Con la firma de poco más de cinco millones de personas se podría convocar a un plebiscito revocatorio del Presidente de la República, si esta tarde la Convención Constitucional despacha la norma que así lo permite al borrador de nueva Constitución, y este luego fuera aprobado en el plebiscito de salida.
Así lo busca el segundo informe de la Comisión de Principios Constitucionales, que llegará al pleno del órgano constituyente desde las 15:00 con 27 artículos que abordan temas como la democracia participativa, ciudadanía, nacionalidad, y múltiples mecanismos de democracia directa.
Entre ellos está el "referéndum revocatorio de mandato", que se puede aplicar a lo
s cargos del Mandatario, Gobernador Regional y alcalde, e implica su revocación. La solicitud de revocatoria, según dice la norma, debe presentarse por al menos el 25% del padrón electoral de la última elección correspondiente; y al menos el 35% del padrón si se trata del Presidente.
Para aprobar el referendo se requiere de la "mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos" y se procederá al reemplazo conforme a las reglas de vacancia que disponga la Constitución o la ley.
Aquel es el mecanismo que mayor cantidad de respaldo requiere de acuerdo con la propuesta de la comisión. También se considera la iniciativa popular de ley, que permite a las "personas habilitadas para sufragar" ingresar una propuesta de norma al Congreso con el patrocinio equivalente al 0,5% del último padrón.
En tanto, "los pueblos, titulares de la soberanía en el Estado", pueden presentar una propuesta de derogación total o parcial de una o más leyes para que sea votada en un plebiscito nacional. Para eso se requiere el apoyo de un número de personas equivalente al 5% del último padrón electoral vigente.
Asimismo, se consideran plebiscitos regionales y comunales; y la posibilidad de que "los pueblos" presenten una propuesta de reforma constitucional, que se someta a votación, tras juntar las firmas de un número de personas equivalente a al menos el 8% del padrón. En caso de reunir la cantidad de patrocinios requeridos, la "Cámara de Diputados y Diputadas" podrá presentar una propuesta alternativa, y en el plebiscito se dispondrá de dos cédulas, una que pregunta si debe existir o no modificación constitucional y otra que ofrezca ambas alternativas propuestas.
También se consagra que todas las reformas parciales a la Constitución sobre derechos fundamentales, principios, régimen político y alteración de la forma de Estado deben plebiscitarse.
Para ejecutar todos estos mecanismos, Principios Constitucionales propone
la creación por ley de un "Consejo Electoral y de Participación Ciudadana", autónomo, que incorpore al Servel junto a un "Servicio de participación ciudadana".
Los mecanismos de "democracia directa" son una de las principales demandas de los convencionales de izquierda y centroizquierda, y se encontraban ya en los programas de las candidaturas de La Lista del Pueblo, MSC, Partido Comunista, Frente Amplio y varios más. No obstante, al ser la primera propuesta de la comisión al pleno, es previsible que más de una norma regrese a la instancia para su revisión.
La ex presidenta Elisa Loncon, por ejemplo, afirma que quedó conforme con la propuesta en general, y asegura que estos mecanismos son importantes porque, por ejemplo, "hemos tenido la experiencia los pueblos indígenas de haber instalado un proyecto de derechos lingüísticos el 2014, y por no existir este tipo de democracia, todavía duerme en el Parlamento. Así, muchas iniciativas populares de las organizaciones sociales no han prosperado porque la legislación siempre ha estado en manos del Parlamento".
En tanto, el convencional Martín Arrau (UDI) critica el conjunto de normas y remarca que a su juicio "sabemos que estos mecanismos pueden convertirse en una herramienta de manipulación de masas y esa politiquería puede ocultar intentos totalitarios que vayan tratando de cooptar el poder, por eso hay iniciativas que hay que observar con mucha atención, que no profundizan la democracia y ponen el país en un riesgo institucional y democrático".
Otras materias del informe
La propuesta también incluye la consagración del voto postal, pues permite el uso de "medios postales" para sufragar "con el único objetivo de hacer accesible el voto a comunidades aisladas o a personas que por circunstancias especiales".
Además, el documento propone normas sobre nacionalidad y define que son chilenos y chilenas quienes hayan nacido en el territorio de Chile, quienes sean hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, quienes soliciten la nacionalidad habiendo residido en Chile por 5 años y quienes obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
Sobre la ciudadanía, esta se confiere a todas las personas que hayan obtenido la nacionalidad chilena; y también se distingue otro tipo de ciudadanía: la "indígena y tribal", que corresponde a miembros de dichos pueblos.
Los ciudadanos indígena o tribales, además de los derechos reconocidos en la Constitución, gozarán de derechos como elegir a sus autoridades propias y ser elegidos autoridad indígena; ejercer cargos públicos al interior del Estado Plurinacional y "ejercer ciudadanía en su lengua y cultura".
Asimismo, se definió la calidad política de extranjeros y nacionalizados chilenos, y las causales de pérdida de nacionalidad y ciudadanía.
