La jornada de este jueves podría ser una de las más extensas hasta ahora en el pleno de la Convención Constitucional: el pleno debatirá y votará el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, que tiene 50 artículos en total.
La sesión empieza a las 9:30, pero según la cantidad de pausas sanitarias, el receso de almuerzo, y el tiempo que dure el debate -que puede extenderse por cinco horas- la votación recién podría concluir cerca de las 20:00.
"Vamos a tener un primer informe de la comisión que es bastante extenso, porque contiene tanto las normas del bloque 1 como del bloque 2: los aspectos generales de los derechos fundamentales, y los derechos civiles y políticos", explicó César Valenzuela (Colectivo Socialista), co-coordinador de la instancia.
Según comentó Valenzuela, hay una primera parte de las normas que deberán votar, que refiere a las obligaciones respecto a los derechos; la titularidad de estos, su financiamiento y sus límites. En principio, uno de los artículos plantea que "el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y ejercicio de los derechos fundamentales".
Sobre el financiamiento de estos, el texto propone que "propenderá a la progresividad", y que "el Estado y sus órganos garantizan que el presupuesto público destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción universal de los derechos fundamentales".
"Espero que una parte importante de los artículos aprobados en la comisión sean ratificados por el pleno, pero algunos deberían devolverse para mejorar. Nosotros propusimos, y fue rechazado, una cláusula que establece la regla fiscal como un elemento determinante para el financiamiento de los derechos fundamentales. Uno puede consagrar muchos derechos, pero si no tiene una regla de financiamiento, pueden ser solo meras expectativas", comentó Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo).
Una de las novedades en esta parte es que la titularidad de los derechos fundamentales contempla a las personas naturales, pero también a los pueblos y naciones indígenas, y a la naturaleza. En este punto, los convencionales de Vamos por Chile han sido especialmente críticos, pues consideran que no se le han reconocido suficientes derechos a las personas jurídicas.
Los derechos y libertades clásicas
Entre los primeros puntos que abordará el pleno está la libertad de conciencia, pensamiento, creencias, cosmovisión y religión. El texto consagra en este sentido que "el Estado se rige por el principio de neutralidad religiosa".
También está establecido el derecho a la libertad de expresión, que incluye que estará prohibida la propaganda en favor de la guerra, discurso xenófobo o apología de odio racial, religioso, sexual, de género, o de cualquier otra índole.
Se suma el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia; y en cuanto a las libertades personales, se ratifica que "ninguna persona puede ser arrestado o detenido o privado (sic) de libertad sino por orden judicial".
Entre las innovaciones que hace el texto, está el
"derecho a la identidad, libre desarrollo y pleno reconocimiento" de esta, y el "derecho a la autonomía y libre determinación".
El informe también consagra la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, pero a diferencia de la definición vigente en la Constitución, esta dice que "su ejercicio deberá ser compatible con la protección de la naturaleza".
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la propuesta que será sometida a votación hoy comprende un artículo que dice que todas las personas son titulares de estos derechos, entre los que están el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, y al acceso a información, educación, salud y servicios para aquello, "asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos".
También se consagra el derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el "disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; y la responsabilidad sexoafectiva", entre otros.
Propiedad y propiedad indígena
En cuanto al derecho de propiedad, también despertó una discusión intensa en la comisión y levantó varias alertas en algunos sectores, que consideraron que este derecho quedó más limitado que en la actual Constitución.
Esto porque quedó asegurado a todas las personas naturales y jurídicas, sobre todas sus especies y toda clase de bienes, exceptuando "los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables".
En ese mismo capítulo se someterán a votación dos incisos que pueden ser contradictorios: uno dice que ante una expropiación, "la ley determinará el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular" y otro que "el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario".
"El informe de la comisión establece libertades que tienen más límites que garantías para los ciudadanos. Un tema relevante es que pasará con la consagración de la propiedad privada, cuya protección es realmente débil y la expropiación demasiado amplia. Los chilenos no entenderán que se impulsen materias que restringen derechos que son relevantes para todos", criticó el convencional de Vamos por Chile, Alfredo Moreno.
Otro de los puntos novedosos que podría contener esta nueva Constitución, si se aprueba por 2/3 y si luego es ratificada en el plebiscito de salida, es que
los pueblos y naciones indígenas tendrán su propio artículo sobre la propiedad de sus tierras.
Lo que dice el texto es que "los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco" y que es deber del Estado generar los mecanismos para la restitución, incluyendo expropiación.
Según la convencional Katerine Montealegre, la crítica desde su sector es que "se consideran derechos y regalías para algunos grupos por sobre otros, creando en cierta manera una categoría de personas de primera y de segunda. Vemos una marcada consagración de derechos para los pueblos originarios por sobre el resto de las personas".
Para ejemplificar, Montealegre afirma que "me preocupa la regulación del derecho de propiedad indígena, donde se consagra el deber del Estado de restaurar las tierras, afectando la propiedad de los demás chilenos".
Finalmente, uno de los puntos que generó más debate en la comisión y que también podría producirse en el pleno, es la definición del derecho a la vida. En la Carta Magna actual se habla de la protección de la vida del que está por nacer, pero en la propuesta de la comisión, se dice que "toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada".
En cualquier caso, desde la coordinación ya apuestan a que esas normas volverán nuevamente a la comisión y tendrán que ser revisadas para un informe de reemplazo.
"Lo que levantaría son alertas, más bien, de que van a volver a la comisión la norma relativa a la propiedad, a la expropiación, y el derecho a la vida, afirmó Valenzuela.
La convencional del PC, Valentina Miranda, coincide en ese pronóstico, y, a pesar de que afirma que "hemos hecho un gran trabajo", reconoce que "las normas sobre la titularidad de los derechos fundamentales necesitan varios arreglos, pero las garantías financieras, los objetos obligados, son normas que esperamos que puedan ser aprobadas mañana. Y dentro de los derechos civiles y políticos, esperamos que educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos pasen inmediatamente a la discusión en particular".
El informe lo cierran el derecho a la honra, al debido proceso, a reunión, libertad de asociación; derechos de las personas chilenas en el extranjero, derecho de petición y derechos de las personas frente de la Administración del Estado.
