Tras largas e intensas conversaciones en la comisión de Medio ambiente y después de una trasnochada votación, que se extendió hasta las 5 de la madrugada de este martes, los convencionales miembros de la instancia dieron forma a la propuesta de reemplazo de su segundo informe que el pleno había rechazado en general.
El nuevo documento, cuya reformulación se votará hoy, según lo previsto, contiene 33 artículos (19 menos que el rechazado), a lo largo de los cuales se abordan materias como estatutos del agua, minerales, territorio marítimo, glaciares, atmósfera, aire, entre otros, y temas como soberanía alimentaria y sistema económico.
Para
Eduardo Bitran, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Obras Públicas del primer gobierno de Michelle Bachelet, "desafortunadamente, esta comisión ha sido refractaria a las señales del pleno que le ha rechazado la mayoría de las iniciativas, en vez de acoger las objeciones del pleno en las revisiones ha radicalizado sus propuestas. Esta obstinación le hace un gran daño a la imagen del proceso de elaboración de la propuesta constitucional, la mayoría de la gente espera que se realice un esfuerzo de llegar a acuerdos y lo que han realizado es polarizar aún más la discusión".
Es que si bien la comisión propone nuevas redacciones para los artículos rechazados, varias de ellas mantienen la misma línea del informe que había sido rechazado.
Falta de acuerdos
En relación con el Estatuto de la Minería que se incluye en el informe, el convencional Claudio Gómez (Colectivo Socialista), quien se define como “ecoconstituyente” y aunque no es miembro de la comisión colaboró en la elaboración del texto, dice que si bien llegaron a acuerdos en los primeros artículos, no lo hicieron en los que hablan de la exploración y explotación minera.
"Llevamos dos propuestas al pleno del artículo 27 (A y B), las cuales sabemos que no alcanzarán los dos tercios y tendrán que volver a comisión", afirma.
Por un lado, está la propuesta A del artículo 27, elaborada por Chile Digno, representantes de pueblos originarios, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional, dice que "el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras". El artículo alternativo, impulsado por Gómez y elaborado por el Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales, plantea que si bien el Estado tiene el dominio de las sustancias no concesibles estratégicas este puede
asociarse con privados para explorar y explotar, y siempre manteniendo al menos un tercio de la propiedad.
En el caso del cobre, la propuesta del primer grupo dice que "el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado". Mientras, la del segundo, plantea que en las empresas que no son estratégicas (cobre, oro, etc.) "puede haber autorizaciones de uso para privados que serán temporales, renovables y entregadas por un órgano administrativo que será creado por la ley”, dice el artículo.
Gómez señala que "con la otra norma se nacionaliza el cobre, lo cual es complicado por el plebiscito de salida, por la apreciación externa y porque implicaría poner término a la actividad privada minera del cobre en Chile".
A juicio de Bitran, la comisión "debería comprender que la instancia de elaboración de un texto constitucional,
no es el ámbito adecuado para hacer planteamientos testimoniales que solo enrarecen la discusión. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, radicalizaron la primera propuesta rechazada al agregar a las actividades que se reservan al Estado a la minería del cobre. ¿Se entiende la implicancia de estatizar la minería del cobre? Hay requerimientos de inversión de US$ 70 mil millones para mantener la producción y reducir los impactos ambientales de la minería. ¿El Estado aportará estos recursos? Si el sector privado no tiene control de las empresas en que invierte, simplemente la inversión no ocurrirá. Un ejemplo es el caso del litio en Bolivia, en que a pesar de tener los recursos más abundantes, prácticamente no produce litio", puntualiza.
Autorización, no derechos
Dentro de los temas que han sido una bandera de lucha de los "ecoconstituyentes" está el agua. Al respecto, Carolina Vilches (Mov. Sociales Constituyentes) señala que "en materia hídrica se construyeron bastantes acuerdos, los que van desde el artículo que protege el agua y su ciclo hidrológico; la autorización de su uso basada en la disponibilidad efectiva y material del agua, y además, que ese permiso que se le otorga al privado debe ser utilizado para aquello que se le autorizó".
En el nuevo informe, la comisión nuevamente presenta normas que terminan con los derechos de agua que existen actualmente y establece autorizaciones de uso que "serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento".
La principal modificación sobre el punto, dice Vilches, es que redujeron los usos que se le pueden dar: "En la primera propuesta íbamos con cuatro usos del agua: uso tradicional indígena, soberanía alimentaria, los derechos humanos y de la naturaleza". Ahora, el informe señala que "el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos".
"Estamos contentos con este articulado, porque confiamos en que nunca más habrá, al mismo tiempo, paltos verdes y gente sin agua, ya que siempre prevalecerá el derecho humano y el equilibrio de los ecosistemas", señala Vilches, quien también se reconoce como “ecoconstituyente”.
"Constitución ecológica"
En relación con los artículos sobre el modelo económico, el también "ecoconstituyente" Fernando Salinas (Pueblo Constituyente) asegura que los artículos de la nueva propuesta van en la dirección de tener un sistema económico que haga posible una Constitución ecológica, pero no instalar un modelo específico.
"El corazón de la política económica está establecido en el artículo 32 del informe, que dice: 'El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria, y pluralismo económico… el Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular'", afirma Salinas. Añade que "para mí, el principio fundamental para lograr la Constitución ecológica es fomentar las economías locales, sobre todo en contexto de un Estado regional".
De los 14 artículos sobre este tema presentados en el primer informe quedaron fuera del segundo los referentes a que el Estado tiene la obligación de proveer bienes y servicios públicos universales y de calidad; la creación del Consejo de Planificación; el establecimiento de relaciones comerciales prioritarias locales y con países vecinos, entre otros.
Pero la comisión mantuvo en la nueva redacción los que determinan los objetivos económicos del Estado, la iniciativa pública del Estado en la actividad económica, el establecimiento del gasto público para satisfacer los derechos sociales, el de protección a las personas en las relaciones de consumo y uno que busca prevenir y sancionar abusos en los mercados.
