"Existen los presos políticos sin duda", dijo este domingo la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, al momento de referirse a la situación de algunas personas mapuche que están recluidas por distintos delitos, reabriendo el debate que existe al interior del gobierno respecto a la presencia o no de reos “de conciencia”.
En la entrevista que otorgó al programa Tolerancia Cero, la secretaria de Estado aseguró que "la realidad es la realidad. Tenemos presos políticos, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos", reabriendo una polémica que ha sido recurrente para el Gobierno.
Sin ir más allá, una semana antes, la ministra de Justicia,
Marcela Ríos, también abordó el tema, esta vez evitando calificar como un reo común al machi Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. En ambos casos, las dos secretarias de Estado tuvieron que retractarse.
En el caso de Vega, la corrección fue enfática, ya que tanto el Presidente Gabriel Boric, como el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Pablo Paredes, habrían reconvenido a la titular de Desarrollo Social, obligándola a rectificar inmediatamente sus dichos a través de redes sociales, según publicó La Tercera.
Así fue como instantes después de su participación en el espacio televisivo tuvo que emitir un mensaje en Twitter para clarificar la postura oficial del Ejecutivo en la materia. “Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas”, dijo.
"En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el mal entendido", escribió la militante PPD, reconociendo no haber seguido el instructivo que generó la Secom para los ministros, en el cual se les señaló que al momento de ser consultados sobre el tema, debían responder que en Chile no hay presos de conciencia.
La reacción del Ejecutivo incluyó un reforzamiento de ese concepto por parte de la vocera de La Moneda,
Camila Vallejo, quien señaló ayer que "nosotros no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que fueron detenidos en contextos de alta conflictividad política y social".
"Eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática, pero no tenemos presos de conciencia", agregó, junto con recordar que el Gobierno está tratando de resolver "la injustica que se produce y el impacto que tiene en cuanto a los derechos de las personas la extensión de la medida cautelar de la prisión preventiva".
En esa línea, Vallejo indicó que "nosotros podemos respetar la opinión en torno al calificativo o no de un grupo de personas que está privada de libertad, pero le corresponde a los tribunales de justicia la calificación de estos delitos (...) la ministra precisó, rectificó y esa es la posición que tiene el Gobierno y la posición oficial".
"Lo que tenemos en Chile y lo que ha sucedido en nuestro país es que en el contexto de la revuelta social se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo por delitos que se les han imputado y que algunos no se han comprobado", añadió.
Otras intervenciones
Dicho documento habría sido distribuido la semana pasada luego del debate que abrió Ríos tras su entrevista en El Mercurio. En esa oportunidad, la secretaria de Estado aclaró sus dichos en la comisión de Constitución del Senado, asegurando que Córdova "se trata de un preso común, condenado por un homicidio".
En ambos casos, tanto en el de la titular de Justicia con en el de Vega, el Gobierno reaccionó rápidamente, al considerar que sus declaraciones afectaban los intentos por construir un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, pacto que fue solicitado por el propio Presidente Boric ante la crisis que se vive en el país en esa materia.
La fórmula para abordar las críticas hacia el concepto cambió respecto a lo ocurrido al inicio de su administración, cuando la ministra del Interior,
Izkia Siches, abrió el flanco cuando apenas había transcurrido menos de una semana de gestión, durante su frustrada visita a la comunidad de Temucuicui en La Araucanía.
En esa oportunidad, tras sufrir una emboscada en la que se dejaron mensajes que abogaban por la libertad de "presos políticos" mapuche, la jefa de gabinete indicó que "aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuche, están muy equivocados".
"Lo único que nos hacen es retroceder y nos hacen mucho más difícil avanzar en cualquier tipo de reivindicación. Me parece que es muy poco estratégico y espero que aquellos grupos de hoy día que creen que vinimos con más de lo mismo a este territorio, los quiero invitar a que conozcan nuestra propuesta", dijo.
En esa ocasión, la rectificación corrió por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien sostuvo que las personas mapuche que se encuentran en reclusión "están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos".
Otra mirada aportó Vallejo, al señalar que "respecto al sistema judicial, ese calificativo no aplica, pero desde el punto de vista político tenemos un problema que es mucho más complejo", mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo en el pasado hubo “persecuciones y muchas veces prisión política".
