La Comisión de Sistema Político aprobó en general esta jornada una norma que regula la existencia de las Fuerzas Armadas en el proyecto de nueva Constitución. Este establece que el trabajo de las FF.AA debe regirse por los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, además del pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. También, que están subordinadas al Presidente y que son no deliberantes.
Se trata recién de la etapa de discusión en general, por lo que la norma avanzará al debate y votación en particular que debería ser la próxima semana. En la comisión, la propuesta -del Colectivo Socialista- recibió el apoyo además de INN, FA, MSC y un RN, y logró 14 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
Asimismo,
se rechazó una propuesta de convencionales de MSC que planteaba la prescindencia de las FF.AA y la creación, en su lugar, de "Fuerzas Policiales y de Paz" dependientes del Poder Ejecutivo. Entre sus artículos se establece que las primeras velan por la persecución del delito y las segundas estarían encargadas de la protección de la naturaleza, frontera marítima, aérea y terrestre, entre otras cosas. Esta alcanzó solo 6 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, por lo que quedó excluida del debate constitucional.
El diseño de las FF.AA
La iniciativa aprobada sobre Fuerzas Armadas plantea que el Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza y que la ley regulará su uso y el del armamento que pudiera ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por la Constitución.
"Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso y tenencia de armas", se lee en el texto.
Además, se consagra que el Presidente es el jefe supremo de las FF.AA y que la disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la Política de Defensa Nacional". Sobre esa política, se establece que debe comprender "los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales".
En cuanto a las mismas Fuerzas Armadas, la propuesta especifica que dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y "son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas".
Además, que "colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional. En el desempeño de sus funciones, las Fuerzas Armadas deberán actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución".
Una de las definiciones que hace el texto también es que estas son instituciones
"profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes. Sus miembros no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular".
Relaciones exteriores y probidad
Otra de las propuestas que visó la comisión en general (17-6-1) sobre las relaciones exteriores plantea una serie de principios sobre los que deben fundarse estas, como los principios de multilateralismo, independencia e igualdad entre Estados, la solución pacífica de los conflictos internacionales, la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos, entre otros.
Además, se declara a América Latina como "región prioritaria en la conducción de sus relaciones internacionales" para Chile y se "impulsa la cooperación transfronteriza y la integración política, cultural y económica de los pueblos de la región de América del Sur y de América Latina y el Caribe".
Previamente se aprobaron propuestas sobre buen gobierno, por ejemplo una que plantea que "el ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, responsabilidad, transparencia, enfoque de género y perspectiva feminista, inclusión, plurilingüismo, precautorio, sustentabilidad y buen vivir", entre otros.
Y se consagró la existencia de un Consejo para la Transparencia, "cuyo objeto será promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información".
Todo esto forma parte recién de un debate preliminar, pues la comisión tendrá hasta fines de esta semana para ingresarle indicaciones a las propuestas aprobadas. Así, la próxima semana votarían los artículos en particular y solo las que pasen esa etapa llegarán al pleno. En ese momento, únicamente las que logren al menos 103 votos en particular se sumarán al proyecto de nueva Constitución.
