En una reunión que partió a las 10:30 de la mañana, la mesa de la
Convención Constitucional definió no reabrir la discusión sobre el acuerdo tomado el pasado viernes, que implicaba que la votación en general y en particular de las normas constitucionales
serán por 2/3.
La pregunta que hizo el secretario John Smok fue si estaban de acuerdo con reabrir la discusión, y la decisión se tomó por 3 votos a favor de la presidenta María Elisa Quinteros, Bárbara Sepúlveda (PC) y Natividad Llanquileo (mapuche) y 5 votos en contra de Lidia González (yagán), Raúl Celis (RN), Amaya Alvez (FA), Tomás Laibe (Colectivo Socialista), y Gaspar Domínguez (INN).
La discusión se abrió luego de que un grupo de 50 convencionales de MSC, Coordinadora Plurinacional, PC, Pueblo Constituyente, y otros independientes enviaran un oficio a la mesa directiva pidiendo que la votación en general de las normas se haga por mayoría.
"La interpretación que sostenemos se refleja en la historia fidedigna del Reglamento, la cual da cuenta de que el quórum de aprobación supra mayoritario fue reservado exclusivamente para el momento en que las propuestas de normas pasan a integrar el texto constitucional sometido a plebiscito; sentido que atraviesa todo el texto del Reglamento General que nos rige", se lee en el oficio.
Durante la discusión de la mesa, la convencional Bárbara Sepúlveda, a favor de reabrir el debate, remarcó que el oficio que llegó era "muy contundente, muy bien armado", y que no podía ser considerado simplemente una "presión". Incluso propuso que sea el pleno el que tome la decisión.
En tanto, Alvez sostuvo que el reglamento había mandatado a la mesa para tomar la decisión y que las personas estaban esperando "tener certezas" de cómo estaba trabajando la Convención y cómo se harían las votaciones.
Enseguida, Laibe recordó que la definición del viernes se tomó sin que hubiera ningún disenso a la vista y que tenían que "mantener la coherencia de nuestras decisiones" y criticó que no podían aparecer como una mesa que "zigzaguea". Esto porque, a juicio de Laibe, el efecto político podría ser que se viera como que "la mesa cede ante presiones".
Finalmente, la definición recayó en los ocho miembros de la mesa ampliada, y se concluyó en no dar lugar al oficio enviado por los convencionales.
