La muerte del camionero Bayron Castillo provocada presuntamente por venezolanos el pasado jueves fue el hecho que colapsó la tensa situación que se vive en las regiones del norte de Chile, las cuales llevan meses soportando una presión migratoria que ha venido acompañada de serios problemas humanitarios y sobre todo de seguridad.
Tras el episodio, los gremios del transporte convocaron a un bloqueo de carreteras para exigir medidas que eviten nuevos ataques por parte de extranjeros que han ingresado ilegalmente al país, lo cual obligó al Gobierno a decretar un estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
La iniciativa, que entrará en vigor una vez que la Contraloría General tome razón del documento que ya fue ingresado por parte del Ejecutivo, se extenderá por 15 días que podrán ser renovables. De ser así,
incluiría el inicio del gobierno de Gabriel Boric y lo obligaría a pronunciarse sobre su eventual levantamiento o ampliación.
En ese contexto, los futuros parlamentarios de las regiones afectadas expresaron a Emol su visión respecto a la determinación de La Moneda. Aunque la mayoría respaldó el fortalecimiento militar de las fronteras, los legisladores que asumirán el próximo 11 de marzo debatieron sobre su alcance, calificándola como una medida parche.
Al respecto, la diputada reelecta, Catalina Pérez (RD), señaló que "el estado de excepción es por excelencia una solución no permanente, puede entregar facilidades para el gobierno disponga de mejor manera de la fuerza pública frente a una crisis, como la que tenemos, pero no es una solución de fondo".
En ese sentido, advirtió que "tenemos un problema de gobernanza migratoria por un lado, y un problema de seguridad por otro", por lo que la mantención del estado "debe ser evaluado en función de su efectividad y no me cabe duda que el futuro gobierno dialogara con los actores involucrados para encontrar el mejor curso de acción".
Una visión similar planteó el diputado electo del PC,
Matías Ramírez, quien manifestó que se trata de "una mala medida que no ataca el fondo de la problemática. Plantear que ahora con este estado de excepción las FF.AA. van a tener mayor incidencia en el control fronterizo fue lo mismo que se planteó en el Plan Colchane y fue un fracaso".
"No creo que este estado de excepción pueda encontrar una solución a corto y mediano plazo, en ese sentido es una mala política y creo que fue una estrategia del Gobierno para generar esta situación para que sea Apruebo Dignidad el que tenga que resolver el aumento o no del estado de excepción", afirmó.
En tanto, el senador reelecto Pedro Araya (IND-PPD), sostuvo que "las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior solo vienen a confirmar el desgobierno de Sebastián Piñera y las políticas inexistentes en materia de migración. Sin duda el estado de excepción es solo una aspirina que no se hace cargo del problema de fondo".
No obstante, reconoció que "la primera función del Presidente de la República, sea quien sea, Sebastián Piñera o Gabriel Boric, es garantizar la seguridad de los ciudadanos y frente a eso tiene que echar mano a los recursos que le permiten la Constitución y las leyes".
La mirada en la centroizquierda
Desde el socialismo democrático, el diputado reelecto Vlado Mirosevic (PL) expresó que "hay un consenso muy general en el norte respecto de la necesidad de fortalecer las fronteras, es bastante transversal. Ahora, el estado de excepción, como dice su nombre, es una medida temporal y tenemos que evaluar cuáles son sus resultados".
"Yo estoy de acuerdo con que se fortalezca la frontera, tendremos que estudiar sus resultados y creo que en esto el próximo Gobierno no debiese tener un gran complejo, porque el estado está operando para la vigilancia zona de frontera y no para las zonas urbanas, limitando la libertad de las personas ni mucho menos", recalcó.
A su juicio,
"son cosas distintas a lo de La Araucanía, veamos cómo funciona y cuáles son sus resultados, porque también hay que evaluar la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones, que ya trae medidas nuevas como la reconducción, que creo va a tener buenos resultados. Hay que ver cómo operan ambas medidas".
La misma mirada planteó la diputada electa Danisa Astudillo (PS), quien recordó que "la declaración de estados de excepción no puede ser sólo un asunto de principios, es un mecanismo legal para enfrentar situaciones extraordinarias. En este caso, permite movilizar mayores capacidades militares para el control fronterizo".
Para la futura parlamentaria, dicha iniciativa "sin duda es una necesidad para enfrentar la actual crisis migratoria. Sin embargo, habrá que ir evaluando sus resultados concretos, en virtud de los cuáles se deberá evaluar su continuidad".
Mientras, el diputado electo Jaime Araya (IND-PPD), aseguró que "yo no tengo ningún problema en que haya un estado de excepción porque esa es la herramienta que nos provee la Constitución para poder asegurar las fronteras y el tránsito interno".
