¿Cuándo se convertiría Chile en un Estado Regional? ¿A partir de qué momento entraría en vigencia el nuevo modelo de derechos sociales? Todo aquello aún está sin definir. Si la propuesta constitucional que redacta la Convención es aprobada en el plebiscito de salida, el órgano tiene que tramitar las normas transitorias que indicarán los plazos para la entrada en vigencia de cada parte de la Constitución.
Cómo hacer aquello es lo que han estado elucubrando los colectivos del órgano constituyente junto a la mesa directiva, en reuniones que están haciendo los martes. Aún no está claro y los convencionales deben responder preguntas clave para ese proceso, como cuándo se presentarán esas propuestas, cuántos patrocinios se necesitarán, sobre qué temas podrán ser, qué instancia las aprobará y con qué quórum, y en qué momento llegarán al pleno a buscar los 2/3.
Por el momento hay varias propuestas sobre la mesa: una es que
una comisión aparte se encargue de proponer y tramitar las propuestas -podría ser una nueva o la misma Comisión de Armonización-, o también se ha planteado que las mismas comisiones puedan encargarse de sus propias transitorias y luego pasen por el proceso de armonización para darle coherencia al texto final.
En cualquiera de los casos el tiempo es un factor que aqueja, pues en las próximas semanas el órgano constituyente debe votar una decena de informes y las comisiones tienen que concluir sus trabajos para llegar a los últimos plenos de votación en la semana del 6 de mayo.
"Tenemos algunas definiciones de criterios generales respecto de pensar las transitorias desde un espacio común que signifique salir desde la lógica de las comisiones, para que podamos tener un paquete de normas que se piense como un todo y que no tengamos distintas transitorias con distintos plazos y aplicaciones desde cada una de las comisiones", plantea el convencional Maximiliano Hurtado sobre lo que han conversado en el Colectivo Socialista.
No obstante, el coordinador de la Comisión de Forma de Estado, Claudio Gómez -también socialista- tiene una mirada distinta: "soy de los que cree que, si una comisión ha visto, creado, establecido, modificado figuras respecto de las que han estado discutiendo meses, esos mismos son quienes tienen mayor conocimiento respecto de las transitorias y quienes pueden generarlas. Eso no obsta a que se busque un mecanismo para que estas queden armónicas y coherentes entre unas y otras".
Cada una de las opciones sobre la mesa, además, tiene sus dificultades adicionales al tiempo: si las comisiones definen sus propias transitorias, hay sectores donde advierten que se podría terminar con decenas -incluso cientos- de normas con plazos dispares, lo que implicaría un "caos" para el gobierno que tenga que implementar el resultado del proceso constituyente.
Si se creara una comisión adicional, preocupa cuántas personas y quiénes la integrarían, pues ya habría 40 constituyentes en la Comisión de Armonización; y si Armonización se encargara de todo el tema, pesa el hecho de que solo tienen tres semanas de plazo para trabajar.
¿Y el fondo de las transitorias?
"Estamos estudiando cuál será el mecanismo de discutir estas normas, pero hay algo fundamental y tenemos consenso: esto debe ser un proceso que llevará a cambios concretos y cambios significativos, y para hacerse cargo de estos cambios y que afecte de manera positiva a las personas, debe ser considerado un proceso gradual porque nada se hace de la noche a la mañana", explicó el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) esta semana.
"Gradual" es la palabra que responden desde varios colectivos, pero aquello tiene diferentes lecturas según los temas que estén en discusión. Por ejemplo, en Forma de Estado hablan de que podría existir un "estatuto regional" recién en diez años más.
Y en Sistema Político apareció una idea entre sectores de centroizquierda que permitiría al nuevo Poder Legislativo empezar a funcionar en cuatro años más, lo que implicaría que los senadores recién electos -por ocho años- tendrían que convivir con los representantes de la Cámara de las Regiones.
