Este sábado, el pleno de la Convención Constitucional despachó al borrador de nueva Constitución el artículo 22 del Estatuto de los Minerales, presentado por la Comisión de Medio Ambiente, que señala que "
el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas".
Con 121 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones, la iniciativa pasa a ser parte del proyecto de Carta Magna, que será votado el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida.
Asimismo, la instancia aprobó con
111 votos a favor, 24 en contra y 14 abstenciones, el artículo que indica que el "El Estado establecerá una
política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros".
En tanto, el pleno del órgano constituyente le dio el beneplácito a la norma que estipula que "el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine".
Lo anterior, fue despachado por
112 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones.
Por otro lado, la Convención Constitucional votó las normas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente que guardan relación con el Estatuto Constitucional de las aguas.
Allí, el pleno aprobó el Artículo 1 que establece: "El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza".
De igual modo, se entregó el visto bueno a la norma que dice que el "Estado velara por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas".
En esa línea, el proyecto de nueva Constitución incluirá el artículo que señala que será deber del Estado "asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables".
"Hay un cambio sustantivo en cómo se administra el agua"
Tras el fin de la sesión lo aprobado generó diversas reacciones. Los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente señalaron: "Hay un cambio sustantivo en la manera en que se administra el agua y su institucionalidad, además de un cambio en estatutos que son la base de los minerales", dijo el convencional, Juan José Martínez.
Asimismo, la presidenta de la Comisión que presentó el informe esta jornada, Camila Zárate, dijo: "Logramos establecer una administración concreta respecto del agua, para hacer frente a la situación de lo que hemos llamado los ecoconstituyente 'sequía y saqueo' en los territorios donde hay sobreexplotación de las aguas en las distintas cuencas"
En tanto, desde la derecha criticaron lo aprobado esta jornada: "Una vez más esta convención, particularmente en estas normas, se sigue alejando de lo que puede ser el desarrollo y crecimiento de nuestro país.
Tenemos un informe que termina siendo inconexo, teniendo normas absolutamente complejas de su aplicación, además de estatus equivocados como el agua", dijo el convencional,
Rodrigo Álvarez (UDI).
"Lamentamos este informe, hay varias normas que han vuelto a comisión donde esperamos una vez más que se entienda que hay que llegar a acuerdos", agregó.
Otra reacción provino desde el presidente de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, quien manifestó: "Nos parecía predecible que el pleno de la Convención aprobara en general el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, valoramos que los constituyentes hayan rechazado los artículos más radicales relacionados con la minería".
"Creemos que es positivo que la mencionada Comisión vuelva a revisar esos artículos que afectan enormemente a la minería y en plazo que resta a su revisión pueda llegar a un acuerdo racional y sensato por el bien de la principal industria productiva del país", añadió.
