Una semana de sesiones maratónicas es lo que le espera a la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, que desde el lunes comenzará a votar en particular todas las iniciativas de norma que enviarán al pleno a buscar los 2/3, y que tratan sobre agua, minería, modelo económico, tratados de libre comercio y más.
Esta etapa es fundamental para la comisión, pues deberán limitar y afinar el número y el contenido de las propuestas que presentarán, de modo de evitar la situación que se dio con el primer informe que despacharon. En esa oportunidad, de 50 artículos, el pleno solo incorporó un inciso al borrador de nueva Constitución.
Entre los temas que más atención cobrarán está lo relacionado a un estatuto del agua, pues ya hay artículos aprobados en general que
constitucionalizarían el orden de uso prioritario (humano y saneamiento primero) y propuestas que establecen que los pueblos y naciones indígenas el derecho "ancestral y preferente" al uso de aguas existentes en su territorio. También hay artículos que definen lo que se entiende por agua, y uno que consagra el deber del Estado de garantizar "que todos los ríos fluyan en su cauce natural".
Asimismo, hay normas que abordan la protección de los humedales, de la criósfera, de los sistemas evaporíticos, y artículos transitorios que mandatan la creación de una comisión especial que redistribuya los derechos de agua. También se proponen diversas regulaciones para la pesca artesanal, la ruralidad y la protección de las semillas.
En cuanto a las tierras, la comisión aborda varias propuestas que se cruzan con lo que está debatiendo la Comisión de Derechos Fundamentales en cuanto a la propiedad de tierra y territorios indígenas, y hay propuestas de protección de los bosques nativos.
Uno de los puntos más complejos sobre las normas aprobadas en general hasta ahora tienen relación con las concesiones mineras, forestales, de aguas, y otros, pues la comisión visó artículos transitorios que decretan la nulidad de todos esos permisos una vez entrada en vigencia la nueva Constitución.
Las normas sobre minería y modelo económico
En concreto, sobre la minería, también se proponen normas como una que dice que "los pueblos indígenas son titulares colectivos de los minerales existentes en sus tierras o territorios, y su administración le corresponde de manera exclusiva"; y otras que instalan las bases para la nacionalización de actividades y empresas mineras de la "Gran Minería", lo que puede comprender "a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes".
Otro artículo transitorio en ese sentido nacionaliza las mineras, sus bienes y sus filiales, y deja en manos del Contralor el determinar el monto de la indemnización.
Finalmente, las últimas propuestas del bloque tienen relación con el modelo económico, y hay normas aprobadas que buscan que el Estado vele porque el sistema económico se desarrollo según criterios de "justicia ambiental, sustentabilidad y protección de la Naturaleza; libre iniciativa empresarial, competencia libre de prácticas desleales, iniciativa empresarial y gestión estratégica del Estado, probidad y transparencia, economía circular" y otros.
Está presente la creación de la "Banca Pública", cuyas funciones son operar como banca comercial y como banco para el fomento y fortalecimiento de diversos sectores productivos. En ese sentido, deberá "sustentar los requerimientos de financiamiento para proyectos públicos y nacionales de desarrollo del buen vivir, así como realizar las operaciones financieras de la Administración Pública del Estado".
Uno de los últimos artículos transitorios que se incorporaron en el informe es uno que deja en manos de la ley establecer un marco regulatorio para la implementación de la economía circular. Esta deberá fomentar procesos productivos que "eviten la ineficiencia en el uso de elementos naturales, la emisión de contaminantes, la generación de residuos", y deberá regular el ingreso al país de bienes, productos y servicios "para promover que estos cumplan los mismos estándares".
Sobre los tratados de libre comercio también hay varias propuestas complejas: una establece que los tratados de libre comercio que "limitan, restrinjan o coarten la soberanía de los pueblos" y tengan que ver con bienes naturales comunas, derechos sociales o políticas sociales, serán inconstitucionales; y un artículo transitorio retira a Chile del Ciadi.
Finalmente, se decreta que los caminos nacionales no podrán ser concesionados y que no se podrá cobrar por circular en estos, ni por carreteras, ni por entrar o salir de pueblos o ciudades.
Dado que estos artículos solo fueron aprobados en general y resta la discusión en particular, su contenido podría cambiar antes de llegar al pleno de la Convención. Una vez pase la etapa de la comisión, solo lo que logre el apoyo de al menos 103 constituyentes se incorporará en el borrador de nueva Carta Magna.