"Sin perjuicio de eso, la nueva ley de migraciones también permite que los militares puedan colaborar con las fuerzas de orden y seguridad. El tema está sobrepasado, no hay ninguna capacidad de controlarlo y por lo tanto, me parece que tiene todos los ribetes de lo que uno necesita para un estado de excepción", remarcó.
Expectativas sobre el futuro Gobierno
Desde lo que será la próxima oposición también apoyaron la medida del Gobierno de Sebastián Piñera y plantearon los desafíos que tendrá Boric en esta materia. Por ejemplo, la próxima senadora por Antofagasta, Paulina Núñez (RN), destacó que "aquí se requiere de un acuerdo amplio y transversal".
La actual diputada, quien se reunió con el Presidente electo para plantear medidas en materia migratoria, subrayó en ese sentido que "esa será la forma en la que actuaré en este tema desde el Senado. El mayor control es necesario y una decisión clara sobre la migración ilegal también".
En tanto, el diputado reelecto,
Renzo Trisotti (UDI), aseguró que "en Tarapacá nos cansamos de evidenciar como empeoraba nuestra calidad de vida, esa es la razón de movimientos, marchas y paralizaciones, no razones de xenofobia, esta es una región que históricamente ha convivido con personas provenientes de todo el mundo".
"Sólo queremos vivir más tranquilos. Por eso espero que el estado de excepción que solicité incansablemente, sumado a la aplicación de una nueva ley migratoria con principio de devolución inmediata y mayor seguridad permanente en barrios y calles, logren el objetivo que tenemos de recobrar nuestra región de Tarapacá", añadió.
En ese punto, el parlamentario indicó que Boric debiera "mantener el estado de excepción hasta que no se logre un control efectivo y permanente, aplicar estrictamente el principio de devolución inmediata, mantener el incremento de contingente de Carabineros, PDI y Armada y más recursos para el Ministerio Público".
Desde lo que será el futuro oficialismo, Pérez sostuvo que el próximo gobierno tendrá que "lidiar con las consecuencias del abandono permanente y sistemático del norte por parte de las autoridades del actual gobierno. El desafío es de orden y cuidado de fronteras, de revisión y regularización administrativa de migrantes".
La legisladora del Frente Amplio también mencionó la necesidad de aumentar los recursos "para
fortalecer los servicios públicos que deben hacerse cargo de la migración, y de dialogo, con las autoridades locales y también con los otros países de la región para hacerse cargo en conjunto de los flujos migratorios".
Según Ramírez, "es fundamental separar dos discusiones, una que tiene que ver con la seguridad pública, que ya hace bastantes años hay una sensación de inseguridad respecto a crímenes violentos en la región y ahí esperaría que se ingrese cuando antes la restructuración de las policías".
"Hay que contar con una policía profesional que permita atacar de mejor manera la comisión de ciertos delitos y también en algún grado fortalecer al Ministerio Público para la investigación de esos ilícitos. El segundo tema es la situación migratoria de carácter excepcional que se vive", agregó.
En ese punto, el comunista destacó que "ahí es fundamental retomar con urgencia las relaciones internacionales con los países latinoamericanos para buscar una solución humanitaria y analizar la posibilidad de un proceso de regularización extraordinaria que permita revisar los antecedentes de los migrantes que hayan ingresado".
Desde la centroizquierda, Araya mencionó que Boric "tiene que
abocarse a una buena implementación de la nueva ley de migración, sobre todo dotarla de recursos. Ya están las primeras denuncias de que la ley viene sin recursos, por tanto, tengo la expectativa de que el próximo gobierno no haga las cosas como el gobierno de Piñera".
Para Mirosevic, "la clave frente al aumento de la criminalidad y la violencia es fortalecer instituciones, porque esto es medidas permanentes para instituciones permanentes y no solo soluciones parche. Si queremos ir al fondo, hay que fortalecer las fiscalías regionales y las policías".
"Eso es lo que el gobierno de Boric tiene que hacer, porque el resto son medidas parche que van a durar poco y que no sabemos cuál va a ser su resultado. Lo otro es coordinarse con los territorios, los alcaldes y gobernadores, que ha sido muy escaza y casi nula con este gobierno, eso hay que mejorarlo muchísimo", expuso.
Finalmente, Astudillo aseveró que "la tarea para la futura administración va a ser sin duda compleja, porque deberá enfrentar el verdadero desastre de la herencia piñerista en materia migratoria y de seguridad en la macrozona norte en general, y de Tarapacá en particular".
"Por lo pronto es indispensable reforzar el control fronterizo, mejorar los mecanismos de recepción y gobernanza del flujo migratorio, y mejorar la seguridad en nuestras ciudades. Pero en donde sí creo hay una materia que deberá abordar el gobierno de Boric, y que Piñera no pudo realizar por haber partidizado la política exterior de Chile, es avanzar en una estrategia diplomática activa para la superación de la crisis política, social y económica que hoy vive Venezuela", concluyó.
