El plan incluye mejoras en seguridad en las rutas concesionadas del sur del país, con más vigilancia y pórticos (imagen referencial).
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Las autoridades del ministerio del Interior, Izkia Siches y el subsecretario Manuel Monsalve, anunciaron este viernes una serie de medidas "estratégicas y operativas" para combatir los hechos de violencia que afectan a la macrozona sur del país; crisis acrecentada por la quema de 33 vehículos a una empresa de áridos en Los Álamos, en la región del Biobío.
Aunque había sido una solicitud recurrente por parte de distintos gremios, incluyendo el de camioneros, el Ejecutivo descartó implementar un estado de excepción en la macrozona sur, por considerar que "hay muchas medidas que tomar antes de implementar una opción como ésta y no permite ni dota a las capacidades locales algo muy sustantivo", según expresó Siches.
Así, el principal anuncio apunta a una inversión de $5.500 millones que durante la próxima semana se va a materializar en la compra de un conjunto de equipamiento para mejorar las condiciones de seguridad, en un trabajo que se realizará en coordinación con los gobernadores de La Araucanía y El Biobío.
Además, para fortalecer las medidas de seguridad, se trasladará a la zona el general director de Orden y Seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, para reunirse con los mandos operativos del Biobío y La Araucanía, para "tomar medidas inmediatas y directas; visibles, palpables y eficaces para la seguridad de los ciudadanos", detalló Monsalve.
La autoridad detalló que también se trabaja en medidas en materia de obras públicas, puesto que este aspecto "tiene una gran incidencia en las condiciones de seguridad, pues las principales rutas del sur de Chile son concesionadas y se nos ha pedido avanzar en pórticos, cámaras y zonas de descanso para el transporte".
A ello, se suma el anuncio del fortalecimiento de políticas del Estado para atender oportunamente a víctimas de la violencia. En ese sentido, el subsecretario aclaró que "habrá medidas que van a mejorar la oportunidad de ayuda a víctimas, pero también incorpora a quienes estaban fuera de las políticas de reparación, como los conductores de los medios de transporte".
En cuanto a lo estratégico, Monsalve afirmó que habrá una "coordinación de todas las capacidades del Estado", para prevenir y sancionar los delitos que se cometen en la zona.
