En medio de la movilización desplegada ayer por los camioneros y que generaron atochamientos en distintos puntos del país, el Gobierno decidió aplicar
la ley de seguridad interior del Estado con el fin de desplegar el bloque de las rutas.
"Sepan de que no es aceptable y es nuestro deber como Gobierno, y mi deber como Presidente de la República, garantizar el libre tránsito por nuestro país. Por lo tanto, hemos dado plazo hasta las 4 de la tarde para que se liberen las vías. Sino, imperará la ley y nosotros como Gobierno vamos a hacer valer la ley", dijo ayer el Presidente Gabriel Boric, respaldando el ultimátum que ya había dado la titular del Interior, Izkia Siches, a los transportistas.
Hoy, en tanto, Interior informó la presentación de siete querellas por ley de seguridad interior del estado a lo largo del país, a las que se suman dos ya anunciadas anoche por la cartera.
El tema ha generado respaldo en el oficialismo, sector desde donde valoraron la medida. Mientras que en la oposición reprocharon, por ejemplo, que medidas de este tipo no se apliquen en otros casos tanto o más graves.
Voces a favor
El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva (PS), comentó a Emol que "yo apoyo la decisión de la ministra del Interior, me parece bien que se aplique la normativa vigente, ahí claramente había una perturbación grave del orden público que podría afectar a gran parte de la Región Metropolitana, dentro de un marco en que ni siquiera se había iniciado ningún tipo de negociación. Así que me parece pertinente absolutamente la decisión de la ministra de querellarse por ley de seguridad interior del estado, porque es lo que corresponde".
En la misma línea, el también integrante de la instancia, el diputado Jaime Araya (PPD) comentó que "me parece que el Gobierno actuó como corresponde, utilizando las herramientas que entrega la Constitución y la ley para enfrentar este tipo de situaciones. Me parece que se ha hecho de manera ponderada, se hicieron todas las invitaciones al diálogo y lo que corresponde es actuar con decisión y yo respaldo plenamente esto".
"Lo importante es asegurar que las legítimas manifestaciones y las demandas que puedan tener los camioneros, no pueden generar la alteración que se estaba viviendo en distintas partes del país. Me parece que cuando se trata de materias de orden público no se puede actuar sin ningún complejo", precisó Araya.
En entrevista con EmolTV, el senador José Miguel Insulza (PS) opinó que "fue un acto valiente de parte del Presidente y de la ministra del Interior (...) él hizo lo que tenía que hacer, el país no puede estar paralizado, es algo muy dañino no solo para la economía, sino para el estado de ánimo de las personas (...) Yo creo que hubieran estado estacionados en la Plaza Italia probablemente les habrían aplicado la ley antibarricadas".
Críticas oposición
Al contrario desde la oposición han acusado "confusión" en la estrategia del Gobierno, así el timonel de la UDI, Javier Macaya, planteó a Tele13 Radio que "el Gobierno necesita tener una actitud proactiva y decidida en el tema del orden público en general y eso incluye a cualquier grupo, desde La Araucanía, hasta los propios camioneros que pueden tener afinidad con nuestro sector, pero las señales han sido ambiguas en esta materia".
Según Macaya, en esto hay "señales contradictorias" y una actitud "confusa" de La Moneda, pues argumentó que si bien "da un ultimátum a los camioneros, pero en La Araucanía, en el norte apropósito de la inmigración o en la misma Plaza Baquedano los viernes se muestra condescendiente. Eso a mi juicio demuestra que hay falta de estrategia".
Por su parte, el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, recordó por su cuenta de Twitter que la "ministra Izkia Siches cuando llegó, retiró las querellas de ley de seguridad del estado contra delincuentes y ahora la utiliza contra los conductores de camiones. La confusión y contradicción de la ministra es total".
De hecho, la bancada RN y partidos de la oposición están impulsando una comisión investigadora al Ministerio del Interior por faltas al resguardo del orden público y seguridad, según acusaron.
Mientras que el ex subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, aludió en la misma red social a que "en enero del 2021, el actual ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y el actual Subdere, Miguel Crispi, junto a otros connotados, impulsaron un proyecto para derogar la ley de seguridad interior del estado" que ayer aplicó el Gobierno.
El diputado Araya separó los temas, argumentando que ésta "es una señal clara que ha dado el Gobierno actual, la ministra del Interior, que entiendo que no ha ejercido cargos parlamentarios anteriores, por tanto, ella no tiene que dar respuesta por actuaciones de otros ministros (...) era una demostración que era necesaria, que aquí no hay complejos para cuidar el orden público".
El diputado Leiva, en tanto, acotó que lo que pasa en la macrozona sur "son circunstancias totalmente distintas y quién pondera la adopción de medidas de esta naturaleza es conforme a la ley, exclusivamente el Ministerio del Interior, y está ejerciendo esa atribución".
Con esto, Insulza recordó que él mismo fue partidario de terminar con esa legislación o reducirla sustantivamente, pero acotó que "hay algunos delitos y algunas faltas que solo están en la ley de seguridad interior del estado", aunque agregó que para otros delitos también hay legislaciones con sanciones fuertes. "Creo que esa ley últimamente nos ha creado más problemas que traído beneficios", concluyó.
