Los ejemplos de Bolivia y Ecuador han sonado una y otra vez en la Convención Constitucional. Y de manera enfática fueron mencionados durante la deliberación de las normas propuestas al pleno por la comisión de Medio ambiente el pasado jueves y viernes.
Las Cartas Fundamentales de esos países son consideradas parte de un nuevo constitucionalismo latinoamericano donde aparecen con fuerza conceptos como la protección del medio ambiente y la naturaleza.
En Ecuador, su Carta Magna señala que "la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución" y consagra derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, a "participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras".
Por su parte, la Constitución de Bolivia establece "la industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza" y otorga derechos a indígenas "a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios” y "al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio".
Pero además de los ejemplos de Bolivia y Ecuador, el caso de Nueva Zelandia ha sido mencionado en la argumentación de normas impulsadas por los llamados "ecoconstituyentes", entre ellos los coordinadores de la comisión de Medio ambiente Juan José Martin (Independientes No Neutrales) y Camila Zárate (Pueblo Constituyente). La Constitución de ese país no considera derechos de la naturaleza, pero en 2017 el río Whanganui fue reconocido como "entidad legal" en el marco de un acuerdo entre el gobierno y el pueblo maorí. Desde entonces, se ha trabajado en otros acuerdos similares respecto de ríos y montañas y su relación con los pueblos originarios.
"Tomar lo mejor del mundo"
"Es un error creer que alguien sigue una Constitución guía. Acá lo que se intenta es tomar lo mejor del mundo y no es porque nos encante una Constitución u otra, sino que hay cosas que funcionan, países que lograron avanzar en ciertas materias y hay que tomar eso", dice Martin.
Así, pareciera que al menos un grupo de convencionales de la comisión —donde la mayoría son activistas medioambientales y ni el Frente Amplio ni el PC tienen integrantes— labra su propio camino, una tercera vía. Por un lado, con inspiración de Nueva Zelandia y la relación de los pueblos originarios con la naturaleza, pero elevando al ámbito Constitucional lo que allá es legal (se propuso al pleno una norma que dice que "Toda persona, comunidad, pueblo o nación preexistente podrá actuar en representación de la naturaleza"). Por otro, tomando de Ecuador y Bolivia los derechos de la naturaleza y su protección, pero yendo todavía más allá.
"Algo que a mí me gusta mucho es lo que contiene la Constitución ecuatoriana en su artículo 72 sobre los derechos de la naturaleza, pero lo que a ellos les faltó fue la institucionalidad", dice Martin. Por eso, espera que la nueva Constitución considere "la defensoría de la naturaleza y además, que quede estipulada la acción de tutela ambiental para poder demandar que se cumplan el ejercicio de los derechos de la naturaleza, lo que hoy se conoce como recursos de protección".
Al respecto, el sociólogo político especialista en políticas públicas y relaciones internacionales boliviano Franco Gamboa advierte que en su país y en Ecuador ha existido "una retórica altamente incendiaria, podríamos decir en lo ideológico, altamente concentrada en los derechos de la madre naturaleza, los derechos sociales y de los pueblos indígenas (...), pero que en los hechos ha marcado, por ejemplo, una explotación irracional de los recursos petroleros".
Añade que ve en la discusión chilena un "sectarismo" similar al que tuvo la discusión constituyente en su país con visiones ideológicas "que no responden a la dinámica de un estado democrático. Quieren jalar agua hacia su molino sabiendo que afecta los intereses nacionales de integridad territorial" y recalca que "deberían haber aprendido de la experiencia en Ecuador y Bolivia, de que ese tipo de sectarismo solo contribuye al divisionismo y a la polarización".
Por otro lado, el abogado Luis Cordero, en una columna de opinión publicada en La Segunda, identificó que las propuestas de la comisión están inspiradas "en el trabajo de Ugo Mattei, un reconocido profesor italiano de Derecho comparado (...). Es autor del famoso texto 'Bienes comunes. Un manifiesto", donde propone un modelo de gestión como alternativa tanto 'a la propiedad privada capitalista como a la propiedad estatal tradicional'".
Lo imprescindible
De la propuesta de Medio ambiente, solo fueron aprobados por el pleno un epígrafe ("Crisis climática") y un inciso ("El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza").
"Lo que se buscó fue establecer un paraguas normativo en temáticas ecológicas, que fuese la base para los estatutos particulares de las actividades económicas y para que no vuelva a suceder que la economía pase por encima de los ciclos naturales", señaló Zárate en la antesala de la votación.
Ahora, la comisión debe elaborar una nueva propuesta del informe que abordaba seis temas: crisis climática, derechos de la naturaleza, bienes comunes, derechos de los animales, deberes del Estado y democracia ecológica. Al respecto, Martin dice que "lo más importante que debe quedar son los derechos de la naturaleza, donde es fundamental dejar los deberes del Estado en materia de la crisis climática y ecológica. También es importante la protección de los animales y que sea a través de derechos y en el peor de los casos, podría ser a través de una protección especial. Otra cosa relevante es que quede definido qué se va a entender como bienes comunes".
Martin sostiene que si bien en la nueva Carta Magna podrían quedar fuera varios temas, "será un documento que vamos a respetar (...). Sería absolutamente irresponsable que alguien sintiera que esta Constitución no avanzó porque no tuvo todo lo que a uno le gustaría que tuviera".
Búsqueda de consensos
El coordinador cuenta que "hoy estamos trabajando en obtener consensos donde todos queden contentos y así asegurarnos los dos tercios. Si algo no llega a consenso no podrá ir en la redacción de los textos base". Esta metodología se aplicará en la reelaboración de las normas rechazadas y en la discusión de las nuevas iniciativas.
"Se suponía que con el primer informe teníamos acuerdos entre los distintos colectivos progresistas transversales a la Convención. Pero por una parte nos pilló el tiempo y por otra, los acuerdos a los que habíamos llegado no terminaron de convencer completamente a los colectivos", dice Martin evidenciando los puntos a corregir.
Igualmente, en las últimas sesiones, la comisión ha aprobado en general normas que establecen la nacionalización de la minería y de forestales y el fin de las concesiones vigentes, entre otras que han levantado un manto de dudas.
