Este lunes 28 de febrero comenzó el juicio contra cuatro imputados por el asesinato de Alejandro Correa, hecho acontecido el 18 de mayo de 2020 en la puerta de su casa.
Según la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por un sicario de nacionalidad colombiana, quien actuó por solicitud de un sujeto que mantenía una disputa judicial con la víctima por un terreno en la comuna de Quilpué.
De esta manera, y luego de varias suspensiones por problemas de salud que afectaba a algunos imputados, se dio inicio al denominado "
caso del sicario de Concón", oportunidad en la que los distintos abogados intervinientes realizaron una descripción de los hechos en base a sus evidencias.
El Ministerio Público y la familia, en tanto, buscan obtener duras sanciones en contra de Víctor Gutiérrez Londoño, el sicario; Renato López Fuentes, quien habría encargado el homicidio; además de los dos cómplices, Melissa Palma Valdés y Claudio Riveros Canales.
La Fiscalía explicó que según el relato de los hechos, esta causa tiene "una alta complejidad", ya que si bien en un principio aparece solo Víctor Gutiérrez como responsable del homicidio, luego se asocia otra causa por una demanda previa que había hecho el empresario por deslindes en unos terrenos de su propiedad en Quilpué, y con ello, se atribuye la participación de los otros imputados.
El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa de manera particular a la familia del empresario asesinado, destacó que los hechos son atípicos y que en Chile este tipo de delitos no suelen ocurrir con frecuencia, aludiendo a la nacionalidad de Víctor Gutiérrez.
Su argumento pasa porque esto tendría similitud a los encargos que se realizan por narcotráfico. Asegura que Renato López tiene vínculo con las drogas y que tiene siete armas distribuidas por su casa. Además, consigna que tiene contactos con diferentes actores penales y que se ha absuelto de dos causas en las que fue encontrado con droga.
Todas estas versiones fueron refutadas por el Héctor Petit, abogado defensor de Renato López, quien pedirá la absolución de su cliente ya que él no tendría relación con el delito. A su juicio la complejidad de esta causa viene de la mano con la presión mediática, ya que se busca "que se condene a cualquier costa, para asegurar la tranquilidad social".
Por su parte, Carlos Oliva, representante de Víctor Gutiérrez, solicita su absolución, porque considera que se han hecho declaraciones que vinculan a su representado con el narcotráfico, plantaciones de drogas, entre otros, sin ser probadas.
Andrés Roldán, abogado de Melissa Palma sostuvo en el juicio que la única vinculación que se le hace a su representada con la causa, por la que está imputada en calidad de cómplice, es la relación sentimental que mantenía con Víctor Gutiérrez. Por ello, considera que tanto el Ministerio Público como la parte querellante de la familia, tienen una línea de investigación que no va en dirección de su representada, asegura que la pesquisa se dirige hacia López y Gutiérrez, y que el Ministerio Público no podrá probar la participación de Palma.
Por último Cristian Sandoval, abogado de Claudio Riveros señaló que su representado se vio involucrado como un conductor que trasladaba a una persona para cometer el delito, por lo que anima al tribunal para que considere la colaboración que su representado ha tenido en el proceso. En ese sentido, mencionó las tres declaraciones que prestó Claudio Riveros antes de la formalización y la entrega de evidencia material.
El Ministerio Público comunicó que solicitará 38 años de presidio para Víctor Gutiérrez, 20 para Renato López, 18 para Claudio Riveros y 15 para Melissa Palma.
