Rosa Catrileo (mapuche) es la única convencional de escaños reservados en la comisión de Sistema político y la única coordinadora de las siete comisiones temáticas representante de pueblos originarios.
"Ha sido una oportunidad para poder demostrar, porque se nos exige mucho demostrar, que tenemos capacidad, que tenemos la preparación para asumir cargos de responsabilidad (...). Que lleguemos acá para decir que nosotros también podemos tener una opinión para un sistema político del país, es también un simbolismo", dice.
—De los 96 artículos que la comisión de Sistema político despachó en su primer informe, solo un artículo y dos incisos terminaron siendo parte del borrador de Constitución. ¿A qué atribuye la falta de acuerdos para llegar al pleno con un informe más consensuado entre los colectivos?
—Había posiciones muy encontradas (…). Creo también que no es un tema fácil. Definir un sistema político no es algo sencillo. No es un artículo, son varios artículos que configuran un sistema (…). Ahora, yo creo que estamos cerca de encontrar acuerdos.
—La comisión tiene hasta este sábado para presentar indicaciones y luego enviar al pleno un informe de reemplazo. ¿Qué soluciones ve para llegar a un amplio consenso?
—Creo que estamos en las conversaciones, estamos generando los espacios también como coordinación: suspendiendo las sesiones de esta semana para que los colectivos puedan conversar, generando reuniones que nos hagan dialogar a todos, porque hemos invitado a todos.
—¿Quiénes tienen que ceder?
—Todos tenemos que ceder. Para que un sistema funcione y se logren los acuerdos, todos tienen que ceder. Todos vamos a quedar no tan contentos y si quedamos todos no tan contentos es porque es un acuerdo transversal.
—Usted ha abogado por normas que contemplen el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, derecho a la libre determinación, interculturalidad y autonomía territorial. En la práctica, ¿en qué se traducirían estos cambios?
—El reconocimiento constitucional es una sentida demanda que fue planteada en 1989 en el pacto de Nueva Imperial (...). Eso es reconocer al otro como válido, reconocer esa otredad como válida para dialogar. Avanzamos de la Ley indígena, que nos trata de etnias, a la categoría de pueblos, sujetos, titulares de derechos colectivos. ¿Qué derechos? Bueno, el derecho a la libre determinación, que implica poder decidir sobre nuestros asuntos, sobre nuestro futuro como pueblo, sobre nuestra cultura, cómo nos proyectamos como una comunidad política dentro de los márgenes del Estado.
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Y respecto a la autonomía territorial, ¿qué implica?
—Se inicia un proceso de poder ir avanzando a la posibilidad de materializar los derechos colectivos dentro de nuestros territorios con la posibilidad de que nosotros podamos decidir sobre ello. Cómo lo ejercemos, qué queremos en educación, qué queremos en salud para nuestros hijos. Eso no significa que nos separemos del Estado. Nosotros vamos a seguir siendo parte del Estado, pero vamos a tener la posibilidad de ir tomando decisiones con nuestra propia institucionalidad, con nuestra propia mirada, y esto es a largo plazo.
—Luego de lo ocurrido con la ministra del Interior, Izkia Siches, usted señaló que se tiene que "planificar y solicitar" una visita a lugares como Temucuicui. ¿Esa es la forma en que funcionarían los territorios indígenas?
—Dije que tenían que respetarse los protocolos mapuche (...). Sin dar por sentado que lo sucedido es responsabilidad de las comunidades, pero en la visita yo señalé que había un protocolo. En el caso de los mapuche, y esto es antiguo, cuando se va a dialogar, cuando se va a parlamentar, cuando se va a tomar algún acuerdo con un territorio, con una comunidad, se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer paso a paso. Primero ir, invitar, dialogar, para llegar después a una reunión final. Porque aquí también hay confianzas rotas entre las comunidades o los territorios y el Estado, y en este caso la visita era del Estado a las comunidades mapuche. Entonces ese protocolo es el que yo eché de menos. Este cuidado que hay que tener, este respeto de planificar con más tiempo, de planificar no en el sentido de pedir permiso.
—Se ha mencionado que esta Constitución comienza a tomar tintes "indigenistas"y que los pueblos originarios quedarían con más derechos que el resto de los ciudadanos. ¿Cómo responde a esas críticas?
—Nosotros no estamos inventando ningún derecho en la Constitución, absolutamente ninguno. Todos los derechos que se están discutiendo o poniendo sobre la mesa de la Convención son derechos que están contenidos en el Convenio 169 (de la OIT), que es un tratado de derechos humanos. Lo que estamos haciendo es establecer mecanismos de materialización, de llevar a los hechos derechos que ya tenemos reconocidos en el sistema y que son un límite para la Convención. Llama la atención porque nunca ha existido la voluntad del Estado de cumplir con este tratado, al que adhirió el año 2008.
—A su juicio, ¿cuáles son los temas que sí o sí tienen que estar en la propuesta de Constitución y que para usted son intransables?
—En materia general, el Estado social de derechos es un intransable. Creo que ese es un avance, creo que eso va a marcar la diferencia de lo que es la Constitución del 80 que queremos dejar atrás (…). Respecto de los derechos indígenas, bueno, hemos avanzado ya en el reconocimiento de nuestra existencia, de otorgarnos el valor de un otro válido para dialogar, de un otro que tiene derecho a participar en la vida política, que tiene derecho a la distribución del poder también. Creo que esos eran los intransables, los hemos ido aprobando.
"Quedan cuestiones importantes como el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos indígenas y, también muy importante para el pueblo mapuche, en particular, pero también para los otros pueblos indígenas, es reconocer que el Estado tiene que hacerse cargo de los procesos de despojo que produjo respecto de los pueblos indígenas. Instalar un proceso de reparación; iniciar un proceso de reparación integral que también incluya restitución de lo despojado. Restitución en cuanto a lo cultural, a lo político y también en cuanto a lo material y eso implica también una restitución territorial".
—¿Es la Constitución la que se debe encargar de establecer una reparación hacia los pueblos originarios?
—Sí. Es la Constitución la que tiene que establecer el derecho a la reparación integral y, dentro de esos mecanismos, la restitución territorial. No es el único mecanismo la restitución territorial, pero sí es un mecanismo importante que debe quedar establecido ahí. Ya definirá el legislador cuáles serán los otros mecanismos. Esto es un proceso que se está iniciando, no esperamos que se solucionen las cosas de un día para otro, pero sí que se abran las puertas para un camino hacia el diálogo, el respeto y la paz.
