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Delegado presidencial de La Araucanía advierte que inicio del diálogo en la zona va a estar "mediado" por la Convención

La autoridad sostuvo que las conversaciones para intentar poner fin a la violencia que afecta a la región aún no tienen fecha de inicio, a la espera de lo que defina el órgano sobre el reconocimiento de los pueblos originarios.

24 de Abril de 2022 | 10:42 | Por Felipe Vargas, Emol
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La autoridad sostuvo que "quienes participan de hechos violentos dañan el proceso de convivencia" en la región.

El Mercurio.
El delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, aseguró este domingo que el Gobierno aún no tiene fecha para iniciar un proceso de diálogo que permita abordar la crisis de seguridad que enfrenta la zona, el cual a su juicio debe aguardar las definiciones que adoptará la Convención Constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos originarios.

En entrevista con el diario El Austral, la autoridad respondió de esa forma a las dudas planteadas por la Multigremial de la región, que afirmó que dicho proceso se iniciará una vez que ocurra el Plebiscito de salida en el que se votará sobre la aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional que aún está en elaboración..

Al respecto, Allard recordó que "llevamos un poco más de un mes en el Gobierno y el programa del Presidente Boric es clarísimo, vamos a llevar adelante un dialogo político en la región y eso va a requerir de todos. Nosotros conversamos de ese tema con la multigremial y ellos saben que todos tenemos que estar disponibles".

En esa línea, recalcó que sobre el inicio de las conversaciones "no hay fecha, tenemos cuatro años para llevar adelante este proceso. Se va a realizar y convocará a todos los actores. Ahora, el inicio del diálogo político va a estar mediado por la Convención, porque va a establecer importantes definiciones que tendrán relación con el diálogo político".

"Entre esas definiciones, está la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos originarios", agregó, junto con defender la estrategia judicial que ha adoptado el Ejecutivo para enfrentar los casos de violencia, en los cuales ha optado por no presentar querellas por ley antiterrorista o por seguridad interior del Estado, sino que por delitos comunes.

Sobre ese punto, indicó que el presentar acciones judiciales a través de esos instrumentos legales "complican la persecución penal y dificultan la sanción" de los casos porque "eleva el estándar probatorio (...) entonces, llamamos a los sectores políticos a no instrumentalizar políticamente hechos dolorosos que queremos perseguir para buscar culpabilidades", subrayó.
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