SANTIAGO.- El pleno de la Convención Constitucional comenzó ayer la votación de una serie de derechos sociales que buscan ser incorporados en el borrador de la nueva Constitución. Normas que se espera que ayuden a captar un mayor interés de la ciudadanía en un proceso que al parecer atraviesa un complejo escenario, según las últimas encuestas.
De este modo, en la jornada del martes se aprobaron, por ejemplo, los derechos a la "verdad" y a la "reparación integral" para las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Junto a ello, se incorporó la norma que establece que "la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad".
Por otra parte, se visó el derecho a la salud y la existencia de un "Sistema Nacional de Salud" de carácter universal, público e integrado, así como el derecho a una vivienda "digna y adecuada", la cual debe permitir "el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria", entre otras. Aunque cabe destacar que algunas normas regresaron a comisión para su revisión.
Según el profesor titular de la Universidad Diego Portales (UDP) y catedrático de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), Javier Couso, hasta ahora se ha visto la aprobación del "corazón" de los derechos sociales, a la vez que destaca que algunas normas hayan sido devueltas a comisión para ser perfeccionadas.
"Hay que destacar la inclusión de nuevos derechos sociales que son relevantes y que son parte de los tratados internacionales que se encuentran vigentes, pero que no habían sido acogidos con rango constitucional. Creo que además el pleno está haciendo su labor de rectificar errores que se plantearon en algunas de las comisiones, por ejemplo, en Derechos Fundamentales, en términos de entrar en un detalle que debe estar al legislador democrático, en esto de la fisonomía de la forma de implementarse los derechos sociales", explicó Couso.
Por su parte, Soledad Bertelsen, profesora de Derecho Constitucional e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, recordó que "el proceso constituyente se originó por estas demandas de reconocimiento de derechos sociales, era lógico que esto iba a estar dentro del borrador de nueva Constitución, llama la atención que se haya hecho tan tarde en el proceso, estamos a poco tiempo de que se termine el borrador".
A su juicio, en esto "pueden haber distintas lecturas, a la Convención le interesaban muchas otras cosas, antes que esto o querían que quedara al final para que la gente se quedara con esto último en la retina, en vez de cuestiones más técnicas como las anteriores (...) Debería haber sido antes y eso habría permitido mayor discusión en vez de que ahora tengan que aprobarse tan rápido".
La académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Pamela Figueroa, coincidió en que "este es un tema que es muy relevante, porque probablemente es de los que más se asocian a las demandas de la sociedad civil, desde el estallido social e incluso desde antes, de tener un Estado, una sociedad que sea más inclusiva, donde las personas tengan más derechos sociales. Eso implica un Estado que promueve y que garantiza esos derechos".
Con esto, Figueroa resaltó que "ha habido bastante transversalidad y algunos de los derechos sociales como los nuevos, como el derecho a una vivienda, fue apoyado explícitamente por convencionales de la derecha que de alguna manera habían estado fuera de otras discusiones. Y también había sido celebrado por distintos líderes políticos y sociales, entonces creo que genera bastante transversalidad el tema de los derechos sociales".
Sin embargo, Bertelsen alerta que uno de los temas sobre los derechos sociales es "si estos deben entender como principios programáticos en materia de política social o si se entienden que van a ser justiciables directamente en tribunales y eso todavía no se dice (...) Creo que la gran pregunta está ahí, en cómo los entendemos en general".
Presión en las arcas fiscales
Sumado a lo anterior, algunas voces además advierten que la incorporación de nuevos derechos sociales podrían aumentar la presión sobre las arcas fiscales de las futuras administraciones.
Idea que comparte también la docente de la Universidad de Los Andes, quien señaló que "la mayoría de los derechos sociales que se han ido incorporando requieren prestaciones del Estado y éstas requieren que sean financiadas y eso que el Estado tenga recursos. Ya estamos en una situación compleja en cuanto a gasto público y esto va a generar necesariamente más gasto. Por otro lado, para que el Estado tenga más recursos se necesita que recaude más impuestos y eso también está relacionado con la productividad a nivel país y me parece que la Convención no está dando las señalas claras para ello".
No obstante, Couso detalló que "todos los tratados internacionales de Derechos Humanos hablan de la realización progresiva (de los derechos sociales) y de acuerdo a las posibilidades económicas de los países. Lo importante es el reconocimiento de un derecho social, pero obviamente como lo han establecido en Colombia, donde hay muchos derechos sociales, se ha planteado por parte de la propia Corte Constitucional, que el sistema colombiano instauró el principio de sustentabilidad fiscal de la realización de los derechos. Esto no es un pacto suicida".
Figueroa además complementó que se debe tener en cuenta que es "la legislación y la propia política pública la que va a ir determinando el modo, la temporalidad, la profundidad en que eso se va haciendo posible. Es muy importante para la estabilidad de los países que la garantía de los derechos sociales esté asociada también a la posibilidad que el propio Estado tiene de responder hacia eso".
"Me imagino también que eso podrá ser parte del debate constitucional y luego de la legislación y la política pública (...) Es un poco la definición que tiene que tomar Chile como país de cómo va a ir haciendo ese trabajo", precisó.
Expectativas versus realidad
Además, Couso expresó que "es importante que la ciudadanía esté alertada, supongo que esa información se va a dar a las personas en el sentido de que un Estado tiene muchas tareas a su cargo, tiene que ofrecer seguridad pública, preocuparse de la defensa nacional, de la infraestructura, de todo. Por ejemplo, el derecho al debido proceso implica un gasto de miles de millones de dólares en abogados defensores, en jueces, en tribunales".
"Ahí va a haber una labor importante en pedagogía que va a tener que hacer la Convención, de explicar que aquí no se puede poner en riesgo la economía que hace posible hacer sustentablemente en el tiempo estos derechos sociales", acotó.
De acuerdo a Figueroa, "las expectativas siempre tienen que trabajarse en la política, eso no es un tema de la Convención, es un tema de la política ne general (...) También es importante que cuando la Convención comunique sea esta consagración de derechos y todo el sistema político, cuando se definan cómo esto se va a ir implementando, se va ir garantizando, ampliando, me parece que es muy relevante la responsabilidad de las autoridades de cómo van comunicando ese proceso".
Finalmente, Bertelsen consideró que "esto va a necesitar una regulación en la ley, o sea, no basta que esté en la Constitución el derecho a la vivienda o el derecho a la salud, sino que todo va a requerir un trabajo del Congreso posteriormente. Ya con el hecho de la cantidad de materias me lleva a pensar que esto se va a demorar varios años (...) Efectivamente esto no va a ser automático y además se requieren de mucho más detalle de la administración (del Ejecutivo), de cómo se hace la bajada y la implementación de estos derechos. Entonces sí me parece que tienen que bajarse las expectativas de la población (...) la Constitución no le va a arreglar todos los problemas a la gente".
