Este jueves debiera terminar el plazo legal para que finalice la investigación sumaria ordenada la semana pasada por el director del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), Luis Thayer, para determinar la eventual responsabilidad de funcionarios de esa repartición en la entrega de información errónea a la ministra del Interior, Izkia Siches.
A través de una declaración pública, el organismo indicó que el 25 de marzo se produjo una reunión en el marco del proceso de traspaso de gobierno en la que la directora subrogante, Carmen Gloria Daneri, informó sobre un vuelo de deportación en el que los pasajeros embarcaron hacia Venezuela, pero retornaron en el mismo avión.
En el texto, desde el SNM reconocieron que en ese encuentro realizado en el Ministerio del Interior la funcionaria habría entregado
"información errónea", la cual posteriormente fue transmitida por la jefa de gabinete en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, generando una severa crisis en el Gobierno.
El procedimiento ordenado por Thayer y que apunta directamente a Daneri está regulado por la Ley de Estatuto Administrativo, la cual desde su Artículo 126 en adelante detalla sus reglas, destacando que su objeto es "verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere"-
Asimismo, la normativa señala que para desarrollar esa labor se debe designar a un funcionario que actuará como investigador. En este caso, el elegido fue el director de operaciones, Nelson Vergara, quien tiene más de 14 años de trayectoria al interior del SNM, realizando labores como jefe de atención al público y encargado de oficina.
Según detallan fuentes de sector a Emol, la designación de Vergara como fiscal fue vista como una forma de dilatar de alguna forma el proceso, ya que no es cercano al nuevo director. En esa línea, aseguran que el directivo podría usar el caso para buscar su permanencia en el servicio. La idea, sostienen es "hacerlo pelear" con Daneri.
No obstante, la ley es clara al señalar que "el procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días", el cual vencería hoy.
Extensión del proceso
En el mismo acápite, el estatuto señala los pasos que siguen en caso de encontrarse alguna responsabilidad, los cuales podrían extenderse por más de dos semanas. "Al término del señalado plazo se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder los mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de éstos", dice la ley.
Asimismo, indica que "en el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del procedimiento, el investigador señalará un plazo para rendirla, el cual no podrá exceder de tres días. Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o informe en el término de dos días".
En ese documento, Vergara debiera especificar "la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente. Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de destitución, sin perjuicio de los casos contemplados en la ley".
Luego, "conocido el informe o vista, la autoridad que ordenó la investigación sumaria dictará la resolución respectiva en el plazo de dos días, la cual será notificada al afectado, quien podrá interponer recurso de reposición en el término de dos días, ante quien emitió la resolución, apelando en subsidio, para ante el jefe superior de la institución".
"La apelación sólo procederá en caso que la medida haya sido aplicada por otra autoridad. El plazo para resolver la reposición o el recurso de apelación, cuando corresponda, será en ambos casos de dos días", agrega el texto, destacando que, si los hechos revisten gravedad, se dispondrá el inicio de un sumario administrativo.
