Ante la falta de nuevos antecedentes en el caso de la ex alcaldesa de Antofagasta,
Karen Rojo, la fiscalía local solicitó al tribunal tomar otras medidas.
Según consignó El Mercurio de Antofagasta, entre ellas se encuentra la de verificar interacciones bancarias para determinar si existió o no una planificación previa de su fuga del país, como así también, identificar a las personas que pudieron tener alguna intervención.
"El viaje realizado por Rojo requirió previamente contar con elevadas sumas de dinero que debieron encontrarse disponibles con antelación en el tiempo. En subsidio, se solicita autorizar que la información solicitada sea entregada por el Banco BCI desde el 1 de marzo de 2022, mes en el que Rojo viajó fuera de territorio nacional", precisaron desde el Ministerio Público. Esta solicitud fue aceptada.
Sin embargo, otra petición no tuvo éxito. La fiscalía también buscaba que la compañía WOM entregara el registro de llamadas de la ex jefa comunal en el periodo comprendido desde el 1 de marzo hasta el 7 de abril para dar con la "geolocalización". No obstante, el tribunal acotó que la petición era "no ha lugar".
"Las normas legales invocadas por el persecutor para fundar su solicitud de medida intrusiva resultan aplicables a la investigación (formalizada o desformalizada) de hechos constitutivos de delito, cuya etapa no es la que se encuentra este proceso, dado que existe sentencia ejecutoriada y, por ende, se halla en etapa de ejecución", sostuvieron.
De acuerdo con lo que mencionó el medio, Rojo adquirió un boleto el mismo día que se fue hacia Países Bajos, para regresar a Chile. Así, su posible retorno al país, sería hoy domingo 10 de abril. No obstante, el destino que eligió solicita a los turistas que viajan desde Chile tener un billete de ida y vuelta, por lo que nada asegura que la otrora alcaldesa llegue a territorio nacional hoy.
Cabe mencionar que desde el 23 de marzo que no hay información de la ubicación de la ex jefa comunal, día en que la Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por su defensa y ratificó la sentencia de 5 años y 1 día por el delito de fraude al fisco.
Un día después de la fuga, se ingresó la orden de detención en el Juzgado de Garantía y, horas más tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que la Interpol había solicitado la notificación roja, por lo que continúa la búsqueda en los países miembros de la organización.
