Una larga jornada de reuniones encabezó ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a su par de la Segrpres, Giorgio Jackson, con el objetivo de intentar cuadrar el apoyo de los parlamentarios oficialistas a la propuesta del Gobierno de crear un nuevo estado de excepción intermedio para resguardar las rutas en la macrozona sur.
Primero, la jefa de gabinete sostuvo un encuentro con el PS, quienes entregaron su respaldo. Luego, Jackson dialogó con los jefes de bancada de Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, y por la tarde, ambos recibieron a los legisladores del PC y el FA, en donde aún persisten las dudas respecto a la iniciativa.
En esas citas, los parlamentarios que aún mantienen su rechazo a la idea de que las FF.AA. puedan colaborar en mantener el orden en las carreteras expusieron sus aprensiones. La principal es conocer
los límites que pondrá el Ejecutivo al accionar de los efectivos militares, tanto en la práctica como en sus eventuales responsabilidades.
En donde existe mayor reticencia es entre los comunistas, cuyo comité central se reunirá mañana para definir una postura al respecto. En su bancada, los que se oponen a que las FF.AA. asuman tareas de control civil son mayoría, aunque igual hay algunos miembros que están abiertos a discutir cambios con La Moneda.
Ayer, la jefa de bancada del PC, Karol Cariola, comentó que "hemos manifestado nuestras preocupaciones respecto del rol que puedan llegar a tener las FF.AA. en torno a la seguridad pública. Es una discusión que ya hemos dado, porque las FF.AA. no tienen todas las herramientas para hacerse cargo de la seguridad pública".
"Nosotros no tenemos una reticencia, lo que estamos haciendo como PC es contribuir a encontrar una solución", añadió, junto con recalcar que "nuestra voluntad hasta ahora ha sido contribuir y ayudar a mejorar las propuestas que el Gobierno está elaborando, no nos hemos cerrado a ninguna posibilidad hasta ahora".
Una situación similar es la que se observa al interior del Frente Amplio, en donde si bien existe una mayor apertura que en el PC a respaldar la propuesta, también hay diputados que expusieron su rechazo a insistir en solicitar colaboración a las fuerzas militares, sobre todo
por el costo político que ello puede conllevar para el oficialismo.
Tras la reunión con Siches y Jackson, el jefe de la bancada de diputados del bloque, Gonzalo Winter (CS), explicó que "todavía no hay una propuesta concreta sobre la mesa, por lo tanto, en el momento en que la haya en el buzón de la Cámara de Diputados la vamos a comentar acuciosamente, punto por punto y coma por coma".
"Más que conocer algunos aspectos, hemos conversado de estrategias en general para enfrentar estos asuntos", agregó, junto con recalcar que "la verdad es que evaluamos un montón de escenarios, de estrategias, de asuntos, y sobre la posibilidad de aquel proyecto de ley es algo que se irá viendo en el transcurso de los días".
Sin embargo, tras el encuentro realizado en el Palacio de La Moneda, varios parlamentarios reafirmaron en privado sus cuestionamientos a la medida, sobre todo por la señal que se entregaría a la ciudadanía respecto a la importancia del diálogo para resolver el conflicto mapuche al permitir un regreso de las FF.AA. a esa zona.
Detalle de las dudas
En definitiva, entre los diputados y senadores de Apruebo Dignidad existe coincidencia en al menos cuatro puntos que generan rechazo. Según explicaron a Emol desde la coalición, el principal punto es la posibilidad de establecer de forma más clara la efectividad del control civil sobre las operaciones militares en la macrozona sur.
Es decir, que el Gobierno asegure explícitamente que las fuerzas armadas se deben cuadrar de forma efectiva con lo que se señala o instruye desde la autoridad civil. Entre los legisladores, existe preocupación ante la posibilidad de que, de aprobarse la medida, los militares adopten decisiones autónomas que impliquen bajas.
"El objetivo es prevenir enfrentamientos", aseguran, junto con reiterar su rechazo al uso militar para tareas policiales. "No nos gusta que en democracia las fuerzas armadas se involucren en asuntos de orden público", han dicho en distintas instancias, apuntando a que
las FF.AA. no están entrenadas para esas tareas.
A juicio de algunos parlamentarios, involucrar a los militares esconde la "incapacidad" de las policías para abordar la crisis de seguridad. No obstante, de prosperar el estado intermedio, plantean la necesidad de que se acoten las funciones militares y que se entienda que no puede ser un modo permanente de manejar la situación.
El otro cuestionamiento que fue planteado ayer en La Moneda fue la posibilidad de que de aprobarse el estado intermedio se produzca "un retroceso en el proceso de diálogo" que el Presidente Gabriel Boric busca abrir con las comunidades indígenas, además de representar una señal que contradice la postura histórica del bloque en esta materia.
Al respecto, la diputada de RD, Catalina Pérez, comentó a este medio que "hemos manifestado nuestras aprensiones al Gobierno relativas al uso militar para control del orden público, la importancia de mantener el camino del dialogo y reforzar medidas integrales para avanzar en la resolución del conflicto".
En esa línea, recalcó que en el FA esperan que se siga avanzando en temas "como el
aumento de presupuesto para compra de tierras que ya anunció el Presidente Boric, o la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Es un asunto complejo que va a requerir de dialogo continuo entre las bancadas y el Ejecutivo".
Una mirada similar planteó Cariola, quien manifestó que "nosotros le hemos dicho al Gobierno de manera insistente que es necesario acelerar la agenda y las medidas que se puedan tomar para abordar de manera conjunta el problema que se da hoy en la macrozona sur, particularmente en la zona de La Araucanía".
"Esto tiene que ser acompañado, todas las medidas que aquí se tomen con decisiones que el pueblo mapuche ha venido demandando por años, que es la restitución de tierras, la posibilidad de que vivan en paz en sus comunidades y que es la desmilitarización precisamente del Wallmapu", agregó.
En tanto, la diputada Maite Orsini (RD), aseguró que "lo que necesitamos para enfrentar esta crisis de seguridad a consecuencia de años de políticas ineficientes para enfrentarla es un dialogo amplio, transversal, que nos permita construir un acuerdo nacional por la seguridad con estrategias nuevas, con nuevas recetas".
