En medio del debate sobre la neutralidad del Gobierno y la prescindencia, los diputados
Andrés Longton (RN)
y Chiara Barchiesi (Partido Republicano), recurrirán a Contraloría por el supuesto intervencionismo que habrían realizado algunas autoridades de la Región de Valparaíso, en favor del Apruebo a una nueva Constitución.
Según consignó hoy El Mercurio de Valparaíso, el primer caso surgió tras un video en el que la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, anunciaba la apertura de una oficina constituyente municipal para "desde ya empezar a preparar la aprobación de esta nueva Constitución".
Ante esto, el jefe de la bancada de RN en la Cámara Baja, Andrés Longton, consideró que lejos de tener la misión de informar, la oficina constituyente "no es más que un espacio para convencer a la gente de que vote a favor del Apruebo".
Así, Longton ve un "claro intervencionismo que, tal como lo ha señalado el contralor, es una falta grave a la probidad, que se sirve de recursos y de funcionarios públicos que operan dentro de su jornada laboral y lejos de sus funciones habituales".
Por su parte, la subjefa de los diputados Republicanos, Barchiesi apuntó a una actividad en la Municipalidad de Quintero donde participaron la delegada presidencial regional, Sofía González y el seremi de Salud, Mario Parada.
En la ocasión, este último habría dicho "esperar, de verdad, que la Constitución nueva sea aprobada y nos permita salir de ese zapato chino", haciendo referencia al reembolso de gastos en Salud.
Mientras que la diputada sostuvo que la "delegada mencionó que tenían que exigirles a los parlamentarios que se hagan cambios más profundos y que estos vayan de la mano de la nueva Constitución".
Por ello, expresó que irá junto a Longton hasta la Contraloría Regional para pedir que "se verifique que estos hechos y otros más, podrían constituir intervención electoral de funcionarios públicos en horario de trabajo y con recursos estatales".
En tanto, la delegada presidencial regional dijo que si bien tenían una opinión personal del tema, estaba consciente de que su rol debe ser "garantizar que todos y todas cuenten con información fidedigna y clara respecto a la discusión de la Convención, para desde ahí tomar la definición que más le represente".
Y agregó que la misma orientación, "fue dada al gabinete regional con el fin de respetar lo planteado por Contraloría, pero también para garantizar el legítimo derecho que tenemos de expresar nuestras opiniones e ideas fuera de nuestro horario laboral y sin involucrar recursos del Estado".
