El jueves pasado marcó un punto de inflexión en la Convención. Luego de que socialistas y otros convencionales no dieran sus votos para aprobar en general el segundo informe de la comisión de Medio ambiente, algunos "ecoconstituyentes" les gritaron en el pleno "traidores", los criticaron públicamente y Constanza San Juan (independiente) leyó ante la prensa los nombres de dichos convencionales, vociferando: "Ellos van a tener que responderle a todo el país".
El enojo se debió, según explicaron, a que habían realizado mesas de trabajo con todos los sectores de izquierda, por lo que no esperaban el rechazo en general. También afirmaron que al haberse rechazado el articulado completo a solo tres semanas del término de los plenos de deliberación, no tendrán tiempo para perfeccionar las iniciativas que sean rechazadas en particular en una nueva votación.
Pero los socialistas apuntan a que los "ecoconstituyentes" buscan una regulación ambiental exhaustivamente detallada en la Constitución y que, ante ello,
ya les habían explicitado que no los apoyarían.
Por ejemplo, San Juan —activista contra el proyecto Pascua Lama— había presentado un estatuto completo de glaciares, que si bien fue modificado en la comisión, todavía es demasiado para los socialistas, quienes plantean que la Constitución solo debiese hacer una referencia al punto y dejar los detalles al legislador. Sin embargo, a juicio de los "ecoconstituyentes", ellos ya cedieron suficiente en demandas que surgen del activismo medioambiental.
Si bien este ha sido uno de los enfrentamientos más duros y públicos entre convencionales, no es el único. Y a solo dos semanas del término del trabajo de las comisiones temáticas, cuando deben cerrar los últimos acuerdos, varias definiciones están generando divisiones.
Varias izquierdas
Ejemplo de ello ha sido la discusión al interior de la comisión de Sistema político entre independientes y militantes de partidos políticos. Los primeros han impulsado que las listas de independientes puedan participar en elecciones, algo a lo que la comisión le ha ido cerrando la puerta.
Las diferencias quedaron claras este lunes cuando en las negociaciones para una nueva propuesta de dicha comisión, donde se aborda el sistema electoral, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyentes se restaron del acuerdo firmado por el Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno (PC e independientes afines), Mov. Sociales Constituyentes, INN y parte de los escaños reservados.
"Nos pasaron máquina", dicen en privado quienes se restaron. Mientras, desde el Colectivo Socialista y Chile Digno afirman que no cederán. "Buscamos poner medidas que fortalezcan organizaciones y partidos políticos, no que los debiliten", precisan.
Tensión hasta el final
En la misma comisión, desde su instalación, los partidos políticos han tenido diferencias clave: mientras Frente Amplio y Chile Digno buscaban un Congreso unicameral, el Colectivo Socialista e INN impulsaban un bicameralismo asimétrico.
Las últimas semanas, las negociaciones se han centrado en las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado, pero los acuerdos alcanzados se han caído en dos ocasiones.
Ahora que la comisión tiene la última oportunidad ante el pleno, algunos suscribieron el último acuerdo a regañadientes. Este lunes Chile Digno —pese a que finalmente firmó— no se convencía de algunas atribuciones de esta segunda cámara que para el Colectivo Socialista eran intransables, por ejemplo, que conozca leyes sobre derechos sociales y que eroguen gasto público.
Todas estas asperezas deberán limarse rápido porque deben consensuar también la implementación del futuro sistema político que se propondrá a través de normas transitorias.
Miedo al rechazo
Otro punto en tensión son las demandas de los pueblos originarios. Hasta ahora, han conseguido los apoyos para tener en el proyecto de Constitución que Chile es un Estado plurinacional y que existirá pluralismo jurídico, entre otros artículos.
Pero para los escaños reservados falta un punto clave por zanjar: el reconocimiento de tierras y territorio.
Son dos informes los que contienen normas relacionadas. El primero se vota hoy en el pleno y es parte del catálogo de derechos de los pueblos indígenas, y el segundo está contenido en el informe de la comisión de Derechos Fundamentales, que se votará la próxima semana. "La norma que presenta la comisión de pueblos indígenas es más robusta, acorde con los estándares internacionales y temo que seguramente la van a devolver", dice Rosa Catrileo (mapuche).
Es que tienen dudas sobre el apoyo que tendrán de ahora en adelante en el pleno. Lo dejó entrever el 20 de abril Elisa Loncon (mapuche), quien cuestionó en sesión plenaria los cupos para escaños reservados en las próximas comisiones de Armonización, Normas transitorias y Preámbulo. "No me gustaría que las fuerzas progresistas empezaran a sentir miedo a partir del discurso que le está colocando la derecha del rechazo (...) y en función de eso empezar a reducir los derechos de quienes hemos llegado aquí", sentenció.
Los representantes de pueblos originarios también tienen otra discusión, esta vez con los "ecoconstituyentes", en relación con los bienes naturales comunes. Los primeros buscan derechos de propiedad, especialmente sobre aguas, mientras los segundos han mantenido que agua, bosques nativos y minerales deben ser inapropiables.
Si bien ya es parte del proyecto de Constitución que los bienes comunes naturales son inapropiables y que "el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes inapropiables", el tema no está del todo zanjado. En la comisión de Derechos Fundamentales se aprobó el artículo que establece que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”, lo que no es compartido por todos los sectores de la izquierda. Esto será votado en el pleno el miércoles.
Centralismo
La conformación de un Estado Regional no ha sido fácil. La aprobación este martes del artículo propuesto por la comisión de Forma de Estado que establece que "cada comuna autónoma tendrá un estatuto comunal elaborado y discutido por el Concejo Municipal" había generado varias discusiones en esa instancia.
Si bien ahora la idea tuvo el apoyo del pleno, en febrero la situación fue distinta. En ese momento se rechazó la idea de contar con Asambleas Legislativas Regionales. "Increíble, feministas contra el empoderamiento de los territorios (…)", decía en redes sociales la coordinadora de la comisión, Jeniffer Mella (Frente Amplio).
El problema fue que "había un sector del Frente Amplio que no estaba de acuerdo porque eran de una parada unicameral", explican. Pero tampoco contaron con el apoyo de Chile Digno, quienes "buscaban que el Estado tenga más poder, pero centralizado", sostienen.
Aunque fueron aprobadas, las asambleas no lograron todas las atribuciones planteadas inicialmente: el presupuesto no lo definirán las regiones, pero sí cómo se gastará.
Distintas derechas
Con menos desencuentros públicos, también ha habido diferencias en la derecha. Lo que partió como el colectivo Vamos por Chile, con 37 convencionales, ahora está dividido en cinco conglomerados: Independientes-RN-Evópoli, Chile Libre, Un Chile Unido, Unidos por Chile y Somos Región.
Si bien la razón de la división, explican, era un asunto estratégico, por los tiempos para tomar la palabra o de coordinación, Angélica Tepper (Somos Región) dice que no tienen grandes diferencias, pero "nuestra mirada es muchas veces distinta, al igual que nuestras votaciones".
Se ven algunos matices: mientras la UDI y los republicanos rechazan la mayoría de las normas, Somos Región e Independientes-RN-Evópoli han aprobado algunas.
