En medio de lo que fue la firma del convenio entre las policías y el Ministerio Público para coordinar acciones investigativas para el control de armas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al llamado realizado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a "organizar la resistencia armada" y aseguró que no existirá un diálogo con aquellos que usen la violencia como vía reivindicatoria.
"En qué se enmarca la reunión con los fiscales, en que no podemos aceptar las amenazas que han venido, por ejemplo, de las declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco, que ha hecho un llamado que rechazamos tajantemente. En democracia, no se puede hacer un llamado a usar las armas para resolver los problemas políticas, por muy justas que sean las demandas", sostuvo la autoridad de Gobierno.
En esa línea, el subsecretario insistió en que el llamado realizado por la CAM no se justifica en pos de reivindicar sus demandas, pues apeló a que "no se puede considerar un acto legítimo hacer uso de armas de fuego que, por ejemplo anoche, en el marco de lo que ocurrió en Quidico terminan con una niña de 15 años lesionada, ¿dónde está el acto que justifica que un menor de edad sea herido por un arma de fuego? Reiteramos nuestro total rechazo".
"Esta línea la marcó el Presidente desde un inicio (...) el Presidente ha dicho que se dialoga con quienes quieren alcanzar la paz, y por lo tanto, cualquier organización que llama al levantamiento armado es claro y evidente que no quiere alcanzar la paz. Nosotros vamos a dialogar con aquellos que quienes alcanzar un acuerdo en el marco político dentro de un Estado democrático", acotó.
En ese sentido, en medio de lo que fue su reunión con los fiscales para coordinar mayores medidas que permitan el control de las armas en la zona, Monsalve reconoció que "estamos frente a un conflicto que está presente en la sociedad chilena desde hace muchas décadas. El Gobierno lo ha dicho y lo reiteramos, estamos frente al problema político histórico más grave que vive la sociedad chilena".
Por ello, y ante el aumento de los hechos de violencia en la macrozona sur, la autoridad de Gobierno reiteró que el Estado no abandonará las regiones afectadas por el crimen organizado, por lo que aseguró que "el Estado tiene que estar presente para enfrentar los problemas de seguridad, pero también para garantizar inversión pública que mejore la calidad de vida de las personas y también para dialogar y buscar acuerdos políticos que den soluciones de fondo a este problema político histórico".
Estados intermedios
Por todo lo anterior, en su visita a la Región del Biobío, el subsecretario Manuel Monsalve defendió la necesidad de lograr un acuerdo transversal para aprobar en el Congreso las indicaciones que permitirían aplicar un estado intermedio en la macrozona sur; y respondió a aquellos que insisten en el uso de las policías.
"No podemos aceptar las amenazas que han venido, por ejemplo, de las declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco, que ha hecho un llamado que rechazamos tajantemente. En democracia, no se puede hacer un llamado a usar las armas para resolver los problemas políticas, por muy justas que sean las demandas".
Subsecretario Manuel Monsalve
"Quiero explicar por qué es tan importante dotar al Gobierno con este estado de excepción, porque algunos no lo comprenden, unos dicen 'usen a las policías para combatir los hechos delictuales'. El problema que tenemos hoy día es que, en la zona de la que estamos hablando para actuar, se requieren de vehículos blindados, se requiere de que quienes actúen tengan además equipamiento personal blindado", sostuvo la autoridad.
Y agregó que: "Esa es la gran diferencia con respecto a otros hechos delictuales que han ocurrido en otros lugares de Chile. No es posible llevar adelante tareas preventivas y tareas de control policial sin equipamiento blindado".
En ese sentido, Monsalve aclaró que "el Gobierno ha planteado un estado de excepción adicional, nuevo, en el artículo 45 de la Constitución que es donde se regulan los estado de excepción con algunas diferencias: una de las diferencias es la autoridad civil; y otra de las diferencias que nos parece muy importante tiene que ver con que no se permitiría limitar derechos fundamentales, como el derecho a la reunión o al libre tránsito".
"Lo que el Gobierno está planteando es dotar al Gobierno para tener las capacidades de proteger la seguridad y la vida de las personas, en lo que se ha denominado vía esencial. Y poder liberar capacidades esenciales para proteger la seguridad de los chilenos en sectores rurales y urbanos (...) el Gobierno tiene la obligación de tomar decisiones para garantizar esa seguridad. El debate es legítimo, pero el Gobierno ha desplegado toda su capacidad política para lograr un acuerdo político amplio", concluyó.
