La disposición transitoria que regularía el fin de las AFP será votada este martes en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, que tendrá que debatir y pronunciarse sobre todas las propuestas de normas que los convencionales ingresaron para generar la transición entre la actual y la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo en septiembre.
La norma en específico es de autoría de Aurora Delgado (Frente Amplio), integrante de la comisión, fue trabajada con Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y Chile Digno (PC, FRVS e independientes), y dice que "dentro del plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República someterá a tramitación legislativa todos los proyectos necesarios para adecuar la legislación vigente a los principios y normas establecidos en el artículo XX sobre Seguridad Social. Dichos proyectos tendrán tramitación preferente".
Además, esta establece que "transcurrido el plazo de un año, contado de la fecha de recepción,
la gestión que actualmente desarrollan las administradoras de fondos de pensiones será asumida por el organismo administrador del Sistema Público de Seguridad Social y si éste aún no se hubiere determinado, transitoriamente lo asumirá el Instituto de Previsión Social, bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Pensiones".
Durante este "periodo transitorio", el régimen de inversiones estará a cargo del Banco Central de Chile, "conforme a las normas que regulan el Fondo de Reserva de Pensiones creado en la ley 20.055".
El Banco Central podrá "aplicar provisionalmente la regulación prevista en el Decreto Ley 3,500 y sus modificaciones. Las administradoras de fondos de pensiones deberán efectuar los traspasos de información y de recursos, y títulos de inversión al organismo que se cree o al Instituto de Previsión Social", se lee en la norma.
En tanto, otra propuesta encabezada por el Frente Amplio establece que el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley para la creación del Sistema de Seguridad Social en un año desde la entrada en vigencia de la Constitución.
En ese marco, la convencional de Chile Libre, Rocío Cantuarias, propone que el Sistema de Seguridad Social público "no podrá obligar a los cotizantes respecto de sus ahorros previsionales a afiliarse a dicho sistema en un plazo inferior a los veinte años desde la entrada en vigencia de la Constitución". Y que una vez cumplido ese plazo, "los ahorros previsionales, presentes y futuros, serán siempre de propiedad del trabajador".
La comisión que abordará la restitución de tierras
En cuanto a la propiedad de tierras y territorios indígenas, los escaños reservados proponen una "Comisión Territorial Indígena" que empiece a funcionar en el plazo de seis meses desde entrada en vigencia la Constitución -prorrogable por seis meses más- con el objetivo de "desarrollar, impulsar y ejecutar una política de catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras a los pueblos y naciones indígenas".
El Mandatario deberá, a propuesta de la comisión, "establecer las distintas fuentes y registros que permitan dar fe de dicha ocupación o posesión tradicional".
Además, "aquellas tierras indígenas catastradas que estén en posesión del Fisco y sobre las que se acredite la ocupación, posesión o adquisición tradicional en conformidad a la política definida por la Comisión, serán transferidas y entregadas materialmente, a título gratuito, a los solicitantes
dentro del plazo de tres años contados desde la aprobación de dicha solicitud por el organismo establecido por la Comisión".
Sobre las tierras, territorios y recursos que estén en poder de terceros, "la Comisión propondrá mecanismos adecuados, pertinentes y oportunos para materializar la reparación o restitución, conforme a la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas ratificado y vigente".
Salud, educación, vivienda y derecho a la verdad
Pueblo Constituyente propone que en dos años desde entrada en vigencia la Constitución se dicte la ley que regule el Sistema Nacional de Salud, y una iniciativa encabezada por el Colectivo Socialista plantea que, en ese mismo plazo, el Mandatario deba presentar un proyecto de ley que tenga por objeto "definir los mecanismos y gradualidad de la mancomunación de fondos de cotizaciones obligatorias".
En ese punto, Cantuarias propone que esa ley que apunte a establecer las cotizaciones obligatorias de salud que se destinarán a aportar solidariamente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud público "no entrará en vigencia, sino hasta, a lo menos, veinticinco años después de la publicación de esta Constitución".
Sobre educación, la convencional de Frente Amplio
Tatiana Urrutia encabeza una propuesta en la que establece que el Presidente deberá ingresar un proyecto de ley que cree el Sistema Nacional de Educación en el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de la Carta Magna.
En cuanto al "derecho a la verdad, reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto", el convencional Roberto Celedón (Chile Digno) propone el levantamiento del embargo de 50 años de documentos, testimonios y antecedentes aportados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, aunque "se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información", se lee en la norma.
Finalmente, en el punto que regulará la entrada en vigencia del nuevo derecho a la vivienda, la Coordinadora Plurinacional y Popular propone, sin un plazo específico, que se cree una "Comisión de Vivienda y Territorio" integrada por el Ejecutivo, el Legislativo y representantes de comités, cooperativas y movimientos por la vivienda, que tendrá como objeto implementar un plan de regularización y radicación de campamentos y tomas, "período durante el cual no podrá procederse al desalojo total y parcial de estos terrenos".
Para que todas estas normas lleguen al borrador de nueva Constitución, primero deben aprobarse en general en las comisiones respectivas. Luego, todo lo visado llegará a la Comisión de Normas Transitorias, que hará una propuesta final al pleno. Ahí, todo lo que alcance 2/3 se incluirá en el proyecto de Carta Magna.
