La Convención Constitucional concluirá esta noche la votación de las normas del segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia.
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En el marco de la votación de artículos sobre el sistema nacional de justicia, el pleno de la Convención Constitucional aprobó y envió al borrador de Constitución una norma que consagra que "solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad", a través de "instituciones públicas especialmente para estos fines".
La norma consagra que "la función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados", lo que impediría la existencia de cárceles concesionadas, como existen en la actualidad, lo que se visó con 107 votos a favor, 38 rechazos y 8 abstenciones.
"Administrar derechos fundamentales no puede quedar concesionado. En ese sentido, estamos haciendo una evaluación también de lo que ha sido la concesión de las cárceles en Chile y creemos que no han funcionado bien los establecimientos penitenciarios concesionados, por lo que habrá que repensar la forma en que el Estado se hace cargo", comentó Vanessa Hoppe (MSC), coordinadora de Sistemas de Justicia y una de las convencionales que votó a favor.
"Es delicado porque los privados no solo están en la construcción de las cárceles, en el modelo de cárcel concesionada, sino que en muchas otras materias, desde el lavado de ropa hasta la alimentación, pero en cosas que me parecen relevantes, donde está la sociedad civil, es en reinserción: tanto las iglesias como las fundaciones tienen mucho que hacer y que ayudar", opinó Carol Bown (UDI), que votó en contra.
También establece que para la "inserción, integración y reparación" de las personas privadas de libertad, los establecimientos deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas. En caso de embarazadas o madres de lactantes, además, el Estado tendrá que adoptar las medidas necesarias como infraestructura y equipamiento para el régimen de control cerrado, abierto y post penitenciario.
Otro artículo aprobado en el capítulo sobre el sistema penitenciario dice relación con que el sistema de cumplimiento de sanciones penales deberá organizarse "sobre la base del respeto a los derechos humanos"; y que el Estado debe velar por la protección y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los privados de libertad.
