La posibilidad de consagrar el derecho a la propiedad indígena en el borrador de Constitución tendrá su última oportunidad en el pleno de la Convención Constitucional la próxima semana. Su contenido ya está siendo debatido por la Comisión de Derechos Fundamentales, que despachará este jueves la propuesta que reemplaza ese artículo y otros sobre expropiación, libertad de expresión e inviolabilidad del hogar, que fueron rechazados en el pleno a fines de abril.
En ese momento, el órgano constituyente rechazó una norma que buscaba consagrar el "derecho colectivo de los pueblos y naciones indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido". Además, establecía el reconocimiento y garantía por parte del Estado de la propiedad y posesión de esas tierras, "garantizando su demarcación y titulación" y el derecho de los pueblos indígenas a usar y administrar "los recursos naturales que tradicionalmente han utilizado u ocupado".
Finalmente, se estipulaba el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos "que les hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados, sin su consentimiento".
No obstante, la redacción que los escaños reservados le dieron al nuevo artículo es un poco más acotada que antes: la norma que está en discusión ahora dice que "el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos".
Asimismo, que "la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución". Sobre la restitución, la norma especifica que constituye "un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general".
Finalmente, su último inciso consagra que "conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva".
Quien defendió esta norma ayer fue la convencional Isabella Mamani (pueblo aymara), quien llamó a aprobarla y aseveró que "la indicación es el resultado de múltiples diálogos entre representantes de pueblos indígenas, así como de distintos colectivos al interior de esta Convención, con tal de ofrecer una propuesta que aúne distintas voluntades sobre esta realidad. Ha sido un camino en que las distintas opiniones se han congregado, ha implicado el esfuerzo mutuo de comprendernos".
"Me satisface mucho la norma de propiedad indígena que presentaron los escaños, esa norma que es fruto de una conversación, de aprendizaje, de experiencia de escucha con las preocupaciones ciudadanas. Es una norma que requiere contenciones y esas también son las seguridades que una norma expropiatoria bien diseñada da", opinó Patricio Fernández (Col. Socialista).
Sin embargo, también afirmó que "nuestro gran tema en lo que nos queda de la Convención es cuidarnos de generar y aumentar temores e incertidumbres".
Si bien la norma es catalogada como "mucho mejor" que la de antes, aún hay fragmentos que generan dudas. Por ejemplo, continúa la mención a los recursos que "tradicionalmente" se han utilizado, y se genera un régimen de administración de estos diferente al de los bienes naturales comunes que votará este lunes el pleno.
Desde el Frente Amplio, además, sostienen que la propuesta está "en discusión". "Como FA todavía estamos en una toma de decisión al respecto. Entendemos y valoramos que se han acogido muchos de los comentarios que hicimos desde el inicio, todos los colectivos nos encontramos en este momento en espacio de reflexión. Vemos con buenos ojos cómo está, a pesar de que tenemos que seguir aún conversando y zanjarlo finalmente el miércoles y jueves, que lo votamos en comisión", explica Tatiana Urrutia (FA).
En tanto, el convencional Felipe Harboe (Col. del Apruebo) ingresó su propia fórmula para este derecho, y dice solo que "los pueblos y naciones indígenas reconocidas por esta Constitución y las leyes tienen derecho colectivo a las tierras y territorios en la forma y condiciones que determine la ley".
"Esta propuesta es una manifestación más de la Constitución separatista, indigenista, que privilegia a un grupo de interés, que son los activistas del indigenismo. Se consagran dos propiedades distintas. Creo que es muy grave y que los chilenos se dan cuenta de que queremos proteger la propiedad de todos: personas con sangre indígena y personas que no la tienen", opina Rocío Cantuarias (Chile Libre).
Otras normas que se revisarán
En el mismo informe que votará la comisión está un inciso sobre derechos sexuales y reproductivos que el pleno rechazó con la expectativa de que en la comisión se incorporara una frase que derivara la regulación del derecho a la ley. Efectivamente, la convencional Tammy Pustilnick (INN) ingresó dicha modificación y se votará esta semana.
Además, la norma sobre expropiación nuevamente deberá ser debatida y votada por la comisión y por el pleno, pues la redacción propuesta no alcanzó los 2/3 en ninguna de las dos oportunidades previas.
En esta tercera vuelta, los convencionales de la izquierda y centroizquierda proponen agregar que, por ejemplo,"el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado", lo que no se había explicitado previamente.
