La jornada de ayer martes se produjo un nuevo hecho de violencia vinculado a un establecimiento educacional. Esta vez, a las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA) en la comuna de Quinta Normal, donde un grupo de sujetos quemó un bus del transporte público luego de obligar a los pasajeros a descender.
Según comentó el rector del recinto, Gonzalo Saavedra -quien afirmó haber sido golpeado- "era un grupo de ocho cabros, entre ellos infiltrados. Acá apoderados amenazaron con cuchillos, una mujer adulta que sacó un cuchillo". Además, afirmó que toda la comunidad educativa se encuentra "amenazada" y emplazó a las autoridades y al Colegio de Profesores a tomar medidas, como la intervención familiar.
Esta mañana, Rodrigo Roco, director de Educación de la Municipalidad de Santiago calificó los hechos como "gravísimos" y sostuvo a Cooperativa que en el INBA "hay un foco de violencia instalado; una parte puede ser por personas de establecimiento, pero también entendemos que hay intervención externa que se aprovecha de una situación más compleja que allí se vive".
Una crisis de larga data
En efecto, la imagen del bus quemado afuera del INBA es una suerte de deja vu de las escenas que se vivieron -con mayor intensidad- entre los años 2018 y 2019, donde prácticamente cada semana aparecían imágenes de los llamados "overoles", sujetos encapuchados que manipulaban bombas molotov y generaban destrozos en establecimientos municipales, como el Instituto Nacional.
Por entonces los hechos de violencia dentro y fuera del INBA se multiplicaron, lo que incluyó el lanzamiento de una bomba molotov a la oficina del ex rector, Jaime Uribe. La teoría sobre la forma en que se organizaban estos hechos no ha cambiado: "un grupo minoritario que podría ser del establecimiento, pero con personas externas que pudieron haber ingresado", decía Uribe, mientras que el ex Presidente Sebastián Piñera llamaba a aprobar el modificado proyecto de ley "Aula Segura".
"El INBA fue una comunidad muy golpeada en 2018-2019 por la forma en que se quiso enfrentar la crisis que allí se estaba dando, poniendo más violencia sobre violencia, lo que dejó una comunidad muy fracturada; eso estamos tratando de recomponer".
Rodrigo Roco, director Educación Municipal, municipalidad de Santiago
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El INBA fue una comunidad muy golpeada en 2018-2019 por la forma en que se quiso enfrentar la crisis que allí se estaba dando, poniendo más violencia sobre violencia, lo que dejó una comunidad muy fracturada; eso estamos tratando de recomponer", reflexionó Roco.
Los dichos apuntan a la gestión del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien fue criticado por permitir el ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros a los recintos, donde se generaron enfrentamientos con estudiantes. Asimismo, en noviembre 2019, el municipio determinó el cierre anticipado del año escolar para varios recintos municipales -incluyendo el INBA- porque no estaban dadas las condiciones de seguridad para la comunidad escolar.
A juicio de Roco, esto generó que muchos temas no se pudieran abordar de manera adecuada y quedaran abiertos, lo que provocó una suerte de acumulación de molestia en las comunidades escolares afectadas por la violencia.
Medidas a corto y mediano plazo
Según Roco, un camio a mediano y largo plazo son las comisiones de trabajo que se están desarrollando "con los docentes, asistentes y estudiantes, justamente para lograr que en comunidad se vaya encontrando una manera de ganarle el espacio a cualquier forma de violencia". Esto, para avanzar en darle "mayor estabilidad" al internado frente a vínculos que se hacen necesario recomponer.
Sin embargo, en lo inmediato y más urgente, las propuestas apuntan a "
un control de acceso más estricto" al INBA, porque al ser un establecimiento de 7 hectáreas, "hay mucho lugar donde gente podría entrar sin que sea vista".
En conversación con
EmolTV, el
subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara parte de la base que los conflictos no se pueden abordar solamente desde la arista de la seguridad y que ello decante en la labor policial, "menos cuando los problemas están asociados a las comunidades educativas".
Por eso, desde la subsecretaría se generó, en conjunto con el Mineduc, una fuerza de tarea denominada "Seguridad para estudiar", tanto en la Región Metropolitana, El Maule y Los Ríos; todas ellas, a cargo de los respectivos delegados presidenciales. De esta manera, se busca que el Estado coordinen acciones necesarias tanto en materia policial e investigación, pero con foco en búsqueda de soluciones de fondo.
"Vacío de socialización" y acceso a armas
Los hechos de violencia en distintos establecimientos educacionales han sido la tónica del retorno a la presencialidad. Las críticas apuntan a un proceso abrupto que no atendió los procesos psicosociales de los alumnos, quienes durante dos años no socializaron adecuadamente.
A raíz de lo ocurrido en el INBA, al reflexión de Roco apuntó nuevamente a un "
vacío de socialización" que abre una mayor agresividad en los jóvenes, lo que se vio acrecentado por "varios temas que quedaron interrumpidos" durante 2019 donde algunos establecimientos terminaron antes el año escolar.
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito afirma que este problema que se ha dado transversalmente en los establecimientos por el retorno a la presencialidad tiene algunas aristas en materia de seguridad, como el acceso a armas. "Hemos visto un número importante de fenómenos de balaceras en los entornos de los colegio que impiden que los niños puedan ir, y eso es algo que como Estado no podemos permitir", afirmó.
A raíz de este contexto, el Ministerio de Educación ha debido tomar medidas como flexibilizar la Jornada Escolar Completa (JEC), y pedir que los establecimientos utilicen las horas lectivas en actividades artísticas o físicas, sumado un programa de intervención de crisis y convivencia escolar y jornadas de "educación no sexista", entre otras.
Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, comentó a Emol que es un error haber dejado "en libertad de acción de temas tan trascendentales como esos; queda al libre albedrío de los sostenedores". De hecho, acusan que según sus catastros, una gran cantidad de colegios no han flexibilizado la JEC, "porque no quieren".
