Este lunes apareció en la tabla de la segunda sala de la Corte Suprema, la causa judicial correspondiente al recurso de nulidad presentado por la defensa de un grupo de comuneros mapuche que fue condenado a más de 20 años de cárcel por el crimen de Eleodoro Raiman en Contulmo, ocurrido en 2019, por lo que se tenía previsto que ese día el amparo fuese revisado por el máximo tribunal.
A raíz de aquello, la Delegación Presidencial del Biobío sugirió a los servicios públicos de las comunas de Contulmo, Tirúa, Cañete y Los Álamos, ubicadas en la provincia de Arauco, evitar el traslado de funcionarios en vehículos institucionales durante ese 4 de abril. Además, en algunas zonas se suspendieron las clases en colegios, en prevención a posibles ataques que pudiesen registrarse durante la jornada.
Asimismo, el miércoles 6 de abril, la Delegación Presidencial del Biobío activó una alerta de seguridad ante la preparación del juicio oral en el que está imputado Emilio Berkhoff junto a otras 18 personas, en cuya causa iniciada en 2020, el Ministerio Público imputada a los 19 acusados de internar en el Gran Concepción un total de 823 kilos de pasta base de cocaína.
Producto de ello, ese día el Municipio de Cañete suspendió las clases en todos sus establecimientos y advirtió a colegios particulares subvencionados, en total, fueron 14 recintos educacionales que cerraron sus puertas ante el posible desarrollo de episodios de violencia por la vinculación de Berkhoff con movimientos radicales de la zona de la provincia de Arauco.
La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, afirmó ese día 6 de abril que "estamos teniendo una situación sumamente compleja a propósito del juicio oral que se está produciendo y que el día de hoy es el día que está apuntado para que esto ocurra".
Por todo lo anterior, la sociedad civil tuvo que adquirir una serie de medidas de seguridad para prevenir ser víctimas de cualquier hecho de violencia en la región. Pues, no sólo se habría recomendado el no traslado de funcionarios por ciertos territorios y la suspensión de clases, si no que además algunas tiendas debieron cerrar sus puertas durante la semana.
"Consideramos inaceptable que los juicios de Eleodoro Raiman y, particularmente, de Emilio Berkhoff terminen afectando a la comunidad Cañete, donde tuvieron que suspenderse clases y cerrar el comercio por temor a represalias. Como gremios pymes estamos permanentemente en coordinación y organizados, para evitar que no se realicen más usurpaciones a predios agrícolas y repeler cualquier tipo de acción terrorista que se produzca en la región", detalló a Emol el presidente de Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán.
Cabe señalar que, en el caso del juicio de nulidad por el asesinato de Eleodoro Raiman, la revisión de la causa no se realizó ese lunes por temas de tiempo y se desconoce la fecha exacta en la que se emitirá una resolución. En cuanto a Emilio Berkhoff, la audiencia de preparación del juicio oral fue aplazada para el 11 de abril.
Estrategia del Gobierno
Al momento de ser consultados por este medio sobre las medidas adquiridas durante la semana para prevenir posibles ataques en medio de los juicios del caso Raiman y Berkhoff, varios alcaldes de la provincia de Arauco prefirieron no referirse al conflicto por "temas de seguridad". Sin embargo, la delegada Dresdner insistió en que se activaron los protocolos para "cuidar a todas las personas que están en una situación difícil".
En conversación con Radio Cooperativa, este jueves la autoridad regional explicó que las recomendaciones emitidas por la delegación se debieron a que "nosotros sabemos que, en este momento, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona, estamos poniendo todas las medidas de seguridad, hemos incluso mejorado las capacidades de las policías, pero cuando ocurren hechos como la discusión de este caso, específicamente el juicio oral, tenemos que proteger a la gente que está ahí, que son exactamente las víctimas".
En esa línea, Dresdner aseguró que "las medidas de seguridad se han mejorado en gran medida respecto de lo que había anteriormente, pero esta es una situación que el Gobierno heredó y que viene de muchísimos años, donde nadie se ha hecho cargo y donde el Estado además ha dejado las zonas vacías, donde el Estado no tiene presencia. Lo que nosotros estamos haciendo es volver a llevar el Estado a esas zonas y se ocupan los espacios asegurándoles que si salen, no van a sufrir ninguna violencia y no van a estar expuestos".
Con respecto a la incidencia de los hechos de violencia en la macrozona sur y ante el ataque incendiario ocurrido en la comuna de Contulmo el pasado viernes, el cual dejó 15 viviendas destruidas y significó la primera querella presentada por el Gobierno a raíz de un hecho de esa índole, la delegada descartó que la estrategia del Gobierno no esté funcionando.
"Nosotros sabemos que, en este momento, no tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la zona, estamos poniendo todas las medidas de seguridad, hemos incluso mejorado las capacidades de las policías, pero cuando ocurren hechos como la discusión de este caso, específicamente el juicio oral, tenemos que proteger a la gente que está ahí, que son exactamente las víctimas".
Delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner
"Es un poco pronto como para decir que desde la perspectiva política o la solución que está planteando el Gobierno es algo que no ha dado resultados, puesto que ni siquiera hemos alcanzado a cumplir un mes y esto es un conflicto que lleva bastantes años arrastrándose, no es algo que vamos a poder solucionar en un mes", sostuvo.
No obstante, desde la Multigremial de Biobío estiman que "el gobierno debiera intensificar la seguridad en la macrozona sur, dándole mayores atribuciones a las policías y realizando rondas permanentes en los lugares que han sido focos del conflicto, como ha ocurrido en Contulmo y Lumaco estos últimos días".
"No es posible que en una noche se hayan quemado 15 viviendas y que estos grupos sigan actuando impunemente, por lo que esperamos que también el Ministerio Público se haga cargo de la persecución de estos individuos (...) Después de que el gobierno retiró el Estado de Excepción, los atentados se han duplicado en la macrozona sur", agregaron.
Finalmente, desde el gremio advirtieron que si el Ejecutivo "insiste en el diálogo con grupos terroristas, seguiremos viendo a transportistas, agricultores y trabajadores forestales víctimas de la violencia rural. La violencia debe combatirse con inteligencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas en la zona del conflicto".
