El último informe de la Comisión de Medio Ambiente llegará al pleno de la Convención Constitucional durante esta tarde. Desde las 12:00 de hoy, los convencionales debatirán y votarán en total 54 artículos que incluyen el estatuto del agua, de la minería, del espacio, normas de soberanía alimentaria, sistema económico y política fiscal y más.
Si el informe no se rechaza en general -posibilidad que ya están estudiando distintos colectivos-, el pleno deberá pronunciarse sobre las normas y varias decenas de indicaciones, y todo lo que alcance al menos 103 votos pasará al borrador de nueva Constitución. Hay al menos dos temas relevantes en los que los colectivos de centroizquierda e izquierda de la comisión se pusieron de acuerdo: agua y minería.
"Sobre este informe, debido a la complejidad de sus temáticas, diría que en gran parte de él se lograron acuerdos. Hay otras temáticas que no se lograron cerrar así que vamos a devolverlas a la comisión para seguir.
La idea es que alrededor de la mitad del informe sea aprobado y la otra mitad vamos a seguir trabajándola", explica a
Emol el coordinador de la comisión,
Juan José Martin (INN).
Sobre el agua, la comisión propone que el Estado tiene el deber de protegerlas y también su ciclo hidrológico, y el pleno deberá decidir si dejar en el borrador de Constitución el orden de uso prioritario de estas. Según aparece en el informe, el orden de prelación es: "el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas".
No obstante, se especifica que "siempre prevalecerá el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas".
De acuerdo con esta nueva regulación, el Estado podría autorizar el uso de las aguas, pero este permiso "será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento" y además, estará sujeto a obligaciones de
protección y a causales de caducidad y revocación.
Asimismo, uno de los artículos propuestos dice que "la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación".
Las normas sobre minería
Los artículos sobre minería que votará la Convención esta jornada también captaron la atención en las últimas semanas, porque se habían aprobado en general propuestas que nacionalizaban las empresas mineras.
No obstante, la propuesta que consensuó la comisión se aleja de esas posturas. Primero, el texto consagra que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional".
Además, se especifica que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional".
Medio Ambiente asimismo propone que "toda actividad minera debe restaurar la Naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre o paralización".
Sobre las autorizaciones mineras, se consagró que se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento "transparente e informado a la ciudadanía" y que estas no otorgan propiedad. En tanto, la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de estos permisos serán competencia de "un órgano administrativo".
La indicación de la nacionalización
Quien no quedó conforme con esta propuesta e impulsa una indicación que contempla la posibilidad de nacionalizar empresas que desarrollen actividades mineras es Isabel Godoy (pueblo colla), quien acusa que "se negoció, se llegaron a consensos pero bajo la presión misma de la Convención por los plazos, porque hay que cumplir. También por los famosos 2/3 ".
"Se juntaron 70 mil firmas de "Con mi plata no", pero en el estallido social la gente no gritaba "Con mi plata no", sí gritaban por la nacionalización del cobre. Entonces
mi decepción de este informe es que no huele a pueblo, eso es. Yo no vine aquí por un proceso representativo, vine por un proceso participativo. Hice talleres de normas populares, dije que podía quedar plasmada la voz del pueblo en este proceso. Pero eso no ha pasado", alega Godoy.
La propuesta que apoya Godoy -y aparece de autoría de Ivanna Olivares- es una que señala que "la ley podrá nacionalizar empresas que desarrollen actividades mineras. La nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes". No obstante, esto ya fue rechazado en particular en la comisión.
En tanto, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI) pone el foco sobre los nuevos permisos que se entregarían para la explotación de las minas o el uso de agua, que, a su juicio no bastan para consagrar un modelo económico que sustente los derechos sociales aprobados el martes.
"El martes hicimos un largo listado de derechos sociales, que son aspiraciones de miles de chilenos. Pero la verdad es que nada de eso se puede efectivamente cumplir si no tenemos los recursos del caso, si el Estado no tiene los dineros que les permitan ir en apoyo y financiar estos derechos", plantea Álvarez.
En ese sentido, de acuerdo con el convencional los recursos de la minería y de la energía son fundamentales, pero "lo que vamos a ver hoy es una discusión entre sectores que creen que basta con permisos o concesiones que entrega el Estado, que son caducables, temporales, o si necesitas un estatuto de derechos. Lo que tenemos hoy es un estatuto de derechos, con los cuales se pueden hacer inversiones a largo plazo, tener estabilidad y financiamiento".
Entre otros temas que están cubiertos en el informe se encuentra la protección de la criósfera, los glaciares y los bosques nativos; una disposición que establece que el ordenamiento territorial está guiado por la ubicación de las cuencas hidrográficas; el reconocimiento estatal de que "el Espacio es común a todas las personas y seres vivos"; y, en materia económica, la existencia de un "Consejo de Planificación" integrado por el Ejecutivo, Legislativo, regiones, comunas, pueblos indígenas, trabajadores, empresarios y universidades públicas que será el foro para la discusión del "Plan Nacional para el Buen Vivir".
