A una semana de que concluya el proceso de encuentros territoriales de los pueblos originarios, la llamada etapa de "diálogos y deliberación propia" en el marco de la consulta indígena del proceso constituyente, el balance es desigual.
En el proceso no han faltado las dificultades. La creación de un texto base para llevar a discusión de los pueblos dividió a los representantes de escaños reservados en la Convención, la secretaría técnica demoró en presentar una propuesta metodológica y, desde diciembre, han renunciado dos coordinadores de la comisión de Derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad, encargada de liderar la consulta: Victorino Antilef (mapuche) fue reemplazado por Isabella Mamani (aimara), quien igualmente declinó seguir en el cargo y su cupo fue ocupado este lunes por Wilfredo Bacián (quechua).
El atraso motivó que la presidenta de la Convención,
María Elisa Quinteros, se involucrara directamente en el proceso, asistiendo a la comisión y prestando ayuda, como la colaboración a la secretaría técnica de una de sus asesoras.
Es que la Convención considera relevante y obligatorio realizar la consulta indígena durante el proceso constituyente, dado que en 2009 el Estado chileno ratificó el Convenio 169 de la OIT, que dice que se debe consultar a los pueblos "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
Para ello, se diseñó la realización de encuentros territoriales con personas de pueblos originarios, que comenzó oficialmente el 14 de febrero y concluirá el viernes 4 de marzo. Los convencionales de escaños reservados han usado sus redes sociales para informar las fechas de las citas presenciales y telemáticas, de programas de televisión local o radial. Además, la Convención creó la cuenta de Twitter @pueblosconsulta donde publica fichas explicativas, videos, fotografías y otros contenidos.
Pese al despliegue, el proceso genera dudas entre los propios pueblos originarios.
Críticas a la validez
Una de las inquietudes es la validez del proceso. Para el abogado mapuche Richard Caifal, presidente del Centro de Políticas Indígenas Rakizuam, la consulta indígena "por definición es previa, y tiene por finalidad alcanzar el acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Sin embargo, a la fecha ya se han aprobado por parte del pleno de la Convención varias normas en materia indígena. La aprobación de tales normas sería absolutamente ilegal", afirma.
La semana pasada, el pleno aprobó en particular —es decir, será parte del proyecto de Constitución— que la función jurisdiccional "se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad". También aprobó que "los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución".
A lo anterior, Caifal suma el breve plazo de 19 días para los encuentros territoriales, algo "muy por debajo de los estándares que refiere el Convenio 169. El proceso en cuestión no tiene por finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, sino que es una consulta que solo se hace por cumplir", asevera. Por todo ello, afirma, evalúa presentar un recurso de protección.
La participación
Otro factor es la participación. Esta semana, la presidenta Quinteros viajó a la Región de Tarapacá, para participar en actividades de la consulta con los pueblos quechua y aimara.
Martín Montecinos, presidente de la Confraternidad Inti Chamamapi, quien ayuda en la consulta en la Región de Arica y Parinacota, confiesa que han existido dificultades. "(Se trata) de una problemática y deuda del Estado con las zonas rurales. Por ello se está haciendo difícil, la conectividad no es de acceso para todos y todas", confiesa. El dirigente opina que "es una realidad que algunas localidades van a quedar sin participación", admite.
Y es que el acceso a internet es a la vez un beneficio y una limitante. Uno de los enlaces de la página web de la Convención está recibiendo las conclusiones de estos encuentros (plataforma. chileconvencion.cl/m/consulta_indigena/), además de los documentos impresos al respecto, pero la distancia entre comunidades, las restricciones sanitarias por la pandemia y los tiempos acotados podrían incidir en una menor participación a la que se aspiraba.
Para Montecinos, "sentir, imaginar que iban a participar todos, que todos iban a tener acceso es falso, no se podría asegurar". Con todo, espera que esta experiencia sirva para las futuras consultas que se hagan.
Igualmente, hay representantes aimaras, como Rosa Maita, de General Lagos (Arica y Parinacota), que confían en abarcar gran parte de los territorios y relata que se impulsan encuentros tanto online como presenciales en General Lagos, Putre, Camarones y Arica.
Pero algunos sectores no se han sentido convocados. Hugo Alcaman, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama), afirma que "ha habido muy pocas invitaciones (a participar), solo a comunidades cuyos dirigentes son de reconocidos compromisos con la izquierda, lo que está generando molestias en las demás comunidades".
Frente a esto, la constituyente Tiare Aguilera (rapanuí) responde que "ojalá se sumen y participen e inviten a su pueblo a hacerlo. Como rapanuí, no solo quiero que me consulten sino que debo o debería participar. A veces siento que se pide mucho protagonismo individual, pero este es un ejercicio colectivo, y en ese sentido todos los rapanuí, mapuche, etc. están invitados".
La carta kawésqar
Otro pueblo que no se ha sentido convocado ha sido el kawésqar, o al menos parte de él. El 14 de febrero, la presidenta Quinteros recibió una carta firmada por cuatro comunidades de ese pueblo: Ata’p, Residentes en Río Primero, Aswal Lajep y grupos familiares nómades del mar.
En la misiva afirman que "existen plazos que no se han cumplido, no tenemos información oficial de primera fuente y por canales o medios de comunicación pública, donde la gente pueda saber qué días y cómo será el despliegue territorial".
Afirman que Margarita Vargas, la única kawésqar en la Convención, coordinadora de la comisión de Derechos de los pueblos indígenas, supuestamente no se ha comunicado con las comunidades. Consultada, la constituyente expresa que estas comunidades “no representan la voz de toda la comunidad y tampoco representan la voz de todo el pueblo kawésqar”. Añade que no le interesa dar tribuna a estas acusaciones. “Estoy haciendo mi trabajo y lo estoy haciendo bien, con todas las limitaciones que hemos tenido”, sentencia.
