El Presidente Boric ha declarado que él y el Gobierno no son neutrales frente al trabajo de la Convención. Esa declaración es importante, aunque no está del todo claro su contenido.
Para averiguarlo es necesario distinguir entre neutralidad e imparcialidad. La distinción lleva a concluir que el Gobierno puede ser no neutral, pero debe ser imparcial.
La palabra neutralidad (si se atiende a su etimología) alude a una actitud que se adopta frente a dos posiciones encontradas sin adherir ni a una ni a otra. En un debate, por ejemplo, la neutralidad equivale a escuchar cuidadosamente los argumentos sin adherir ex ante a ninguno de ellos. Un profesor es neutral cuando al plantear un problema a los estudiantes se dispone a valorar los argumentos que ellos entreguen, pero sin tomar de manera anticipada partido por ninguno. Un juez es neutral cuando sin inclinarse personalmente por ninguna de las demandas, solo examina cuál de ellas se ajusta al derecho vigente.
Así, entendido el concepto, es obvio que el Gobierno no puede ser neutral.
Pretenderlo sería absurdo. Y si el Gobierno declarara serlo, estaría mintiendo. No cabe duda de que el Presidente Boric y el gabinete tienen ideas que fundan sus preferencias acerca de cuestiones como el sistema político, los derechos sociales o el control constitucional. Y hay que celebrarlo. Si no las tuvieran sería preocupante. Porque si puede ser comprensible que un gobierno sea inexperto y a veces torpe, sería alarmante que no tuviera ideas.
Así entonces, el Presidente Boric tiene razón cuando dice no ser neutral en el debate sobre las reglas constitucionales.
Pero si está bien que sea no neutral, estaría muy mal que no fuera imparcial.
A diferencia de la neutralidad (que sería absurdo exigir al Gobierno), la imparcialidad alude a una actitud de riguroso cumplimiento de las reglas del debate y a la igual consideración y respeto que merecen todos quienes participan de él. Por eso en la literatura a la imparcialidad se la hace sinónima de corrección o rectitud, y suele describírsela como un punto de vista impersonal. Así se puede ser no neutral, pero hay que ser imparcial.
Un árbitro, por ejemplo, puede tener su preferido en un partido, pero a la hora de decidir las controversias, los fouls, las patadas, o decidir si hubo o no un gol, no debe lealtad al equipo de sus amores, sino a las reglas. Lo mismo un juez. Él puede preferir que gane uno de los litigantes, pero debe tratar con la misma deferencia a todos, y a la hora de dictar sentencia debe atender a lo que la ley dice, no a lo que él prefiere. E igual un profesor: debe tratar con la misma consideración y respeto a todos los estudiantes y a la hora de juzgar cuál expone el mejor argumento, debe lealtad a las reglas de su disciplina y no a la simpatía que ellos le despierten. Podemos llamar a esa actitud imparcialidad.
Si esa distinción se acepta, entonces puede concluirse que el Presidente Boric y el Gobierno tienen el derecho a ser no neutrales, pero tienen la obligación de ser imparciales.
Y ¿qué significa ser imparcial en el debate constitucional? Es simple.
Significa aceptar y declarar que ambas alternativas (tanto el apruebo como el rechazo)
son legítimas; que el Gobierno no debe aprovechar los recursos del Estado para promover su propia preferencia (puesto que la ciudadanía puso en sus manos al Estado para que gobierne, no para que apoye a algunos de los sectores de la Convención); que el Presidente debe instar a los ciudadanos a que juzguen por sí mismos el texto que la Convención finalmente les propondrá (sin estimular una adhesión o rechazo ex ante), y que el Presidente y el Gobierno deben garantizar que fuere cual fuere la opción de la ciudadanía (sea que acepte o rechace la propuesta de la Convención), la vida en común no se verá alterada por aquellos que se propongan, anuncien o promuevan resistir el resultado.
