Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades.
Además, se solicitó conocer las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días.
"La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público"
Francisco Leturia
El titular del CPLT, Francisco Leturia, calificó de "grave" el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. "Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar", dijo.
"La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público", agregó.
Además, comentó que "cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie". "No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra, no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna", acotó.
Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, "más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear".
Según detallaron en el CPLT, las instituciones mantienen esta información bajo reserva aludiendo una norma del Código de Justicia Militar, el código 436. Al respecto, Leturia recalcó que "desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue".
