La ministra de Desarrollo Social inició el pasado 21 de abril su gira por La Araucanía para sostener diversas reuniones y encuentros con autoridades y organizaciones chilenas y mapuche. Esto, con el objetivo de avanzar en diálogo, definir las prioridades a trabajar y presentar el plan de trabajo que el Gobierno tiene en la zona.
En ese sentido, el rol de la ministra Vega será de
coordinadora interministerial de La Araucanía, lo que implica que encarnará los esfuerzos del Estado para poder enfrentar el universo de problemas que hay en la zona, entre ellas, las materias asociadas a la Conadi.
Según explicó la ministra la semana pasada a 24 Horas, "nuestro rol es fundamentalmente asegurar que las obras que se requieren en la región, que la conversación respecto a la entrega de predios, caminos, agua, se produzca de manera sincrónica y trabajando en conjunto todos los ministerios".
El resto de los componentes para la estrategia de la macrozona sur seguirán su curso como se ha definido hasta ahora. Ésta se compone de la Comisión de Reparación y Verdad para víctimas mapuche y no mapuche; los diálogos con la comunidad; y la agenda de seguridad, a cargo del Ministerio del Interior.
Compra de terrenos
En cuanto a la demanda por recuperación de tierras, la ministra Vega ha enfatizado que el actual Gobierno buscará "reactivar el proceso de compra de tierras", lo que no implica que "vayamos a preguntar a las forestales qué tierras quieren vender o a las comunidades mapuches qué tierras quieren", aclaró al citado medio. Esto, porque se trata de un proceso complejo, de múltiples aristas, donde hay una serie de intereses en juego.
Es por lo anterior que el Gobierno recibirá el listado de las prioridades de tierras de los distintos actores y luego contrastar con el listado que Conadi tiene como prioridad para compra, las que corresponden a aquellas con títulos de merced. En la actualidad, según ha detallado la autoridad,
hay peticiones de tierras por 300 mil hectáreas, son embargo, sólo la mitad es admisible por reunir las condiciones necesarias, incluyendo dichos títulos.
Ahora bien, para conseguir adelante con esas 150 mil hectáreas admisibles, el Gobierno requiere una cantidad de dinero que la ministra ha advertido, no existe.
"La subejecución en 2020 fue de un 80% respecto de un presupuesto de alrededor de 65 mil millones de pesos, es decir, que se hizo sólo el 20%. En 2021, la subejecución bajó a un 40% más o menos, es decir, que se hizo sólo un 60%. Por lo tanto, uno puede calcular, dependiendo del precio de la hectárea, cuánto fue lo que no se decidió comprar, dinero que volvió al tesoro público, por lo que no está disponible", aclaró Vega al Austral de Temuco.
Así, al retraso en dos años se suma un presupuesto menor que el histórico. En definitiva, hoy el Gobierno dispone de 20 mil millones de pesos para un presupuesto histórico de $65 mil millones.
Según explicó Vega, "teóricamente, si ejecutáramos y compráramos todos los predios que están con su proceso, nos faltarían $75 mil millones que es lo que tenemos listo, en circunstancias que lo que disponemos son $20 mil millones".
En cuanto a las prioridades de entrega de tierras, afirmó que "no hay aún una metodología clara", sin embargo ya se estableció que "no sean comunidades que tengan tierras tomadas".
Por eso, afirmó que se ahora se deberán buscar opciones para allegar más recursos "o ver qué hacemos", porque si bien se podrá avanzar, aclaró que no será "al nivel que a nosotros nos gustaría".
