Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes) fue elegida como convencional por el distrito 23 de La Araucanía. En 2018, en el contexto del caso Huracán, fue abogada defensora del comunero Martín Curiche, quien fue sobreseído, y hace menos de un mes se convirtió en una de las voceras del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
Desde su punto de vista, ligado al activismo, asegura que "esta Constitución es la primera que se va a escribir en el contexto de la emergencia climática, y por lo tanto, todos los contenidos ambientales que hoy estamos debatiendo son inéditos y vanguardistas", pero que ha habido "reticencias" sobre algunos artículos propuestos por la comisión de Medio Ambiente en esa línea.
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El jueves pasado, algunos convencionales tildaron de traidores a los integrantes del Colectivo Socialista. ¿Por qué se les considera traidores?
—Lo que pasó fue que se había trabajado durante bastante tiempo con integrantes del Partido Socialista, pero que finalmente no votaron en plenitud por la propuesta. Para algunos significó una traición, para otros estaba dentro del juego del flujo de las normas, pero yo creo que hay que desdramatizar.
—¿Qué acuerdos tenían y que se habrían roto ese día en la votación?
—En relación con el modelo económico habían normas en las que había participado el Colectivo Socialista y también respecto a ciertos estatutos. Ahora, entiendo que hay diferencias respecto al estatuto del agua, básicamente por la extensión, y ahí el nudo más relevante dice relación con el estatuto minero, con el rol que tiene que tener el Estado sobre los minerales, de quién va a ser su propiedad y finalmente cómo se distribuye.
—¿Cómo afectó lo ocurrido el jueves la relación entre los colectivos de izquierda?
—Yo creo que hay falta de experiencia política en las decisiones que se tomaron (…). Creo que es necesario un diálogo político, pero también es necesario hacernos responsables de las malas prácticas, del mal funcionamiento de la institucionalidad en materia ambiental. Creo que las conversaciones están, las voluntades están, porque al final del día es tan evidente la necesidad de proteger la naturaleza, que ahí nos vamos a encontrar sí o sí.
—¿A quién le faltó experiencia política?
—Creo que la experiencia política de quienes venimos desde el mundo independiente, los movimientos sociales, es distinta y muchas veces la falta de compromiso con la palabra genera muchas frustraciones y mucha rabia. Pero tampoco podemos exponer esas diferencias internas de la Convención frente a terceros, porque creemos que eso también genera daño. En ese sentido, la experiencia política, que yo tampoco digo que la tenga mucho, te hace tomar las cosas con más reflexión.
—¿Cuáles son, a su juicio, aquellos temas en los cuales como "ecoconstituyentes" no pueden transar?
—El mundo de los "ecoconstituyentes" es muy diverso, pero creemos en la existencia de los derechos de la naturaleza, de los bienes comunes naturales, de estatutos diferenciados respecto a ciertos bienes de la naturaleza. Para mí, que vengo de La Araucanía, es muy importante la protección del bosque nativo, poner límites a la explotación forestal, una planificación de los usos de suelo. También es importante que exista gobernanza de las comunidades.
—Este lunes se aprobó, en una indicación para el informe de reemplazo del tercer bloque de la comisión de Sistemas de justicia, la creación de la Defensoría de la Naturaleza, cuyas atribuciones las determinará la ley. ¿Cuáles debiesen ser estas?
—Hay una propuesta dentro de la Defensoría de la Naturaleza que establece que las atribuciones, por un lado, son generar propuestas a los órganos de administración del Estado, fiscalizar el funcionamiento de ellos en materia ambiental, promover la protección de los derechos ambientales y de la naturaleza, pero también tiene la facultad de presentar acciones legales y constitucionales en materias ambientales, y eso va de la mano con la existencia de tribunales ambientales.
—Durante las últimas semanas también representantes de pueblos originarios han tenido tensiones con otros colectivos. Con los "ecoconstituyentes" han tenido diferencias explícitas en torno a la propiedad de bienes comunes naturales. ¿Cómo se resuelven esas diferencias?
—Es súper interesante porque son discusiones respecto a cómo nos vinculamos como personas con la naturaleza.
"Es importante transparentar que efectivamente los pueblos del norte poseen derechos de agua en base a sus derechos ancestrales, los pueblos del sur, hablo del pueblo mapuche, mayoritariamente no posee derechos de agua (…). Ahora, creo que más allá de las diferencias, hay un punto en común y es que en la filosofía de los pueblos indígenas, a nivel internacional, el cuidado y la protección de la naturaleza es central (…). Eso también se recoge desde el mundo ambientalista".
—Ya es parte del proyecto de Constitución el artículo sobre pluralismo jurídico, pero no establece un marco regulatorio y lo deja a la ley. ¿Cree que con eso es suficiente?
—El debate respecto al pluralismo jurídico ha sido súper interesante dado que no es fácil abordarlo. Primero por la inexistencia, a la fecha, del reconocimiento de los pueblos indígenas y de su historia dentro de los proyectos de Constitución, y por otro lado, también por la reticencia de reconocer que existen derechos ancestrales de los pueblos indígenas. La decisión de que esto tuviera un desarrollo legislativo fue de los propios pueblos originarios y eso hay que respetarlo.
—¿Cuál es su opinión de lo que hoy ocurre en la macrozona sur?
—Creo que, en primer lugar, la violencia que se vive en La Araucanía es un proceso histórico respecto del cual tenemos que asumir una responsabilidad. Muchas personas desconocen la historia reciente.
"Hay que ver que son distintos temas: uno dice relación con las empresas forestales, pero también hay conflictos sociales por el agua, por el territorio, y creo que hoy día tenemos evidentemente un alza de la violencia, tanto desde la protesta social mapuche como también de la represión de la policía, y que esa violencia tiene que resolverse mediante un diálogo (…). Ni a mapuches ni a chilenos de La Araucanía les gusta vivir en ese contexto".
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La propuesta de Constitución ¿ayudará a mejorar la situación?
—La existencia del reconocimiento de los pueblos indígenas, de sus derechos lingüísticos, culturales, territoriales, es un avance para la construcción de este nuevo diálogo. Ahora, yo creo que el tema no se va a resolver en un proceso constituyente. Es un problema histórico. Se va a resolver en una nueva redistribución de las tierras, en una nueva conversación con las empresas forestales.
