Ministra de Justicia, Marcela Ríos.
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Las agendas de los ministros del Presidente Gabriel Boric partieron intensas esta semana, y la de la titular de Justicia, Marcela Ríos, no ha sido la excepción. Estos primeros días se concretó una de las promesas de campaña del Mandatario y se retiraron 139 querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado contra los presos del estallido y aún quedan algunas en revisión.
En conversación con Tele13 Radio, Ríos afirmó que si bien esa ha sido la noticia, la agenda es mucho más amplia, pues del ministerio dependen otros servicios como el Sename, Gendarmería, Defensoría Penal Pública, Corporaciones de Asistencia Judicial, Servicio Médico Legal y Registro Civil, "como sabemos, tenemos un retraso con la entrega de los carnet de identidad, así que hay otras cosas además de las querellas", remarcó.
De todas formas, explicó que las querellas fueron revisadas en su totalidad, "existen alrededor de 146, nosotros retiramos 139. Esta era una de las medidas en materia de derechos humanos que el Presidente había comprometido y adelantado en la campaña", y el proceso de revisión implicó un equipo de abogados del Ministerio del Interior y de Justicia.
La ministra Ríos también detalló que entre las más de 600 personas que están imputadas por estas querellas, ninguna hoy está en prisión preventiva, y que a la razón de fondo para retirarlas es que "hubo un uso indiscriminado e injusto de la aplicación de esta ley para, en la mayoría de casos, imputación de delitos comunes, como robos menores y no que tengan que ver con seguridad".
Con todo, la secretaria de Estado recordó que el Ministerio Público es querellante en la mayoría de los casos, por lo que el retiro de las querellas no extingue el proceso, y los jueces determinarán si esas personas son culpables o no, en los Tribunales.
De todas maneras, afirmó que "estamos terminando de revisarlas y, por lo tanto no se descarta que podamos retirar otras que aún están en las carpetas", afirmó.
"Entender el estallido como un periodo excepcional"
Ríos ahondó en la visión del Gobierno respecto al tratamiento que debe tener una persona que está en prisión por delitos asociados al estallido social, y en ese sentido, planteó que el foco es "entender el estallido como un período excepcional en la historia del país (...) con movilizaciones de distinta naturaleza, por lo que ocurrieron desórdenes y delitos que no son habituales. No era delincuencia común".
"Esto causó heridas a nuestras ciudades, a las pymes, pero también en muchas familias donde jóvenes que salieron a protestar, muchos de ellos, sin tener antecedentes previos y no necesariamente son delincuentes comunes".
Marcela Ríos, ministra de Justicia
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Esto causó heridas a nuestras ciudades, a las pymes, pero también en muchas familias donde jóvenes que salieron a protestar, muchos de ellos, sin tener antecedentes previos y no necesariamente son delincuentes comunes", enfatizó.
En esa línea, hay dos medidas específicas a las que apunta el Gobierno: "apoyar el proyecto de indulto que está en el Congreso, que es obviamente es facultad de ellos aprobar (...) esperamos que prospere y buscar la mejor fórmula posible para que el proyecto avance, y no descartamos otras medidas; tenemos que enfrentar problemas de condiciones carcelarias y tenemos un problema más estructural respecto a la prisión preventiva", explicó. Por ejemplo, en al menos 6 mil casos donde personas llevan más de dos años en esta condición.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno decida poner urgencia al texto que ya está en condiciones para pasar a Sala, la ministra afirmó que tal como señaló el domingo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, "esta es una discusión que se va a conversar con los parlamentarios, entonces dependiendo del paquete que esté hoy y la estrategia legislativa que se acuerde, se tomará una decisión", subrayó.
