Según un grupo importante de convencionales, para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía es necesario contar con nuevas instituciones públicas. Por ello, algunas comisiones temáticas al interior de la Constituyente han propuesto la creación de una serie de organismos, entre ellos varios autónomos, es decir, con independencia administrativa frente al poder central, con personal y presupuesto propios.
Aunque en la administración pública existen más, con rango constitucional actualmente hay cinco órganos autónomos: Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, Servicio Electoral y Tribunal Constitucional (TC).
Pero al cierre de esta edición, el borrador de nueva Constitución
ya sumaba 12 organismos autónomos. Entre ellos están algunos con atribuciones simulares a los ya existentes (Banco Central, Contraloría, Ministerio Público y Corte Constitucional que reemplazaría al TC), otros que actualmente existen, pero sin rango constitucional (Consejo para la Transparencia, Defensoría Penal Pública, Dirección del Servicio Civil y la Defensoría de los Derechos de la Niñez), y otros totalmente nuevos, como son el Consejo de la Justicia, la Agencia Nacional del Agua, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza.
Y se podrían sumar más. Ayer, al cierre de esta edición se esperaba la votación de propuestas de la comisión de Sistemas de conocimientos, que incluía dos organismos autónomos: una Agencia Nacional del Protección de Datos y un Consejo Nacional de Comunicación. Y además, existen otros cuatro que eran creados por normas contenidas en el tercer informe de la comisión de Sistemas de justicia, que el pleno votó este martes y devolvió para una segunda propuesta: un Consejo del Medio Ambiente, una Agencia Nacional del Consumidor, un Consejo de los Pueblos Indígenas y el Servicio Electoral.
De esta manera, si todas las propuestas fueran aprobadas, el borrador de Constitución consagraría un total de 18 órganos autónomos, más que triplicando el número que establece la Carta Magna vigente.
Marisol Peña, académica de la U. del Desarrollo, destaca tres que no tienen tradición en el país: la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y la Agencia Nacional del Agua.
La Defensoría del Pueblo, término que se origina en Suecia con el llamado Ombudsman, tiene como objetivo "la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en Chile", entre otros; la Defensoría de la Naturaleza, impulsado por los "ecoconstituyentes", busca promover y proteger "los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales en esta Constitución, en los tratados internacionales ratificados por Chile frente a los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas". En tanto, la Agencia Nacional del Agua tiene por finalidad "asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras".
Según Peña, "cada vez que se hace la pregunta sobre la creación de un órgano constitucionalmente autónomo la cuestión apunta a interrogarse acerca de si la creación de ese órgano viene a satisfacer una necesidad nueva del Estado que no está siendo cubierta por las funciones tradicionales del Estado".
Algunos convencionales de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, la Coordinadora Plurinacional, escaños reservados, INN y sectores del Frente Amplio defienden la creación de estos por que, por ejemplo, al consagrar que la naturaleza tenía derechos, debía existir un órgano que velara por ellos.
En diciembre, sin embargo, Christian Viera (Frente Amplio), uno de los coordinadores de la comisión de Sistemas de justicia, advertía: "Una carga excesiva de órganos lo que hace es rigidizarlos, y no necesariamente es una profundización democrática. El problema de las autonomías pasa por su integración, y eso no se soluciona necesariamente con la Constitución".
Organismos colegiados
En el borrador de nueva Constitución, a la par que aumenta la cantidad de órganos autónomos, crece la cantidad de consejos. De aprobarse todos, estos sumarían 16.
En la Constitución vigente se mencionan el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo del Banco Central, el Consejo Directivo del Servicio Electoral, el Consejo de Alta Dirección Pública, consejos regionales y comunales.
Ahora, por ejemplo, para la nueva administración regional que propone el borrador de Constitución se considera un Consejo de alcaldes y alcaldesas, un Consejo social regional y un Consejo de gobernaciones. El primero es "un órgano de carácter consultivo", para abordar "las problemáticas de la región autónoma, promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar una cooperación eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley". En tanto, el Social regional tiene como meta promover la participación popular en los asuntos públicos de la región, y el de las gobernaciones "coordinará las relaciones entre el Estado central y las entidades territoriales, velando por el bienestar social y económico equilibrado de la República en su conjunto".
Designaciones
Además, hay propuestas de consejos cuya misión sería designar autoridades. Ya está aprobado el Consejo de la justicia, "encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia" entre cuyas atribuciones se plantea “nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, a todas las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia".
Por otro lado, esta semana generaron una fuerte discusión los artículos propuestos por la comisión de Sistemas de justicia —que fueron rechazados por el pleno, pero tienen aún la posibilidad de ser reformulados— que creaban consejos en el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
Estos establecían que "la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario", al que "le corresponderá designar a la o el Fiscal Nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público".
Este consejo tendría siete integrantes: tres elegidos por los fiscales, uno por funcionarios del Ministerio Público y tres por el Congreso, de ternas elaboradas por Alta Dirección Pública, misma fórmula usada para el Consejo de la Defensoría Penal.
A la luz de los resultados en el pleno, el convencional y miembro de la comisión Mauricio Daza (INN) cree que "se hace difícil mantener un consejo o alguna instancia colegiada de dirección (...) las opciones más viables son redefinir la gobernanza a partir de un modelo unipersonal o derechamente dejarlo a la ley”. Mientras, Carol Bown (Un Chile Unido) opina que “hay órganos que requieren celeridad para dar una respuesta efectiva, no pueden esperar una toma de decisiones colegiada".
Un crítico férreo a estas propuestas colegiadas ha sido Cristián Riego, académico de la U. Diego Portales, quien afirma que "la experiencia muestra que en ese tipo de consejos se tiende a instalar una lógica transaccional en la que se llega a acuerdos por medio de los cuales los representantes gremiales garantizan ciertas ventajas a los políticos en la protección de sus intereses y por otra, los políticos acceden a los intereses corporativos". Añade que estos "presentan un enorme peligro para el sistema de justicia en su conjunto. A ellos concurrirán por un lado representantes de los partidos políticos que muy probablemente tendrán interés en lograr influencia sobre los distintos órganos para los casos en que tengan intereses en juego, por ejemplo, casos de corrupción u otros vinculados a intereses de sus electores".
Pero las críticas a estos consejos superaban el mundo académico: el martes, funcionarios del
Ministerio Público afiliados a la CUT y la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) protestaron contra la propuesta.
Según la académica de la U. de los Andes, Marcela Peredo, son tres los factores que han incidido en el aumento de consejos: el tipo de Constitución que se propone, de detalle; el tipo de Estado descentralizado y el interés de crear instituciones que fiscalicen el cumplimiento de los derechos que se proponen. "El hecho de que la nueva Constitución sea un Estado regional influye en la creación de muchos consejos", explica.
Pero, esto, a juicio de Marisol Peña, "puede poner en jaque el principio de separación del Estado".