Esa última comisión es la que más miradas ha concentrado, pues tiene relación con los mandatos de buena parte de las actuales autoridades y el modelo que planteen podría justificar incluso el llamado anticipado a elecciones.
"Nosotros estamos por respetar el mandato de las actuales autoridades y las condiciones bajo las cuales fueron electos. Eso quiere decir que tanto alcaldes, concejales, diputados, senadores y
todas las autoridades electas por voto popular deberían cumplir esos periodos con las reglas actuales que tienen, tanto en la reelección de unas como la prohibición de reelección de otras", suma Hurtado.
"Lo lógico sería que un cambio al sistema político profundo se lleve a cabo con un cambio de mandato, y que el actual Gobierno se concentre en implementar a través de proyectos de ley esos cambios que se tienen que implementar. Pero no tiene que hacerse todo en tres años más, con el cambio de gobierno, podría hacerse gradual al cabo de 6 años, de 8, de 12, de acuerdo a las diferentes materias", comenta Cristián Monckeberg (RN).
En tanto, la convencional Marcela Cubillos (Ind. UDI) afirma que "lo importante es que esos artículos calcen con lo que se están haciendo por parte de las distintas comisiones, lo que no puede hacer es que después una comisión pase por encima del trabajo de las otras. Y quizás lo más importante en materia de transitorias es, vemos acá este ánimo refundacional, de resetear Chile. ¿Se hace de inmediato, se posterga? Esa es la duda que surge".
Al mismo tiempo, para materializar lo que proponga la Comisión de Derechos Fundamentales se tendrá que definir en las transitorias cuándo entrarán a regir los cambios sobre salud, educación, vivienda y otros más.
Sobre ese punto, la coordinadora Janis Meneses (MSC) explica que habría dos tipos de normas: las que apunten a implementar globalmente el proceso constituyente y las que aborden sus puntos específicos.
En ese marco, Meneses dice que "en términos de servicios hay cosas que podrían implementarse muy rápidamente; en cambio, en materia de vivienda, que es algo material y concreto, evidentemente la política va a generar un tiempo mayor, por la naturaleza del derecho. Lo importante primero es que sea un tiempo definido y que tengamos claridad de eso todas las chilenas y chilenos y habitantes del país".
Otra comisión que tendrá mucho trabajo con las normas transitorias es la de
Forma de Estado, desde donde señalan que empezarían a trabajar aquello desde el 18 de este mes, cuando ya terminen de votar en particular los informes de reemplazo de las normas ya presentadas.
Esa instancia no solo tendrá que buscar la forma de implementar un Estado regional en la teoría, sino que además deberá adecuar lo necesario para la creación de los nuevos órganos que contempla ese modelo, como las asambleas regionales.
"Deberíamos tener un periodo de legislatura completa para establecer e instaurar el Estado regional, para hacer las modificaciones en la ley orgánica de municipalidades, la ley general de base de administración del Estado en lo que corresponda a modernización del Estado, y para que cuando hablemos de una asamblea regional que reemplazará a un Core, no sea algo que tenga que establecerse de manera apurada y corriendo", explica Jeniffer Mella (FA), coordinadora de la comisión.
Otro asunto que tendrán que resolver es lo relativo a los mandatos de alcaldes: la actual Constitución les permite estar tres periodos en el cargo y la nueva propone solo uno.
En ese sentido, el co-coordinador Claudio Gómez (Col. Socialista) afirma que, a su juicio, "los que se encuentren en funciones tienen que cumplir sus períodos respectivos y los periodos contemplados en la Constitución comenzarán a regir en el momento en que entra en vigencia la Constitución, de manera que si un alcalde lleva un periodo, le quedarán dos más".
"Lo mismo creo que debiera aplicarse para concejales y asambleístas regionales, que desde mi punto de vista el Core debería pasar a ser la Asamblea Regional y, en cierto modo, los que se encuentran ahora en su cargo como core serían los continuadores, sin perjuicio de que deberían ser reelectos", agrega el convencional.
