El alcalde de Rancagua, Juan Godoy Muñoz (PS) presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de la ciudad en contra de los responsables de "distintos actos vandálicos que han afectados a dependencias municipales", acusando la existencia de un grupo organizado dedicado a realizar "graves delitos sobre bienes de la comuna".
En concreto, la acción legal patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, plantea que se busca condenar "a todos quienes hayan obrado y obran como autores directos, instigadores, cooperadores; cómplices y encubridores de los ilícitos cometidos, y como partícipes, financistas, receptadores y/o controladores encubiertos y/o expresos de la organización o agrupación criminal que se ha dicho".
En la querella se relata que "desde el 09 de febrero de 2022 a la fecha se han causado cuantiosos daños y estragos en diferentes lugares de la ciudad de Rancagua, acciones todas que tienen como elemento tipificador común el que afectan a bienes municipales de gran valor, cumplen una relevante función social y todas son obras de relevancia comunitaria, además de tener un alto valor económico".
En ese sentido, en el recurso se acusa que "se trata de acciones acometidas y de las consecuencias causadas por un grupo vandálico presumiblemente concertado, organizado o al menos agrupado, y que opera en sectores definidos, bajo lineamentos ilícitos comunes y similares patrones de conducta, aunque sean temporales y aun cuando asuman funciones fungibles, que comete graves delitos sobre bienes de la comuna, destinados a sabotearlos y así afectar a la comunidad toda, por medio de causar daños y estragos en el patrimonio municipal que sirve todas y todos las vecinas y vecinos de la ciudad".
Ilícitos
Con respecto a estos "graves delitos sobre bienes de la comuna" denunciados, en la querella se menciona, por ejemplo, lo ocurrido en el Parque Cordillera, en que los daños se calcularon por sobre los 10 millones de pesos, según lo establecido por la administración.
Acorde con el municipio, este ilícito consistió en "el corte, destrucción y robo de todo o parte de cableado eléctrico, tapas de cubierta e instalaciones de este parque, para lo cual se arrancaron las protecciones, se inutilizaron las partes y piezas de los sistemas eléctricos y electrónicos, sustrayendo otras, usando de fuerza en las cosas y de piedras y elementos cortantes para dañar y apoderarse de los efectos de la destrucción".
Asimismo, una segunda acción apunta a distintos daños al alambrado público. En este sentido, se cita el "Informe de Vandalización de Infraestructura Pública de Alumbrado en la Ciudad de Rancagua 2022", en que "es posible establecer que durante los últimos meses de 2022 la infraestructura pública correspondiente al área del alumbrado público en la ciudad de Rancagua ha sufrido distintas alteraciones a su funcionamiento normal, debido a la intervención de terceros".
Dentro de este ilícito, la querella relata que "algunos antecedentes para considerar son la intervención de ECAP (equipos de control de alumbrado público) y cajas de empalme (medidor eléctrico), las cuales son abiertas cortando los candados de seguridad, posteriormente operan manualmente las protecciones eléctricas, desactivando el circuito de alumbrado (…) La intención y acción era el sabotaje público a través de causar daños y estragos".
De igual manera, en la acción judicial también se relata que si bien han realizado trabajos de mantención para arreglar estas situaciones, estas se vuelven a presentar. Además, se dan cuenta de cortes de cableado en dos poblaciones vecinas, con pocos minutos de diferencia entre cada una de las acciones.
A modo de conclusión, la querella establece que "obviamente es una horda, pequeña o extensa, de malhechores, delincuentes avezados, que actúan con un patrón, y que atacan objetos específicos, todo lo cual permite deducir que saben a la perfección dónde y por qué atacar, que cuenta con información precisa y útil para sus fechorías, y que actúan en concierto. También es posible inferir que no están solos".
Entre las diligencias solicitadas, se encuentra que se tome declaración al alcalde Godoy, en calidad de víctimas de estos hechos, así como despachar orden de investigar a la PDI.
