A través de oficios, organizaciones muestran su inquietud por normas aprobadas en la Convención

Desde su instalación, la Convención ha recibido cientos de documentos de distintas organizaciones que buscan colaborar en el debate constituyente. El interés por acompañar el proceso se ha mantenido y si bien en varias sesiones plenarias se da cuenta de la llegada de saludos e informes para enriquecer el debate, desde que los convencionales comenzaron a votar las normas también han recibido escritos en los cuales instituciones expresan su inquietud por el rumbo de algunas discusiones u ofrecen su orientación.

Por ejemplo, en una carta a los convencionales, funcionarios de fiscalías advirtieron que al no ser recibidos en audiencia y "tras el avance en la aprobación de artículos relativos al Ministerio Público, no nos quedó otra opción que ocurrir ante ustedes, a través de este medio, para exponer aquello que nos preocupa mayormente".

En el escrito exponen sus aprensiones sobre propuestas como cambios a la Fiscalía Nacional, que sería reemplazada por un Consejo Superior, y la integración de este consejo, entre otras. Además, piden la intervención del Comité de Ética pues aseguran que una norma fue redactada originalmente por fiscales y un exfiscal, entre ellos, "la fiscal Mitzy Henríquez, perteneciente a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, cónyuge del convencional Marcos Barraza, quien es el patrocinante de la propuesta de norma señalada". Consultado, Barraza afirmó que él no está casado y declinó referirse al oficio.

El 17 de marzo, en tanto, la Constituyente recibió un texto de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales en el cual la agrupación manifiesta "nuestra preocupación dado que hemos tomado conocimiento de que la comisión sobre Sistemas de justicia ha discutido dos iniciativas, una de ellas dice referencia a la creación e institución de la justicia vecinal (...) y la otra contiene una disposición transitoria que pone en serio riesgo la carrera funcionaria del personal que se desempeña en los Juzgados de Policía Local" y solicitaron que se rechazaran ambas. La norma sobre justicia vecinal fue aprobada y despachada al proyecto de Constitución.

Pocos días después, la Convención recibió una carta donde la agrupación Mi Derecho a Educar expresa "nuestra profunda preocupación por lo que vemos como una devaluación perniciosa del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Un claro ejemplo de esto es la reciente aprobación de la Educación Sexual Integral", que fue votada a favor por el pleno.

En la misma línea, el 28 de marzo la fundación Siempre por la Vida escribió a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros: "Hoy nos dirigimos a usted en representación de los miles de chilenos que defendemos el derecho a la vida, para expresar nuestra profunda preocupación ante la norma aprobada por la Convención que introduce el aborto libre en nuestro país".

Los casos son varios y de distintos sectores. La Mesa técnica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, por ejemplo, también escribió y señaló que "vemos con preocupación la liviandad, la arbitrariedad y la deficiencia de fundamentos, negación y desconocimiento por parte de algunos sectores de convencionales, al rechazar las propuestas que van en favor de los derechos del pueblo tribal afrodescendiente". Por su parte, la organización Disidencias unidas reconstruyendo alianzas sexopolíticas expuso su inquietud por el devenir de normas sobre reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia y sobre el derecho a la identidad, y la Sociedad Chilena de Ecología lamentó el rechazo de un artículo que mencionaba la conservación de la biodiversidad.

Existe también una serie de documentos en los cuales instituciones plantean su visión sobre distintos temas y entregan antecedentes para la discusión.

Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo llegar a la Convención un escrito en el cual saluda el proceso constitucional chileno, afirma que han seguido de cerca la labor de la Convención y celebra los esfuerzos orientados a la incorporación de la libertad de expresión. A continuación añade que "reconocemos positivamente que el derecho a la libertad de expresión sea abordado y debatido desde diversas perspectivas, procurando una discusión superadora de la posición clásica e individual basada meramente en obligaciones negativas del Estado, tal como se refleja en la labor de las distintas comisiones de la Convención. En el devenir de tan valiosa tarea, es conveniente advertir los posibles desafíos que pueden presentarse, entre ellos, la integración y coherencia constitucional y la compatibilidad con los criterios internacionales e interamericanos de derechos humanos".

Además, expresa su disponibilidad para brindar apoyo especializado si la Convención lo considera oportuno y agrega un cuadro con artículos aprobados en las comisiones de Derechos Fundamentales y de Sistemas de conocimientos que abordan materias similares, pero con distintas redacciones.

En la misma línea, el 15 de marzo el presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, remitió un documento en el que señala que "en atención a los acuerdos autónomamente adoptados por la comisión de Sistemas de justicia y que serán examinados por el pleno de la Convención Constitucional, confiando en que su revisión es la instancia para su perfeccionamiento (...), parece necesario nuevamente analizar las siguientes materias" y enumera la revisión integral del funcionamiento de los tribunales de justicia, la integración del futuro Consejo de la justicia, las facultades de este consejo y las normas transitorias.

Ese mismo día, la directiva del Colegio de Secretarios Abogados y Jueces de Juzgados de Policía Local (JPL) escribió para pedir a los convencionales "rechazar tanto el artículo que crea la justicia vecinal como el transitorio que elimina los JPL".

También el Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) enviaron durante marzo a la Convención escritos con reflexiones respecto de temas afines.

Otros documentos tratan el destino de las normas populares. El 24 de febrero, el obispo Alfredo Cooper, representante protocolar de las Iglesias Evangélicas, manifestó que "habiendo dejado de lado nuestras cinco propuestas de garantías a la libertad democrática de religión, conciencia, educación, estado laico y vida (...), nos obligan a concluir que los peores pronósticos se confirman: lejos de estarse esforzando a escribir una mejor Constitución para todos, se está fraguando un documento inverosímil, laicista y poco adecuado a la altura de una Carta Magna nacional chilena".

Mientras, el 9 de marzo la Convención recibió un texto de la Confederación de Presidentes del Rodeo Chileno y otras agrupaciones en el cual dicen que “presentamos cinco iniciativas, cada una de ellas con más de 15 mil firmas", pero que "no se aprobaron en ninguna de las comisiones que correspondía”. Agregan: "Queremos ser francos y directos con ustedes: hoy día nos embargan la desilusión y la frustración".