"¡Socialistas traidores!", se escuchaba afuera del ex-Congreso la tarde del jueves 17 de febrero. Con pancartas a favor del pluralismo jurídico, un grupo de manifestantes expresaba así su malestar por el rechazo en particular en el pleno del artículo referente al tema, contenido en el informe de la comisión sobre Sistemas de justicia.
Este decía que "el Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas" y fue rechazado por 93 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones y volvió a la comisión de origen.
Si bien la manifestación era protagonizada por alrededor de una decena de personas, igualmente provocó el
corte del tránsito alrededor de la sede de la Convención.
Según analistas, hechos como este, donde la ciudadanía llega a expresar su descontento o alegría frente al trámite de normas, comenzarán a ser más comunes en marzo, cuanto aumenten los plenos de deliberación que definan los artículos que quedarán en el proyecto de Constitución.
Interés en el proceso
Para el sociólogo Pablo Cottet, del Laboratorio de Controversias de la U. de Chile, "a partir de marzo, diferentes actores sociales, sindicales, pobladores, empresariales, religiosos, etc., van a estar más interesados y atentos a las discusiones y resoluciones de la Convención Constitucional. Esa situación podría aumentar la conflictividad y deliberación social ampliada", afirma.
Jaime Arancibia, director de Derecho Público de la Universidad de los Andes, comparte el diagnóstico de Cottet. "Los procesos constitucionales reciben mucha más atención durante la fase de acuerdos o desacuerdos sustantivos que durante la de instalación de la Convención o de audiencias públicas", opina. Por eso, dice que es clave "poner la mirada en todos los puntos conflictivos y que generan reacciones favorables o desfavorables en los grupos de interés". Para el académico, algunos de estos temas son el pluralismo jurídico, la forma de Estado, el bicameralismo, el Poder Judicial, la propiedad, el derecho a la vida, la libertad de culto y la libertad de prensa.
Los especialistas consideran apropiada la analogía que se puede hacer cuando en el Congreso se vota una ley de interés público.
Para Claudia Heiss, a la cabeza de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile (Inap), los grupos que participarán de esta mayor conflictividad "están informados, tienen organización por parte de ciertos sectores políticos que se van a movilizar por temas específicos. Entonces, si pasa algo que no les guste a las feministas, se van a movilizar; si pasa algo que pueda perjudicar al agro, se va a movilizar la gente del agro, etc.".
Por esta razón, se estima que grupos como el pueblo tribal afrodescendiente o las organizaciones que impulsan la paridad se harán presentes. También Heiss comparte que aumentará la presión desde las redes sociales, pese a que es menos medible, "donde priman más los bots que la acción colectiva lamentablemente", acota.
Heiss y Arancibia coinciden en que esta conflictividad no es mala per se. "Esto es algo saludable en un sistema democrático, significa que está funcionando la deliberación pública", resume Heiss.
Juan Pablo Rodríguez, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), piensa que en marzo, además del debate de temas como derechos fundamentales y el modelo de desarrollo económico, "se producirá el cambio de mando y tendrá lugar la conmemoración del 8M, por lo que habrá un ambiente especialmente receptivo a los temas que se discutan y voten".
Añade que no descartaría que cuando se vean temas como educación o vivienda, "la ciudadanía se organice de modo espontáneo, no necesariamente siguiendo los canales formales dispuestos para ello, y volvamos a ver, por ejemplo, asambleas territoriales y cabildos autoconvocados. Este proceso de removilización podría ser muy relevante con vistas al plebiscito de salida".
