La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM) -integrada por confederaciones silvoagropecuarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay-
expresó su preocupación por lo que calificó como "graves incidentes de violencia de carácter terrorista que se viven en las regiones del Biobío y La Araucanía, en Chile". Según la agrupación,
los "ataques" comprometen "el desarrollo económico y social de nuestros países, al generar un clima desfavorable a las inversiones, a la producción y la generación de empleo". Asimismo, sobre la aprobación de los artículos 20 y 21 del borrador de la nueva Constitución, la FARM enfatizó que "
la propiedad privada es un derecho consagrado en nuestras constituciones y en el orden jurídico internacional, y compone el cimiento del Estado de Derecho y el sano funcionamiento de la democracia en los países de la región", por lo que
exhortan a los poderes del Estado "a resguardar y garantizar la seguridad jurídica y así brindar paz y confianza".
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