Se trata de un hecho casi tradicional en la instalación de cada gobierno: Tras asumir el mando de la Nación, el Presidente procede a la designación de los embajadores de Chile en el extranjero, determinación que casi siempre viene aparejada de una serie de críticas por el nombramiento de figuras que no han realizado carrera diplomática.
Que fue un "premio de consuelo" o "un favor político". Los cuestionamientos se repiten en cada una de las administraciones que han llegado a La Moneda desde el regreso a la democracia y el Mandatario Gabriel Boric no fue la excepción, tras ubicar como representantes a Paula Narváez en la ONU o a Bárbara Figueroa en Argentina.
De hecho, para la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (ADICA), la determinación del jefe de Estado evidenció "la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales", categoría en la que tanto
Narváez y Figueroa califican.
Sin embargo, la observación realizada por dicha agrupación ha sido compartida por parlamentarios de distinto signo político, los cuales a lo largo de los años han buscado, sin éxito, restituir la potestad del Congreso para que apruebe las designaciones que los gobernantes adopten en materia diplomática.
En total, son trece los proyectos que han sido ingresados desde 1990 a la fecha en los que se intenta realizar una modificación al artículo 32 de la actual Constitución, que señala que entre las atribuciones del jefe de Estado está "designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales".
En general, todas las iniciativas coinciden en que el país debe recuperar la norma de la Carta Fundamental de 1925, que contemplaba en su artículo 72 que "el nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos se someterá a la aprobación del Senado", medida que también estaba en las Cartas Magnas de 1818, 1823 y 1828.
El detalle de las iniciativas
El primer intento en esta línea ocurrió en 1991, cuando los senadores Jorge Lavandero (DC), Ignacio Pérez y Sergio Romero (RN) presentaron una reforma en la que decían que la designación de un embajador "debiera contar con un respaldo lo más amplio posible y con el examen cuidadoso de los antecedentes de quien nos representa".
"No nos parece acertado que en esta materia se haya retrocedido con relación a lo que existía de acuerdo a su tradición constitucional. La facultad de contar los embajadores con el acuerdo del Senado de la República, se demostró como una buena práctica que le permitió a nuestro país alcanzar la mayor estatura internacional", indicaban.
El segundo intento llegó en 1994 de la mano del senador Francisco Javier Errázuriz (UCC), quien cuestionó que la normativa sobre embajadores "crea para el Presidente no sólo una potestad casi omnímoda en materia internacional, sino que además le impone una enorme responsabilidad sin controles o instancias de evaluación posterior".
Seis años después, Lavandero ingresó una nueva iniciativa en esta línea, destacando que con la inclusión del Senado en las decisiones del Presidente de la República sobre la conformación del cuerpo diplomático "se buscaba un mecanismo que velara por la idoneidad de las designaciones".
En 2002, los diputados Isabel Allende, Juan Pablo Letelier (PS), Cristián Leay, Rodrigo Álvarez (UDI), Carmen Ibáñez (RN), Edgardo Riveros, Waldo Mora (DC), Laura Soto Adriana Muñoz y Jorge Tarud (PPD) se sumaron a los intentos, pero esa vez sumando a la Cámara Baja a la decisión, a través de una Comisión Bicameral de RR.EE.
¿El objetivo? "Que los postulantes puedan ser oídos en relación a su historia profesional, capacidades profesionales y, sobre todo, en relación a su disposición y eventual programa de trabajo en los países ante los cuales puedan eventualmente ser destinados por el Primer Mandatario", señalaban.
Un elemento adicional presentaron los diputados de la UDI, Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez y Felipe Ward, entre otros, quienes en 2006 ingresaron otro proyecto para que el Senado revise las designaciones, ya que "en la práctica, este procedimiento responde, más que a un criterio de eficiencia, a uno de carácter político".
Además, destacaron la importancia de designar en estos cargos “a los profesionales más adecuados en criterios de eficacia, excelencia y eficiencia”, para lo cual incluyeron en su texto que el cuerpo diplomático nacional “deberá estar conformado por al menos dos tercios de los funcionarios de carrera diplomática”.
Los últimos intentos
El mismo año, pero meses después, el entonces diputado Francisco Chahuán (RN) junto a otros legisladores de la Alianza por Chile, ingresó otra reforma en la misma línea: Que la designación de embajadores contara con la aprobación del Senado y que se destinara al menos un tercio de los cupos a personal de carrera diplomática.
Según los parlamentarios, se debía establecer expresamente que un mínimo de aquellas designaciones "deberán recaer en funcionarios de la carrera diplomática. Lo anterior, con el objeto de disminuir en lo posible el riesgo de que las misiones diplomáticas se vuelvan sedes de los comandos presidenciales del gobierno de turno".
"Teniendo el Ejecutivo un amplio margen de maniobra al momento de designar a los embajadores y otros agentes diplomáticos, suele ocurrir que en los nombramientos se prefieren los compromisos políticos del gobierno de turno, en perjuicio de profesionales que han desarrollado su carrera diplomática", argumentaron.
Ocho años después se presentaron cuatro proyectos de similares características. El primero fue de los senadores Carlos Bianchi (IND), José García Ruminot, Baldo Prokurica (RN) y Patricio Walker (DC), en el cual destacaron la necesidad de contar con embajadores profesionales luego de las demandas de Perú y Bolivia ante La Haya.
Luego fue el turno de dos iniciativas ingresadas el 21 de octubre de 2014: Una de los diputados Pepe Auth (IND), Matías Walker (DC) y Nicolás Monckeberg (RN) y otra de Jorge Tarud (PPD). Ambas sostenían que el paso de las nominaciones por el Senado “ayudaría al profesionalismo y búsqueda de nombres idóneos para esta función”.
Un mes después, diputados de la Alianza insistieron en el tema con un proyecto en la misma línea, poco después de una polémica generada por el ex embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras (PC), quien según el texto era "ajeno históricamente el servicio diplomático y sin ningún tipo de formación en el servicio exterior".
Un año después, los senadores Chahuán y Prokurica reflotaron su proyecto de 2006, tras la aprobación del voto de los chilenos en el exterior. A juicio de ambos, dicha modificación obligaba un cambio para "establecer expresamente que un mínimo de aquellas designaciones deben recaer en funcionarios de la carrera diplomática".
El penúltimo intento data de 2019, cuando los senadores Alfonso De Urresti (PS), Manuel José Ossandón (RN), Carmen Gloria Aravena y Juan Castro (RN), quienes subrayaron que resulta de importancia que la designación de diplomáticos debe "considerar que los procesos debieran ser abiertos".
En esa línea, manifestaron la necesidad de que exista una "exposición y presentación de las personas propuestas ante al menos la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la finalidad de que sus intereses, trayectoria y expectativas en el ejercicio de los cargos sea conocida".
El último proyecto relacionado a este tema fue ingresado en marzo de 2020 por los senadores Juan Pablo Letelier, Alfonso De Urresti (PS), Ricardo Lagos (PPD) e Iván Moreira (UDI), quienes plantearon la necesidad de fijar un plazo de 90 días para que el Presidente de la República designe a los embajadores.
