sería útil abandonar la pretensión de que las propuestas planteadas por los diferentes colectivos son prácticamente intangibles (porque si se aceptan cambios a ellas, podrían distorsionarse).
También ayudaría el evitar el manido recurso a rasgar vestiduras por propuestas que, si bien puedan parecer absurdas al grueso de la población, son sin embargo legítimas en tanto planteadas por representantes del pueblo (lo que no significa que no deban ser sistemáticamente refutadas con argumentos sólidos). Finalmente, sería un paso verdaderamente innovador respecto de lo que se ha observado en estos meses el que aquellos grupos de izquierda que han impuesto una suerte de veto tácito a los convencionales de derecha abandonen dicha actitud. Esto último es particularmente importante habida cuenta de que tanto las elecciones legislativas como las presidenciales de noviembre y diciembre pasado revelaron con bastante claridad que la derecha en Chile concita el apoyo de, por lo menos, el cuarenta por ciento del electorado, por lo que no es razonable dejarlos fuera del proceso de construcción de una Constitución que aspira a ser sustentable en el tiempo.
En este punto, puede ser útil recordar la distinción que el filósofo político John Rawls planteó en los años noventa entre lo "racional" y lo "razonable". Si bien, bajo la perspectiva de alguna racionalidad estratégica cortoplacista, sectores de izquierda podrían pensar que, considerando la aplastante mayoría que obtuvieron en la coyuntura de la elección de convencionales, sería útil aprovecharla para imponer lo que consideran racionalmente justo y necesario como marco constitucional, ello podría ser, sin embargo, poco razonable con miras a elaborar una
Carta Fundamental que el grueso de la ciudadanía pueda considerar como aceptable.
