Conforme. Así dice estar Andrés Cruz (Colectivo Socialista), ex fiscal jefe de Talcahuano, uno de los 19 integrantes de la comisión de Sistemas de justicia, sobre el resultado en el pleno de este lunes del segundo informe de dicha instancia.
El convencional valora lo aprobado pese a tener reparos —los cuales ha hecho ver en sus intervenciones— sobre la integración del Consejo de la Justicia y los límites de la jurisdicción indígena.
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Ya quedó en el proyecto de Constitución que de los 17 integrantes del Consejo de la Justicia ocho serán jueces. ¿Quedó satisfecho con el resultado, considerando que usted había dicho que debían ser al menos nueve jueces (la mayoría)?
—Hubiese quedado más satisfecho con una composición mayoritaria de jueces, que hubiesen sido más de la mitad y que hubiera aumentado el número de los representantes de profesionales elegidos de parte del Congreso, porque le confiere legitimidad democrática al órgano, además de la idoneidad técnica que tienen a través de la representación de los magistrados, para evitar la gremialización excesiva, la cooptación política.
—La Corte Suprema, la Comisión de Venecia y distintos expertos habían propuesto que los jueces fueran mayoría en el consejo. ¿La integración no afectará la independencia?
—Para nada. De hecho se logró avanzar en lo que se denomina la independencia interna de los tribunales de justicia (...). Estamos reforzando y superando una problemática que tenía nuestro modelo. La anomalía no es el Consejo de la Justicia, de hecho, prácticamente todos los países, para reforzar la independencia interna, adoptan este sistema de un órgano externo que procede a la designación y calificación de los jueces, la anomalía es nuestro sistema, que tiene una influencia decimonónica.
—Una clave serán las disposiciones transitorias. ¿Cuánto debiera tomar la instalación del Consejo de la Justicia?
—Me parece óptimo que entre dos y tres años esté implementado el Consejo de la Justicia, para comenzar a operar asignaciones, calificaciones y la labor y gestión administrativa que le fue encomendada.
—La coordinación de la comisión de Sistemas de justicia argumentó que se solucionaron los alcances de las revisiones de la gestión de los tribunales al agregar que en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales, ¿es suficiente?
—No estaba de acuerdo. Esa disposición debió haberse eliminado porque efectivamente puede conducir a equívocos, pero con la incorporación de la expresión o vocablo de “gestión” más la frase final en la que se agrega la circunstancia de que esta revisión no puede decir relación con las resoluciones judiciales, creo que se superó el problema. Es más o menos lo mismo que efectúan los ministros visitadores. Me parecía que la norma no era necesaria.
—Se rechazaron los artículos sobre los alcances de la justicia indígena, ¿no debieron quedar detallados los tipos de delitos y qué personas podrán ser juzgadas por esta en la Constitución?
—Eso es materia de ley. Me hubiese gustado que quedara en la Constitución que única y exclusivamente la justicia indígena era aplicable respecto de los miembros de un pueblo originario y solo respecto de materias que no fueran penales (...). Eso no obsta a que también es una solución, inclusive, para algunos, más adecuada que estas materias de coordinación y competencias sean entregadas a la ley. Y, de hecho, eso está salvado porque cuando se consagró la norma de pluralismo jurídico se estableció que iba a ser una ley de coordinación y competencia la que iba a regular todo el resto de las materias. Se salva además con la consagración esta semana de que las impugnaciones a las decisiones que se adopten por parte de la justicia indígena iban a ser revisadas por parte de una sala especializada de la Corte Suprema.
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La legislación deberá fijar los límites de la justicia indígena. A su juicio, ¿cuáles debiesen ser esos límites? ¿Sobre todas las personas o solo sobre personas de pueblos originarios?
—A mi juicio, deberían ser solo a las personas que forman parte de un mismo pueblo originario y respecto de hechos que deberían ser análogos a las materias que van a ser de conocimiento de la justicia vecinal, los actuales juzgados de policía local, sin perjuicio de que no me cierro a que puedan conocer de aquellas faltas penales que actualmente son de conocimiento de los juzgados de garantía, que históricamente eran de conocimiento de los juzgados de policía local, como las lesiones leves.
—Ha habido denuncias de amenazas entre convencionales, usted fue increpado el año pasado por Natividad Llanquileo cuando postulaba a la coordinación de la comisión. Han ocurrido tensos intercambios en los plenos, ¿cómo está el ambiente en la Convención?
—Creo que hay mucho ripio en la posibilidad de llegar a acuerdos dentro de determinados sectores. Es lamentable lo que hemos visto en los últimos plenos con expresiones que me parecen inadecuadas de todos los sectores. Parece que no hemos aprendido a convivir, para los efectos de lograr cimentar los caminos hacia un acuerdo más transversal. A tres meses creo que es difícil que se logre el óptimo. No pierdo la esperanza de que en Armonización se pueda dar un trabajo más fluido entre los distintos grupos.
—¿Cree que las críticas que la Convención ha recibido las últimas semanas (Amarillos por Chile, Horizonte Ciudadano, Ricardo Lagos) cambien eso, que tengan alguna incidencia?
—No he visto incidencia. Creo que la crítica es sumamente valiosa y, por lo tanto, también sería indispensable la capacidad de las personas que estamos dentro de la Convención para reflexionar y escuchar.
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La comisión de Sistemas de justicia ha sido una de las que más oficios ha recibido de distintas instituciones que manifiestan su preocupación por las normas tramitadas. ¿A qué cree que se debe esa preocupación?
—Es porque es la que más entes tiene que regular. La comisión se hace cargo de una multiplicidad de instituciones que actualmente están o no reguladas en la Constitución y, por lo tanto, es obvio que tenga que existir un nivel de preocupación por parte de quienes se desenvuelven en este tipo de organizaciones. Y esto resulta no solamente ser adecuado, sino que es indispensable y necesario que hagan valer sus puntos de vista.
