Este sábado, tras casi una semana de movilización, los camioneros paralizados en distintas rutas del país llegaron a un acuerdo con el Gobierno, quien se comprometió, entre muchas cosas, a
dotar de mayor presencia policial las rutas de la macrozona sur, un proyecto de reforma constitucional
que cree un Estado de Protección y una
pensión vitalicia al o la cónyugue del trabajador fallecido en un hecho violento.
Con el acuerdo, los transportistas volverán a habilitar las rutas bloqueadas, deponiendo así el paro.
"Este acuerdo nos sirve a todos, tanto a los camioneros como a los trabajadores forestales. Con esto se levanta la movilización y se despejen las carreteras", manifestó Heriberto López, dirigente de los trabajadores forestales adheridos al paro.
"Queremos valorar que se haya podido desarrollar un diálogo que haya terminado en un acuerdo. Con dirigentes que representan a trabajadores del transporte como también a trabajadores del área forestal", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El primer punto acordado entre ambas partes señala un aumento de las capacidades policiales para controles preventivos en las rutas, donde mediante 19 equipos blindados, Carabineros tendrá mayor dotación en los caminos. Se reforzará de siete móviles a doce en la provincia de Arauco y de siete a 17 en La Araucanía. "Estos controles serán notorios y visibles para mejorar las condiciones de seguridad", indica el documento.
El segundo punto estipula nuevo equipamiento para la seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía. El subsecretario del Interior firmó una resolución que permitirá la compra directa de 34 camionetas blindadas, que permitirán mayor control en las rutas, respuestas más rápidas y mayor cobertura en rutas secundarias.
Asimismo, se adquirirán drones de última tecnología con alcance de hasta 150 kilómetros. "Esto permitirá desarrollar vigilancia preventiva en todo el territorio, incluido aquellos donde hay trabajadores, desempeñándose en faenas forestales".
El tercer tema acordado propone un aumento de seguridad en la Ruta 5 sur y Ruta 160. Aquí, por orden del Presidente, el subsecretario de Obras Públicas impulsará una modificación a los contratos de las empresas concesionarias a objeto de imponer mejores condiciones de seguridad.
En el caso de la Ruta 5 sur se implementará 36 cámaras adicionales de vigilancia, entre los kilómetros 560 y 683; 24 cámaras térmicas, 43 lectores de patentes en los peajes troncales de la ruta e iluminación de 31 nuevas zonas, llegando a un total de 503 nuevas luminarias. Además, se implementarán cámaras de vigilancia e iluminación en los tramos Collipulli-Temuco y la instalación de 53 lectores de placa patente en las vías de peajes troncales y laterales de la principal ruta del país.
Mientras que en el caso de la ruta 160, en un plazo de 30 días, se establecerá la propuesta técnica y la cantidad de instalaciones de seguridad a implementar.
El cuarto punto acordado estipula un seguro complementario de carácter público. "En consideración al aumento de los costos de los seguros, se compromete en un plazo de 30 días a entregar una propuesta técnica que permita contar con un seguro público complementario para disminuir de manera significativa el pago de deducibles", subraya el texto.
El quinto punto firmado establece un plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural.
En detalle, se dispondrá de una garantía de atención psicológica, social y jurídica inmediata, instalando un equipo profesional presencial en el Biobío y Araucanía para la atención de víctimas. Además, se entregará un apoyo social inmediato para las y los trabajadores víctimas de violencia rural, como por ejemplo una tarjeta de alimentos de $250 mil pesos por tres meses, dos meses de pagos de deudas de servicio básico con un tope de $100 mil y la compra de medicina.
En caso de fallecimiento de un trabajador, la Subsecretaría del Interior se comprometió
a entregar una pensión de gracia de por vida, equivalente a dos ingresos mínimos, para la viuda. Mismo beneficio en caso de lesiones que produzcan invalidez parcial o total.
En materia legislativa, el acuerdo estipula que dentro de las dos semanas siguientes, el Gobierno tramitará en el Congreso Nacional una reforma constitucional para crear un Estado de Protección y resguardo de vías y rutas, con el fin de garantizar las seguridades y libre tránsito.
"Esto permitirá crear una nueva facultad para el Presidente de la República para lo cual se requiere una modificación al artículo 32 de la constitución y también una modificación al artículo 25", subrayó el subsecretario Manuel Monsalve.
Dado lo anterior, se fijará una reunión para el próximo 9 de mayo con los presidentes de la Cámara Baja y el Senado, para acordar la citación a comisión mixta "de manera de acordar en ese espacio legislativo la reforma indicada".
"Con esto, el Presidente podrá hacer uso de las Fuerzas Armadas para garantizar esa seguridad en las rutas de Chile. Esto nos parece una diferencia sustancial respecto a otros Estados de Excepción que hoy están en la Constitución", agregó Monsalve.
Por último, el séptimo punto señala medidas de fortalecimiento de la seguridad, donde Carabineros tomará medidas para el despeje de las rutas de manera inmediata.
Asimismo, el 9 de mayo, autoridades de Carabineros y de Gobierno, se reunirán con dirigentes de camiones para sostener un encuentro que acuerde el aumento y fortalecimiento de los puntos preventivos.
Fuera de acuerdo, el Gobierno se comprometió con los camioneros que no presentará querellas contra transportistas que bloquearon las rutas. Asimismo, acordaron levantar peajes durante cinco horas para permitir el despejes de las carreteras bloqueadas.
"Nosotros nos hemos comprometido, hoy hemos llegado a un acuerdo y ese acuerdo evidentemente no tenemos porque tomar acciones legales", zanjó Monsalve.
