El informe, en su versión en inglés, que emitió el pasado viernes la Comisión de Venecia luego de su primera sesión plenaria del año, está siendo actualmente estudiado en profundidad por los integrantes de distintos colectivos de la Convención Constitucional.
El documento llegó en un momento clave: actualmente se discuten en el pleno distintas iniciativas, muchas de las cuales tienen relación con las consultas realizadas por los 23 senadores el pasado 5 de enero y que aún no son aprobadas por el pleno.
Por ejemplo, el pasado viernes se rechazaron en general 93 de 96 normas enviadas por la comisión de Sistema político en su primer informe. Entre las normas rechazadas y devueltas a la comisión, está un capítulo completo sobre el tipo de Congreso. Los colectivos están intentando llegar a un acuerdo y presentar las indicaciones a más tardar mañana, y hay quienes ven con buenos ojos lo señalado por la Comisión de Venecia al respecto.
En concreto, el organismo internacional indicó que "no existe una regla general a favor o en contra del bicameralismo", pero destacaron que la tradición chilena desde 1828 es tener un Congreso con dos cámaras, que “en el contexto del debate sobre la descentralización, presente también en la actual discusión constitucional en Chile, el papel del Senado es importante” y que "el bicameralismo es también una garantía para los pesos y contrapesos típicos de un sistema presidencial".
La Comisión de Venecia también se pronunció sobre la paridad de género y perspectiva de género en el Poder Judicial, además del pluralismo jurídico, aspectos que ya son parte del borrador de Constitución.
Sobre la perspectiva de género, el organismo consultivo señaló que es "una opción política y social legítima", pero que al ser incorporado, se debe hacer sin "sacrificar la imparcialidad judicial”. Respecto a la paridad, precisaron que anteriormente han apoyado las "políticas destinadas a garantizar el equilibrio de género en las instituciones públicas", pero advierten que "una disposición legal inflexible (...) puede socavar el funcionamiento efectivo del sistema".
Respecto al pluralismo jurídico, según la Comisión de Venecia debe ser entendido como una "estrategia constitucional legítima encaminada a garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo indígena de ese país sin perjuicio de la unidad e integridad del país", que este debe ser siempre respetando los derechos humanos y que "debe haber un sistema cuidadoso y sustancial de coordinación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario".
Sobre el punto, ya es parte del borrador de Constitución, que "la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales", aunque este martes en el pleno se rechazaron las normas que fijaban cómo funcionaría la justicia indígena.
En relación con el Tribunal Constitucional, precisan que han "
apoyado consistentemente la existencia de la revisión constitucional" y que han "favorecido el establecimiento de una corte constitucional separada y especializada".
Otro de los ámbitos consultados por los senadores fue sobre del principio de no regresión de derechos y libertades, que están siendo abordadas en la comisión de Derechos Fundamentales. Al respecto, la Comisión de Venecia dijo que "el nivel de protección de cualquier derecho protegido constitucionalmente no puede ser inferior a la garantía internacional"y que "la inclusión de derechos más y más detallados en una Constitución no se correlaciona necesariamente con niveles más altos o más bajos de protección".
Tercera opción
La posibilidad de establecer una tercera vía en el proceso constituyente, que es señalado en el informe de la Comisión de Venecia, en los colectivos de izquierda no cayó bien.
Lo concreto es que el organismo internacional señaló que "
las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras", por lo que cambiarlas "correría el riesgo de violar el principio de seguridad jurídica", pero que de todas formas, si se considera necesario realizar cambios al referéndum, se deberá hacer "mediante reformas constitucionales, debiendo ser debida y oportunamente discutidos con todos los interesados".
Añadieron que si el plebiscito de salida se realiza tal cual como está considerado hoy, se debe tener en cuenta que "casi todas las personas con las que ha consultado, en una amplia gama del espectro político chileno, reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile (…). Si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, debería ser a través de compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito".
